El Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, introdujo cambios sustanciales en la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en lo que se refiere a la afiliación voluntaria y a la eliminación de la obligatoriedad de pago del recurso cameral permanente y otros cambios trascendentes.
Esta decisión gubernamental convalidada por el Congreso y con la oposición del Grupo Parlamentario socialista y sus aliados a que se tramitara como proyecto de ley ha impedido clarificar varios aspectos esenciales para su continuidad como corporaciones de derecho público.
Esta misma semana, en concreto el lunes 24 de enero, el periodista de “La Región”, Héctor Díaz, publicaba un trabajo periodístico en el que recogía la opinión de tres parlamentarios nacionales al respecto. Estas fueron mis respuestas a sus preguntas, que traslado aquí pues además de ser un tema de actualidad tengo una especial conocimiento de estas corporaciones pues no en vano trabajé para la Cámara de Ourense durante quince años.
1.- ¿Cree necesario eliminar el pago del canon (recurso cameral permanente) a las Cámaras de Comercio? ¿Se destruirá empleo?
La supresión de la obligatoriedad de la cuota cameral aunque conservando su naturaleza como corporaciones de derecho público, supone una ruptura con el modelo continental de Cámaras de Comercio de derecho público. Se ha hecho por la vía de R.D. sin consulta alguna a nadie y al más puro estilo Zapatero.
Las Cámaras son corporaciones de derecho público con más de 125 años de antigüedad que articulan España; la red cameral está conformada por 88 Cámaras de Comercio y 450 puntos de atención personalizada a las PYMES - y que existen en todo el mundo con un funcionamiento similar.
Al tiempo, la red de Cámaras de Comercio supone una de las escasas Instituciones con implantación nacional y con capacidad real para la articulación e implantación de políticas comunes en todo el territorio español,
La falta de financiación derivada de la eliminación del recurso cameral permanente provocará sin duda la pérdida de puestos de trabajo especializados en la prestación de servicios empresariales (las Cámaras tienen 3.500 trabajadores)
2.- ¿Considera que esta medida ayudará a las empresas a destinar sus recursos a sus verdaderas necesidades?
El impacto de la eliminación de la obligatoriedad del pago de la cuota no será significativo para la mayoría de las empresas. A título de ejemplo decir que en la actualidad en Ourense ya el 38,6% de empresas y autónomos no pagan cuota a la Cámara, aunque tienen derecho a recibir servicios de la Cámara y son electoras de los órganos de gobierno. Y que el 80 % de ellas no paga nada o menos de 20 € año.
Los servicios que prestan las Cámaras a las PYMES son financiados fundamentalmente por los pagos de las grandes empresas, lo que significa un importante efecto redistributivo en favor de las empresas de menor dimensión. En consecuencia, la supresión de la cuota sólo beneficiaría a las grandes compañías y no a las pequeñas.
3.- ¿Considera que esta medida repercutirá de forma negativa en las Cámaras de Comercio que tendrán que cerrar o cobrar por sus servicios?
La supresión de la cuota cameral supone la desaparición de importantes recursos que las Cámaras destinan obligatoriamente a la internacionalización de la PYME (2/3 del recurso cameral permanente) y a la formación (1/3 del recurso cameral permanente). La salida de la crisis pasa porque más PYMES se internacionalicen, mientras que con esta medida se reducirán los fondos que se dedican a este ámbito y los que se presten tendrán un coste para las empresas.
También se verán afectados los servicios de apoyo a creación y consolidación de empresas, en particular los viveros de empresas y los puntos locales de información.
Espero y deseo que no cierre ninguna Cámara
4.- ¿Cree que las cámaras deben autofinanciarse?
Las Cámaras llevan años haciendo un gran esfuerzo por avanzar en su autofinanciación. Un buen ejemplo es el de la Cámara de Ourense, donde la autofinanciación para 2011 esta prevista en el 52,13 % y la financiación vía cuotas obligatorias supone el 47,87% del presupuesto para 2011.
Pero la realidad es que si la afiliación es voluntaria y no se dispone de una financiación pública estable no será a corto plazo posible garantizar la prestación de sus funciones público-administrativas y que se limitará la posibilidad de que las Cámaras colaboren activamente junto con las Administraciones autonómicas en el territorio de cada una de ellas.
Creo una vez suprimida la obligatoriedad de las cuotas deben establecerse mecanismos de financiación pública alternativa de ámbito estatal y autonómico, estableciéndose, entre otros, encomiendas de gestión, contratos programa y delegación de funciones público administrativas para el Consejo Superior, Consejos Autonómicos y las Cámaras de Comercio.
