Este jueves intervine en nombre del GPP en el trámite final del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de ordenación del comercio minorista que viene a transponer la Directiva de Servicios a nuestro ordenamiento.
Comencé mi intervención diciendo que el proceso de esta reforma legal viene de largo y que el ministro Sebastián quiso convertirse en el abanderado de la transposición, pero su texto inicial se encontró con la oposición de las Comunidades Autónomas más restrictivas en complicidad con la Sra. De la Vega y así fue paralizado en diciembre de ese año 2008.
Se salieron con la suya y pasados seis meses, el citado ministro presentó un proyecto muy poco comprometido, que fue finalmente aprobado el 10 de julio de 2009 por el Consejo de Ministros y teóricamente con la finalidad de servir de texto de referencia a las legislaciones de las Comunidades Autónomas.
Pero estamos a 18 de febrero de 2010 y al menos once de estas Comunidades ya se han adelantado al Gobierno central en la transposición de la Directiva Europea de Servicios autorregulándose al margen de una ley estatal, con interpretaciones diferentes de la conocida como directiva Bolkestein.
Los socialistas llevan pues mes y medio de retraso sobre la fecha exigida por Bruselas. Han incumplido los plazos.
Manifesté que la ley de ordenación del comercio minorista es una “dramática oportunidad perdida, rodeada de un cinismo especialmente perjudicial para el sector comercial y la economía de nuestro país”.
Dije que una vez más, el Ejecutivo se ha plegado a los intereses de las minorías nacionalistas a la hora de aprobar una ley de mínimos que ordene razonablemente a nivel estatal un sector que representa al 10% del PIB y da empleo al 14% de la población activa.
Asimismo, consideré que con este Proyecto de Ley nos espera un futuro de conflictividad y de inseguridad jurídica para el comercio. En este sentido, expliqué entre otras cosas que después del trámite del Senado el texto incorpora razones “imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial que no están previstas por la Directiva, los Tratados y la jurisprudencia comunitaria”.
Critiqué también que la ley contiene un severo endurecimiento del régimen sancionador porque introduce el arbitrario y peligroso criterio de capacidad económica de la empresa infractora en la graduación de las sanciones que resulta contrario a los principios del derecho sancionador.
FRENO A LA INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO
En otro momento de mi intervención, afirmé que el Proyecto supone un “freno a la inversión y creación de empleo”. Así, expliqué que, en un momento de recesión económica y con un texto que no evita el conflicto sino que lo propicia, las empresas se están cuestionando sus planes de inversión, lo que resulta preocupante teniendo en cuenta que las empresas comerciales aportan una parte muy importante del empleo en nuestro país.
Recordé que el Gobierno, es el primer responsable de la triste situación del comercio minorista (en 2009 el comercio al por menor cayó un 5,2 % y la ocupación en un 4 %), y no sólo no rectifica sino que aprueba una subida del tipo general del IVA de dos puntos y del reducido en un punto, que es la peor noticia que se le podía dar al comercio.
Además, aseguré que con esa subida se penaliza el consumo y se incrementan los gastos a las empresas. En este sentido, acusé al Gobierno de consagrar el caos normativo en el sector y de hacer justo lo contrario de lo que necesitamos en tiempos de crisis.
Afirmé también que, como siempre, ante las dificultades, el Gobierno de Zapatero y Sebastián se quita del medio y renuncia al ejercicio de las competencias constitucionales del Estado para fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica manteniendo los costes de regulación y perjudicando la unidad de mercado.
Señalé, que el Gobierno no ha querido fijar unos mínimos comunes que garanticen de forma efectiva el principio de unidad de mercado, la libertad de empresa, la libre circulación de bienes, la libertad de establecimiento comercial que aseguren que la Directiva se cumple y que eviten, en el futuro, conflictividad, inseguridad y, sobre todo, incertidumbre para los operadores.
En opinión, estamos ante un Gobierno acomplejado y débil, que se desentiende del sector y que opta por dejar manga ancha a las Comunidades para que reinterpreten los regímenes de autorización especial.
FRACASO DE ZAPATERO Y SEBASTIÁN
Dije también que con esta ley, tanto el presidente Zapatero como el ministro Sebastián “han acreditado que en el sector comercial la economía no importa, que lo importante es la política”. “Es responsable el ministro Sebastián por falta de liderazgo y de firmeza demostrando su ineficacia y su falta de sentido de Estado”.
Asimismo, rechacé que los socialistas “presuman de consenso” y afirmé que la palabra “consenso” sólo la utilizan “con la finalidad de mero marketing político”. Así, recordé que el texto ha llegado del Senado sin admitir una sola de las quince enmiendas que presentó el Grupo Popular y que los socialistas desecharon abiertamente el ofrecimiento de colaboración de los populares.
En este sentido, recordé las palabras de ayer de Zapatero planteando la designación de una Comisión para tratar de dialogar con los Grupos, entre otros temas, sobre “medidas para mejorar la competitividad de la economía española y para fomentar la creación de empleo”. “¡Qué sarcasmo!, cuando en esta ley, que es una de las más importantes de la legislatura, el esfuerzo por el diálogo con el PP ha sido mínimo y jamás se ha procurado el consenso”, aseveré.
Por último, subrayé que esta ley es “un paso atrás, porque dar un paso adelante le ha resultado mucho más difícil al Gobierno que haber logrado una importante mayoría parlamentaria que la apruebe”.
Comencé mi intervención diciendo que el proceso de esta reforma legal viene de largo y que el ministro Sebastián quiso convertirse en el abanderado de la transposición, pero su texto inicial se encontró con la oposición de las Comunidades Autónomas más restrictivas en complicidad con la Sra. De la Vega y así fue paralizado en diciembre de ese año 2008.
Se salieron con la suya y pasados seis meses, el citado ministro presentó un proyecto muy poco comprometido, que fue finalmente aprobado el 10 de julio de 2009 por el Consejo de Ministros y teóricamente con la finalidad de servir de texto de referencia a las legislaciones de las Comunidades Autónomas.
Pero estamos a 18 de febrero de 2010 y al menos once de estas Comunidades ya se han adelantado al Gobierno central en la transposición de la Directiva Europea de Servicios autorregulándose al margen de una ley estatal, con interpretaciones diferentes de la conocida como directiva Bolkestein.
Los socialistas llevan pues mes y medio de retraso sobre la fecha exigida por Bruselas. Han incumplido los plazos.
Manifesté que la ley de ordenación del comercio minorista es una “dramática oportunidad perdida, rodeada de un cinismo especialmente perjudicial para el sector comercial y la economía de nuestro país”.
Dije que una vez más, el Ejecutivo se ha plegado a los intereses de las minorías nacionalistas a la hora de aprobar una ley de mínimos que ordene razonablemente a nivel estatal un sector que representa al 10% del PIB y da empleo al 14% de la población activa.
Asimismo, consideré que con este Proyecto de Ley nos espera un futuro de conflictividad y de inseguridad jurídica para el comercio. En este sentido, expliqué entre otras cosas que después del trámite del Senado el texto incorpora razones “imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial que no están previstas por la Directiva, los Tratados y la jurisprudencia comunitaria”.
Critiqué también que la ley contiene un severo endurecimiento del régimen sancionador porque introduce el arbitrario y peligroso criterio de capacidad económica de la empresa infractora en la graduación de las sanciones que resulta contrario a los principios del derecho sancionador.
FRENO A LA INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO
En otro momento de mi intervención, afirmé que el Proyecto supone un “freno a la inversión y creación de empleo”. Así, expliqué que, en un momento de recesión económica y con un texto que no evita el conflicto sino que lo propicia, las empresas se están cuestionando sus planes de inversión, lo que resulta preocupante teniendo en cuenta que las empresas comerciales aportan una parte muy importante del empleo en nuestro país.
Recordé que el Gobierno, es el primer responsable de la triste situación del comercio minorista (en 2009 el comercio al por menor cayó un 5,2 % y la ocupación en un 4 %), y no sólo no rectifica sino que aprueba una subida del tipo general del IVA de dos puntos y del reducido en un punto, que es la peor noticia que se le podía dar al comercio.
Además, aseguré que con esa subida se penaliza el consumo y se incrementan los gastos a las empresas. En este sentido, acusé al Gobierno de consagrar el caos normativo en el sector y de hacer justo lo contrario de lo que necesitamos en tiempos de crisis.
Afirmé también que, como siempre, ante las dificultades, el Gobierno de Zapatero y Sebastián se quita del medio y renuncia al ejercicio de las competencias constitucionales del Estado para fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica manteniendo los costes de regulación y perjudicando la unidad de mercado.
Señalé, que el Gobierno no ha querido fijar unos mínimos comunes que garanticen de forma efectiva el principio de unidad de mercado, la libertad de empresa, la libre circulación de bienes, la libertad de establecimiento comercial que aseguren que la Directiva se cumple y que eviten, en el futuro, conflictividad, inseguridad y, sobre todo, incertidumbre para los operadores.
En opinión, estamos ante un Gobierno acomplejado y débil, que se desentiende del sector y que opta por dejar manga ancha a las Comunidades para que reinterpreten los regímenes de autorización especial.
FRACASO DE ZAPATERO Y SEBASTIÁN
Dije también que con esta ley, tanto el presidente Zapatero como el ministro Sebastián “han acreditado que en el sector comercial la economía no importa, que lo importante es la política”. “Es responsable el ministro Sebastián por falta de liderazgo y de firmeza demostrando su ineficacia y su falta de sentido de Estado”.
Asimismo, rechacé que los socialistas “presuman de consenso” y afirmé que la palabra “consenso” sólo la utilizan “con la finalidad de mero marketing político”. Así, recordé que el texto ha llegado del Senado sin admitir una sola de las quince enmiendas que presentó el Grupo Popular y que los socialistas desecharon abiertamente el ofrecimiento de colaboración de los populares.
En este sentido, recordé las palabras de ayer de Zapatero planteando la designación de una Comisión para tratar de dialogar con los Grupos, entre otros temas, sobre “medidas para mejorar la competitividad de la economía española y para fomentar la creación de empleo”. “¡Qué sarcasmo!, cuando en esta ley, que es una de las más importantes de la legislatura, el esfuerzo por el diálogo con el PP ha sido mínimo y jamás se ha procurado el consenso”, aseveré.
Por último, subrayé que esta ley es “un paso atrás, porque dar un paso adelante le ha resultado mucho más difícil al Gobierno que haber logrado una importante mayoría parlamentaria que la apruebe”.
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_ley_comercio_zapatero-55495-1.html http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h3VIJjxtjXjrbZ2ChTMcXf7y6Ftg
(Desde el minuto 02:38:00 al 02:48:20)
