Intervino en primer lugar para presentar el real decreto-ley el ministro de Economía y Competitividad. Luis De Guindos Jurado.
Comenzó afirmando que esta reforma que debe interpretarse como una medida indispensable en coordinación con las demás aceptadas por el Gobierno para superar la crisis actual. Una crisis, señorías, que lejos de superarse se ha acelerado desde mediados del año 2011. Así dio el dato de que esta misma mañana, el Instituto Nacional de Estadística confirmó la contracción de la actividad en el último trimestre del año pasado, un menos 0,3 por ciento en términos intertrimestrales, lo que pone de manifiesto que no ha habido recuperación de la economía española en ningún momento desde el inicio de la crisis en el año 2008.
Añadió que las previsiones para este año apuntan a un empeoramiento de la situación económica y que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España pronostican un contexto de recesión para la economía española con una caída de actividad próxima al 1,5 por ciento.
Dijo que estas previsiones contrastan sensiblemente con las del anterior Gobierno, que estimaba un del 2,3 por ciento. Se refirió también a que según la EPA, en el cuarto trimestre de 2011 se aceleró la destrucción de empleo, de modo que la tasa de paro se situó a finales del año pasado casi en el 23 por ciento.
Calificó esta situación como de emergencia y afirmó que es necesario tomar medidas profundas de forma rápida y decidida, y el Gobierno las está tomando.
Tras esta necesaria introducción aseveró que en España en los últimos años el sector financiero no ha logrado cumplir eficientemente su papel de canalizador de crédito a la economía real ahí donde fuera productivo.
Dijo que la situación actual sufre todavía las consecuencias de la expansión desaforada del crédito entre los años 2003 y 2008. En este periodo, el crédito creció un 133 por ciento y, en particular, el crédito al sector de la construcción y de servicios inmobiliarios, que lo hizo en un 200 por ciento.
Dijo que esta evolución llevó a una necesidad de financiación exterior de la economía española que llegó a ser en el año 2007 del 10 por ciento del producto interior bruto. Por el contrario, entre los años 2008 y 2011 el crédito se contrajo casi el 5 por ciento, siendo la caída del crédito a las empresas del 6,5 y la caída para las familias del 3 por ciento. La situación de falta de crédito, afecta a todos los sectores de la economía, si bien, destacó son las pymes y los autónomos los primeros en sufrir este racionamiento de crédito y los más vulnerables ante dicha circunstancia.
Así dio el dato de que cerca del 90 por ciento de las pymes, se han dirigido a entidades financieras en este periodo y han tenido problemas a la hora de acceder a la financiación. Asimismo añadió que en nuestro caso se suma el problema de liquidez para las empresas que suponen los retrasos en los pagos por parte de las administraciones territoriales. Precisamente por ese motivo, afirmó, la comisión delegada aprobó hace dos semanas una línea de financiación directa a las comunidades autónomas dotada con 10.000 millones de euros, ampliables a 15.000.
A continuación dijo que si bien la caída del crédito puede tener explicación por la situación de crisis y de exceso de apalancamiento, las cifras que estamos viviendo creo que van más allá de lo razonable. Se deben a un problema estructural del sector financiero como consecuencia de la falta de acceso a la financiación mayorista y a la existencia de incertidumbres, de dudas, sobre la valoración de los activos inmobiliarios en los balances bancarios.
Por eso, dijo que el Gobierno actúa ahora sobre la raíz del problema, la valoración de los activos, para que de una vez por todas vuelva la confianza a nuestro sector financiero. Explicó que para ello se adopta un plan integral de saneamiento de los activos bancarios, con una estrategia que sienta las bases para una consolidación eficiente del sistema y facilita el acceso de las entidades españolas a la financiación mayorista
A continuación, presentó las líneas generales del real decreto-ley.
El punto de partida de las medidas en él recogidas es que el saneamiento del sector no ha finalizado, no está completo. Por ello, el Gobierno, de acuerdo con la estimación del Banco de España, ha fijado los nuevos porcentajes de provisiones que deben adoptar las entidades financieras, según la calidad lógicamente de cada uno de los activos.
En segundo lugar, una exigencia de colchón de capital adicional, también ligado a dichos activos, que supondrá unos 15.000 millones de euros.
Finalmente, una provisión genérica del 7 por ciento sobre los activos inmobiliarios sanos, que supondrá un esfuerzo de unos 10.000 millones de euros, que cubrirá el posible deterioro de estos activos.
Además dijo que aquellas entidades que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio de 2012, dispondrán de doce meses desde la autorización de la operación de integración por parte del Ministerio de Economía y Competitividad para dar cumplimiento a los nuevos requisitos de provisiones y de capital.
Dijo que el Decreto Ley introduce también algunas modificaciones en la regulación del FROB para facilitar su papel en el nuevo contexto regulatorio. Y que prevé a su vez una simplificación de la estructura organizativa y de los requisitos operativos de las cajas de ahorros que ejerzan su actividad de forma indirecta.
Se refirió además que el real decreto contiene además las bases del régimen aplicable a las remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que han recibido apoyo financiero.
Concluyó diciendo el Real Decreto-ley 2/2012, de reforma financiera, nos llevará a un sector financiero más eficiente, más saneado e integrado por entidades más solventes y que de esta manera, el sector volverá a estar en condiciones de conceder financiación a la economía real.
Finalizado el debate la votación arrojó el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 303; en contra, 28; abstenciones, seis, de modo que quedará convalidado el Real Decreto-ley 2/2012.
