Una de esas comparecencias versó sobre el “Nuevo modelo de gestión aeroportuaria” solicitada por el Grupo Socialista, y la ministra afirmó que “se está elaborando un Plan Estratégico y de Negocio para, de una forma planificada y con rigor, poner en valor Aena Aeropuertos”.
Plan que incluye “maximizar la eficiencia en costes y la estricta rentabilidad económico-social de las inversiones aeroportuarias, así como la adecuada competencia-complementariedad con otros modos de transporte, en especial, con el AVE”.
Dijo que “el fortalecimiento financiero de Aena Aeropuertos se logrará mediante la mejora de los resultados económicos gracias al incremento de ingresos del negocio y del estricto cumplimiento de un plan de austeridad”.
Aseguró que se plantea elaborar para cada aeropuerto un plan de austeridad que permite minimizar los gastos corrientes sin menoscabo de la calidad del servicio, y que todo ello “proporcionará una mayor robustez a la sostenibilidad financiera de la red aeroportuaria de Aena frente a caídas del tráfico aéreo o dificultades del mercado nacional”.
Ana Pastor explicó que, con posterioridad a haber logrado poner en valor a Aena Aeropuertos, está previsto abrir el proceso de entrada del capital privado para introducir en la sociedad prácticas de gestión que favorezcan el aumento de su eficiencia y competitividad.
Así, “la entrada de capital privado en Aena Aeropuertos se llevará a cabo una vez que se haya puesto en valor la misma”, indicó. Los objetivos, según la ministra son: garantizar la existencia de una empresa líder a escala mundial; favorecer la cohesión y vertebración territorial de España; asegurar la existencia de una red de infraestructuras aeroportuarias de calidad homogénea y a precios competitivos como clave para el turismo; y favorecer la participación de los gobiernos autonómicos en las decisiones estratégicas.
Ana Pastor quiso poner de relieve que “en este nuevo modelo de gestión aeroportuaria es clave contar con la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el tejido social en torno a los aeropuertos”.
Para articular dicha participación, anunció que “el Ministerio de Fomento está trabajando actualmente en la elaboración del Real Decreto de creación de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”.
Los Comités de Coordinación Aeroportuaria se van a crear entre el Estado y la Comunidad Autónoma y permitirán la participación autonómica en aspectos tales como los siguientes:
- La coordinación e impulso de las políticas aeroportuarias del Estado y las comunidades autónomas en aquellas comunidades que hayan desarrollado de manera efectiva su competencia aeroportuaria.
- La coordinación de la política aeroportuaria del Estado con las políticas urbanísticas territoriales y medioambientales de las comunidades.
- La coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de servidumbres aeronáuticas y acústicas.
- La accesibilidad y conectividad del Aeropuerto con otros medios y vías de transporte.
- El desarrollo de rutas aéreas.
Otra de las comparecencias que despachó la ministra de Fomento fue una formulada a petición de CiU para explicar los motivos que han llevado a la paralización de los procesos de licitación de las concesiones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y, más concretamente, de Barcelona-El Prat.
En este sentido, indicó que la renuncia a la celebración de los contratos de licitación se ha adoptado porque se trataba de una decisión precipitada del anterior Gobierno, sin previo informe de la Abogacía del Estado, que además no posibilitaba la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los respectivos aeropuertos y que se hacía en condiciones desfavorables de mercado.
En este sentido destacó las grandes expectativas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para los próximos años, ya que “el hecho de que forme parte de la red de Aena Aeropuertos le ha permitido alcanzar unos parámetros de capacidad y costes muy ventajosos para las compañías aéreas”.
Dio el dato de que, si en 2011 han circulado por el Aeropuerto un total de 34,4 millones de pasajeros, cuenta con capacidad para gestionar hasta 55 millones de pasajeros. Para ello ha sido necesario invertir del 2000 al 2011 un total de 3.541 millones de euros. Apuntó esta capacidad de crecimiento en admisión de vuelos del Aeropuerto como factor competitivo de futuro frente a otros grandes aeropuertos europeos que están al borde de la saturación.
“Contamos con una ventaja competitiva fuerte del Aeropuerto de Barcelona-El Prat frente a aeropuertos que no pueden crecer como los nuestros”, explicó. “Además –prosiguió-, está el coste, un aspecto muy importante en el que el Aeropuerto de Barcelona cuenta con otra gran ventaja”. La ministra dio el dato de que las compañías aéreas pagan de media 2,4 veces menos que en aeropuertos similares por operar un vuelo dentro del Espacio Económico Europeo y hasta 3,5 veces menos por vuelos de fuera de dicho ámbito.
En cuanto a la calidad de las infraestructuras, concluyó recordando que tanto el Aeropuerto de Madrid-Barajas como el de Barcelona-El Prat han ganado el premio al mejor aeropuerto europeo otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).
La normativa contemplará medidas para garantizar el resarcimiento económico y la recolocación en transportes alternativos de los pasajeros, así como mejorar la capacidad de actuación preventiva y de supervisión económica ante situaciones de insolvencia de compañías aéreas.
También la ministra de Fomento anunció hoy en la Comisión de Fomento del Congreso la aprobación de un Real Decreto para instrumentar mecanismos que mejoren la protección de los usuarios del transporte aéreo que pudieran verse afectados por el cese de la actividad de una compañía aérea.
Dijo que la puesta en marcha de esta y otras medidas tiene como objeto “mejorar la capacidad del departamento para afrontar en el futuro situaciones similares a la ocurrida el pasado 27 de enero con el brusco e inesperado cese de actividades de la compañía aérea Spanair, situación frente a la cual, en lo que compete al Ministerio de Fomento, se ha actuado con la máxima determinación, rapidez y diligencia”.
El nuevo Real Decreto, que tiene el claro objetivo de reducir al mínimo los perjuicios que puedan derivarse a los pasajeros afectados garantizando al máximo sus derechos, abordará los siguientes puntos:
- Delimitar las reclamaciones y quejas de los usuarios del transporte aéreo y establecer y clarificar el procedimiento para su tramitación. Asimismo, regulará el servicio de atención a los pasajeros de las compañías aéreas que operen en España.
- La introducción de la obligación de presentar un plan de contingencia, al objeto de llevar a cabo un cierre ordenado de la compañía, que incluya la recolocación de sus pasajeros en transporte alternativo, así como todas las obligaciones del Reglamento comunitario 261/2004.
- La incorporación de la obligación de los transportistas de ofrecer un seguro opcional para sus pasajeros, al hacer la reserva, para cubrir el riesgo de cancelación de vuelos, al objeto de cubrir el reembolso, la asistencia y la repatriación.
Ana Pastor señaló que el borrador de este Real Decreto está prácticamente finalizado y próximamente se va a iniciar la consulta con los agentes interesados y el correspondiente trámite de audiencia pública.
Por otro lado informó que desde el Ministerio de Fomento se están llevando a cabo trabajos para protocolizar un plan de acción para los supuestos en los que se presente un cese de operaciones de una compañía aérea, atendiendo a dos escenarios previsibles: un cierre ordenado de la compañía, con la consiguiente minoración de los daños a los pasajeros de la compañía, así como garantizar la seguridad operacional y del orden público en las instalaciones aeroportuarias y de su entorno; y un cierre abrupto de la actividad, con la consiguiente vulneración de los derechos de los pasajeros.
En el ámbito comunitario, Ana Pastor anunció que su departamento fomentará las siguientes medidas:
- La inclusión en el reglamento 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros de la obligación de presentar un plan de contingencia para paliar situaciones de cese de operaciones que garanticen, principalmente, el resarcimiento económico de los billetes adquiridos y no utilizados por los pasajeros y la articulación con otras compañías que permita la puesta en marcha de la repatriación de los pasajeros que estén fuera de su país.
- La revisión de los artículos 8 y 9 del reglamento 1008/2008 sobre suspensión y revocación de las licencias de explotación, de forma que los criterios sean más claros, uniformes y prescriptivos en cuanto a las condiciones económico-financieras que deben concurrir para adoptar una resolución de suspensión o revocación de una licencia para otorgar una licencia temporal.
