Ayer nuestro Grupo Parlamentario por mediación de su portavoz Tomás Burgos defendió una Moción consecuencia de la Interpelación Urgente al Gobierno, sobre la falta de compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
En la exposición de motivos de la Moción se decía que:
La decisión de proceder, mediante disposición legal, a establecer la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC nació, por una parte de la voluntad de proceder a evitar decisiones discrecionales, arbitrarias y electoralistas en relación con las pensiones, y por otra parte la conveniencia de proteger a los pensionistas en épocas de coyuntura económica adversa.
Y es ese espíritu en el que se incorporó al Pacto de Toledo de 1995 en su Recomendación Undécima "Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", que sostenía la necesidad de "garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar a la aplicada en el presente año."
Fue voluntad unánime de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara recoger, entre las Recomendaciones del Pacto de Toledo, que aquellos que habían contribuido a lo largo de su vida al sistema de la Seguridad Social, no se vieran afectados por las posibles variaciones de los ciclos económicos, asegurando de este modo que su poder adquisitivo no se viera negativamente comprometido.
Así se reafirmó en 2003 cuando se suscribió por la inmensa mayoría de la Cámara la renovación de ese Pacto de Toledo, incorporando en su Recomendación Segunda una expresa declaración de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Se estableció que ello debía ser preservado mediante la adopción de medidas que garantizaran el equilibrio del Sistema en el futuro, y la consolidación con carácter permanente de las posibles ganancias de poder adquisitivo ante desviaciones de precios favorables a los pensionistas (como ya ocurrió en el pasado, y en el caso del último año 2009).
El cumplimiento de esta Recomendación nunca fue puesto en cuestión en el pasado. No obstante, el Gobierno pretende hacer recaer sobre los pensionistas - uno de los colectivos más castigados por la crisis y con unos recursos económicos escasos- el coste de sus decisiones económicas que han llevado el déficit público al 11,2%, el nivel más alto de toda la historia, y en base al que se plantea la necesidad de un durísimo ajuste. La decisión unilateral del Gobierno acaba con 15 años de consenso y abre la puerta, de nuevo, a decisiones discrecionales sobre las pensiones.
Y expuesto todo lo anterior propusimos la siguiente Moción:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda al cumplimiento de la Recomendación Undécima del Pacto de Toledo de 1995, actualizada por la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo de 2003, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones frente a coyunturas económicas adversas y mediante la revalorización automática y con carácter anual de todas las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, conforme a la evolución anual del IPC".
Antes de la votación, nuestro portavoz apeló a los grupos parlamentarios para defender los principios del Pacto de Toledo y exigir su cumplimiento, alegando que es una conquista de todos, es patrimonio social de todos los españoles y una seña de identidad de nuestro sistema de protección social.
Afirmó que el recorte anunciado es una injusticia y una arbitrariedad para millones de pensionistas, víctimas sociales de un Gobierno que no mantiene ni coherencia ni planificación alguna en sus decisiones, un Gobierno que en sí mismo es el mayor factor de desestabilización y desconfianza que tenemos en la España de hoy en día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 176; en contra, 164; abstenciones, una.
¿Tomará nota el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero?
