En la tarde de hoy en el Pleno del Congreso, nuestro responsable económico, Cristóbal Montoro ha defendido una Proposición de Ley relativa a la modificación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que es una más de las muchas iniciativas que en esta legislatura ha venido defendiendo el GPP.
Motiva nuestra inciativa la grave crisis económica y la ausencia de políticas adecuadas para iniciar la recuperación que están dañando gravemente la situación financiera del Estado y del resto de las Administraciones Públicas.
El deterioro que están experimentando las cuentas públicas, a causa de la dramática caída de los ingresos tributarios y del aumento de los gastos, está amenazando la solvencia del Estado y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, 2009 se cerró con un déficit de la Administración Central del Estado de 99.785 millones de euros, un 9,5% del PIB, tres veces superior al registrado en 2008, 30.457 millones de euros, un 2,8% del PIB.
De acuerdo con estos datos, en 2009, el Estado gastó prácticamente el doble de lo que ingresó, 205.714 millones de euros, frente a 105.929 millones.
El conjunto de las AAPP registró un déficit del 11,2% del PIB. Solamente en dos años, la Hacienda Pública española ha pasado de registrar un superávit del 2% a un déficit del 11,4%, es decir, 13 puntos de diferencia.
Pese a la impresión que pretende dar el Gobierno, este fuerte deterioro de las cuentas públicas no sólo se debe al efecto de los "estabilizadores automáticos", ya que del 11,4% de déficit el componente estructural representa 10 puntos, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno en el Programa de Estabilidad.
La necesidad de financiar este déficit creciente ha hecho aumentar la deuda pública neta en circulación, en estos dos últimos años, en 267.000 millones de euros, 20 puntos del PIB. Las fuertes necesidades de financiación del Tesoro están absorbiendo la gran parte del crédito disponible en el mercado complicando, cada vez más, la financiación del sector privado, de familias y empresas, y retrasando la recuperación de la actividad económica.
Los datos de ejecución presupuestaria hasta febrero de 2010, un déficit de casi 8.000 millones de euros frente a una situación de equilibrio un año antes, confirman que el inicio del proceso de consolidación fiscal está lejos.
A pesar de este desorbitado aumento del gasto público, articulado en una sucesión de planes de nula efectividad sobre la actividad económica y la creación de empleo, la economía española sigue en recesión y será la única gran potencia que cierre 2010 con crecimiento negativo.
La alarma que ha generado en los mercados la situación y dinámica de nuestras cuentas públicas ha llevado al Gobierno a anunciar un Plan de Austeridad, que supondrá un recorte de 50.000 millones de euros en 3 años. Sin embargo, la falta de concreción de las medidas propuestas, la insuficiente cuantía del recorte real para 2010, el hecho de posponer la mayor parte del ajuste a años futuros, las optimistas previsiones de ingresos, las diversas rectificaciones de la actualización del Programa de Estabilidad conducen a albergar serias dudas sobre la capacidad y la voluntad del Gobierno para llevarlo a cabo, cuestionando su credibilidad y perjudicando la confianza en la evolución de la economía española.
La propia Comisión Europea ha dicho literalmente: "El plan de ajuste fiscal planteado por el Gobierno carece de credibilidad y no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Es, por ello, urgente adoptar medidas drásticas y decididas de control del gasto público y de austeridad en la actuación de todas las Administraciones Públicas, que pongan fin a esta dinámica de crecimiento descontrolado del gasto público y que se recupere la cultura y el compromiso con la estabilidad presupuestaria como elemento esencial de credibilidad y crecimiento económico sostenido, recuperando las normas que lo hicieron posible.
Por todo lo anterior nuestro Grupo Parlamentario Popular ha pretendido introducir ciertas modificaciones en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
En su intervención, Cristóbal Montoro explicó que la modificación de dicha ley pasa por marcar un déficit
cero año a año y fijar techos de gasto y de endeudamiento en todas las administraciones, dando marcha atrás a la reforma que en el año 2005 hizo el presidente Zapatero y que ya el PP desaconsejó en su momento.
Efectuada la votación, resultó rechazada la toma en consideración por 195 votos frente a 150.
Una oportunidad perdida para garantizar por ley una verdadera austeridad presupuestaria.
En su intervención, Cristóbal Montoro explicó que la modificación de dicha ley pasa por marcar un déficit
cero año a año y fijar techos de gasto y de endeudamiento en todas las administraciones, dando marcha atrás a la reforma que en el año 2005 hizo el presidente Zapatero y que ya el PP desaconsejó en su momento.
Efectuada la votación, resultó rechazada la toma en consideración por 195 votos frente a 150.
Una oportunidad perdida para garantizar por ley una verdadera austeridad presupuestaria.
