Ayer tuvo lugar un debate de una proposición no de ley en la Comisión de Industria del Congreso que propuso el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución.
Intervine en nombre del Grupo Parlamentario Popular y defendí una enmienda de sustitución a esa iniciativa que abordaba un tema de interés, pero que no lo hacía, de una manera adecuada, ni en la exposición de motivos ni en la parte dispositiva.
Esta fue mi intervención literal: “ Desde el punto de vista económico, la proposición no de ley resulta contradictoria cuando afirma que la distribución se comporta en la práctica como un mercado oligopolístico donde la rivalidad es muy extensa y obliga a los competidores y empuja a las empresas a realizar grandes ofertas, lo que provoca una bajada de los precios de los productos. Sinceramente, después de leer esto, no parece que sea este el funcionamiento de un mercado con problemas de competencia. Más adelante se afirma que esa tendencia a la distribución genera una reducción de precios para el productor sin ninguna contraprestación para el consumidor. Esto, además de ser incoherente con el análisis anterior, no se ajusta a la realidad. Basta simplemente con observar la evolución del índice de precios al consumo para constatar la reducción de precios que se hace llegar a los consumidores. Tampoco nos parece que se ajusta a la realidad afirmar que existen pocas puertas de acceso del productor al consumidor final, cuando más del 50 por ciento, por ejemplo, de la comercialización de los productos agrarios se realiza a través de cien mil comercios tradicionales y los mercados mayoristas independientes del canal de la gran distribución canalizan más de la mitad de la producción agraria. Por otra parte, la PNL se centra exclusivamente en la distribución, olvidando que hay una parte muy importante, es decir, alrededor del 60 por ciento, por ejemplo, de la producción agrícola, que va directamente a las industrias y a la exportación. Por tanto, esta proposición no de ley desenfoca y se concentra exclusivamente en una parte de los canales. Habría que abordarla con una visión de conjunto.
Desde el punto de vista jurídico, pensamos que el marco normativo de defensa de la competencia en España garantiza todos los mecanismos de defensa de los intereses de los consumidores sin que sea necesario instar al Gobierno a que lo haga. Hay un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia que se pronuncia al respecto.
También queremos señalar que esta proposición no de ley, que está fechada el 21 mayo de 2010, es anterior a la aprobación de la Ley 7/1996, es decir, a la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y también a la recientemente aprobada ley que modifica todo el sistema de la morosidad y del régimen de pagos. Por tanto, en cierta medida ha sido superada por los acontecimientos que tienen lugar en esta Cámara, que son fundamentalmente los legislativos.
Respecto a los códigos de buenas prácticas, somos de la opinión de que tienen que ser voluntarios y negociados por los agentes y no elaborados por la Administración. Las administraciones regulan por medio de decretos y de otro tipo de normas u órdenes, y los legisladores por medio de leyes, pero los códigos de buenas prácticas son, insisto, voluntarios; si no, no sería autorregulación, sino una simple regulación que, lejos de incrementar la eficiencia del sector, aumentaría los costes y haría perder la competitividad.
Vemos con buenos ojos la conclusión aprobada, a propuesta de la Presidencia española, en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea de que se promueva la suscripción de este tipo de códigos, aunque no haya un acuerdo claro sobre el papel que deben tener los gobiernos en esta materia. También vemos con buenos ojos, en principio, esta previsión en el proyecto de ley de calidad agroalimentaria que se está elaborando.
Por ello, porque entendemos que este tema es importante y queremos mejorarlo realmente, hemos planteado una enmienda de sustitución que propone cuatro puntos. Primero, pedimos que se promuevan políticas que permitan mejorar la estructura del sector agroalimentario, incrementando la dimensión de las explotaciones productivas para conseguir un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena de valor; segundo, pedimos que se garantice la plena aplicación de las normas de competencia en el sector agroalimentario; tercero, solicitamos que se continúen promoviendo estudios sobre la formación de los precios en el ámbito agroalimentario y que se mejore la difusión de los mismos entre los consumidores y, finalmente, que se promueva la suscripción de códigos de buenas prácticas por los distintos agentes de la cadena agroalimentaria que persigan el equilibrio de las relaciones comerciales, la búsqueda permanente de la eficiencia y la mejora de la competitividad en su conjunto”
Finalmente llegamos a una fórmula transaccional entre cuatro Grupos y votamos unánimemente el siguiente texto que recoje buena parte de nuestras aportaciones:
“El Congreso insta al Gobierno a:
1. Estudiar las asimetrías entre las partes y los desequilibrios entre los agentes de la cadena de distribución y su impacto en el mercado y en los consumidores.
2. Estudiar y determinar cuales son las principales empresas de distribución (Minoristas) con mayor cuota de mercado, así como las de fabricantes y proveedores, y comunicar las actuaciones desarrolladas por el Gobierno en relación a una posible regulación de los contratos de distribución.
3. Impulsar la elaboración de códigos de buenas prácticas entre los agentes de las diferentes cadenas de valor que persigan el equilibrio de las relaciones comerciales, y la búsqueda permanente de la eficiencia y la mejora de la competitividad en su conjunto"
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Congreso-aprueba-investiguen-desequilibrios-cadena-distribucion/20100914cdscdsemp_11/cdsemp/
