Debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2012

Hoy hemos tenido la primera parte del debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

En nombre del Gobierno el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas intervino Cristóbal Montoro Romero, que presento y defendió en nombre el Gobierno el proyecto de ley.

Resalto sus manifestaciones mas relevantes:


"Son los presupuestos  más austeros de la democracia y pretenden ser los presupuestos  más realistas que necesita España para superar la situación de crisis económica que estamos viviendo.

Somos  conscientes, toda la sociedad española es consciente de que estamos en una situación de crisis, crisis excepcional, crisis que por tanto exige respuestas de crisis, y estos presupuestos  son una respuesta a la crisis excepcional que está atravesando España. Son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles.

Lo hacemos en un tiempo extraordinario. No es el mes de abril el tiempo en el que tiene lugar un debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Lo hacemos como resultado de unas elecciones generales y lo hace un nuevo Gobierno, un Gobierno que siente el respaldo mayoritario de la sociedad, un Gobierno que sabe lo que tiene que hacer para resolver los problemas de la crisis que estamos atravesando.

Estos son presupuestos adecuados a una recesión económica que comienza a finales del año pasado, una recesión que en España es más acentuada que en otros países de nuestro entorno europeo por una razón: la razón se llama restricción del crédito bancario.

Es una restricción de crédito que sigue siendo muy acusada para todos, pero especialmente para la pequeña y mediana empresa, para los autónomos en nuestro país y por supuesto para las familias. Esta es una importante causa por la que traemos los Presupuestos Generales del Estado, como traemos estos presupuestos que pretenden combatir el déficit público.

También tenemos -somos todos conscientes, no me cabe duda que pesa sobre la conciencia de todos los grupos políticos- los 5.300.000 parados. Cómo no había de hacerlo si se ha convertido en el gran problema de la sociedad española, una sociedad que durante mucho tiempo había tenido un crecimiento económico creador de empleo; una sociedad que veía que podía tocar el pleno empleo como uno de sus grandes objetivos, una sociedad que ha visto frustradas sus expectativas en esta crisis, convirtiéndose en definitiva en la crisis del paro, de la destrucción de puestos de trabajo, del cierre de empresas, del cierre de pequeñas y medianas empresas.

Es una sociedad que recibe como herencia también un déficit público, el del año 2011; una sociedad que recibe como herencia, en definitiva, lo que fue -vamos a calificarlo directamente en esta sesión parlamentaria, señorías- un engaño más.  

Fue un engaño muy grave porque ha perjudicado a la imagen de España; un engaño muy grave frente a los socios europeos porque ha perjudicado a la imagen de España; un engaño muy grave porque ha perjudicado a España frente a sus acreedores, frente a los mercados financieros; un engaño muy grave, que no cumplió el anterior Gobierno socialista, que anticipó las elecciones generales para no hacer los presupuestos del Estado, que es lo que está haciendo el Gobierno actual: traer estos presupuestos aquí, a esta Cámara, para dar respuesta a las consecuencias de esa herencia. 

Esos son los presupuestos que traemos a esta Cámara; presupuestos austeros, si quieren presupuestos difíciles, como el momento, que es difícil. En este planteamiento de presupuestos traemos unos presupuestos para que vuelva la confianza para que vuelva la confianza en la sociedad española ; para que vuelva la confianza de nuestros socios europeos en España; para que vuelva la confianza de los mercados financieros en España; para que España, a través de estas cuentas públicas que hoy presentamos en la Cámara, sea capaz de recuperar, de poner en marcha ese gran valor que es la confianza.

Cuentas claras y transparentes. Qué difícil ser hoy consciente de cómo suenan estas palabras a los oídos de algunos que han tenido responsabilidades de gobiernos anteriores, señorías. 

 Pero yo también subo a presentar un presupuesto que, les decía, no tiene nada de amable, un presupuesto de reducción del gasto público, cuando realmente hay muchos que entienden que de las crisis se sale al revés, se sale gastando más,  pero no aceptan que en España si hoy tenemos un problema, si hoy volvemos a tener una recesión sobre la que ya tuvimos en el 2009, es por causa financiera. 

El problema de España se debe al endeudamiento externo que tenemos frente al resto del mundo. Eso es lo que nos está estrangulando. Eso es lo que realmente impide que haya financiación para la recuperación económica, el crecimiento, la inversión y el empleo. 

Es en definitiva la capacidad de nuestro país para hacer frente a los vencimientos de esa deuda externa y en definitiva para renovar también los flujos de crédito internacional que nos vuelvan a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. 

Siempre hemos dicho que la crisis financiera que estalla en el mundo en el año 2007 iba a ser muy perjudicial para España. ¿Por qué? Porque teníamos un gran endeudamiento frente al resto del mundo, y eso es lo que seguimos teniendo casi cuatro años después de esta crisis. Además una pésima política interior ha agravado esa situación haciendo que las administraciones públicas incurran en una deuda que no tenían en el año 2007.

España, ha perdido ineficazmente, ha inutilizado más de 30 puntos de deuda pública sobre PIB. ¿Para qué? ¿Dónde está realmente el impulso fiscal que se iba a dar para evitar la crisis económica? ¿Dónde está? Estamos en los 5.300.000 parados, estamos en la recesión y estamos en un momento enormemente delicado y  frágil como país. Lo estamos diciendo desde que formamos Gobierno. Tenemos que hacer frente a ese momento delicado, pero todo lo que estamos haciendo en este presupuesto y lo que le flanquea, las reformas estructurales de la economía, obedece a dar respuesta a un momento extraordinariamente delicado que tenemos como país. 

Una crisis -insisto en su raíz- financiera, y a una crisis financiera no se puede responder con más déficit público. Hay que reducir inexorablemente, hay que reducir sin dudar, hay que reducir el déficit público sin dar más tiempo, porque él necesita a través de su financiación competir con el crédito disponible para los otros agentes de la sociedad. 

Cuanto más déficit y más deuda hay de las administraciones públicas menos crédito hay para los que nos tienen que sacar de la crisis, menos crédito para los emprendedores.

El camino es difícil, por supuesto que es difícil. ¿Quién niega que lo sea? ¿Quién niega que sea difícil renunciar a proyectos de gasto y proyectos de Gobierno? Claro que es difícil, como lo es también llevar adelante procedimientos tributarios, pero el objetivo de reducción del déficit público no se puede prolongar en el tiempo porque sencillamente nos aplasta como una losa interna en un momento en el que el país, nuestra economía, necesita tomar recursos del resto del mundo. 

Por tanto, equilibrar las cuentas públicas del conjunto de las administraciones públicas es una absoluta prioridad para desatascar la financiación de la economía de nuestro país. No es el único procedimiento,pero es sin duda una condición sine qua non para salir de esta crisis financiando el crecimiento y la inversión de los emprendedores.

Hay que reducir ese déficit público. Por eso, no debe incomodar a ningún grupo político los objetivos que traza el Gobierno en consonancia con sus socios europeos, con la Comisión Europea; por eso, no debe ser inconveniente alcanzar un objetivo de déficit público para el conjunto de las administraciones públicas en este año 2012, un año de recesión, del orden del 5,3% de nuestro producto interior bruto.

Hay quienes dicen: Será imposible alcanzarlo habida cuenta del cuadro recesivo de la economía.  Hay quienes dicen lo contrario, que realmente si el Gobierno aplica una estrategia presupuestaria con esa decisión y firmeza causará más recesión en la economía. Ninguna de esas cosas es verdad en un momento como este. Depende de los contenidos de ese presupuesto, depende de lo que sea el contenido de la restricción presupuestaria. ¿Es una restricción presupuestaria lo que trae el Gobierno? Sin duda alguna, pero también hemos elegido bien los causantes de esa restricción presupuestaria. No hemos ido al mogollón de las cuentas públicas, como se hizo en el pasado.

Hemos sido selectivos y realistas, señorías. Selectivos y realistas significa, en definitiva, acomodar la reducción del gasto público donde no se perjudique el crecimiento económico; selectivos y realistas, en la versión del ingreso tributario, significa seleccionar aquellos ingresos tributarios que pueden dar más recaudación al Estado en momentos como los actuales, en un plano recesivo de la economía, en una caída de la actividad económica y, al mismo tiempo, que no perjudiquen la dirección de esa caída y no la profundicen más. Esa es la selección que hemos hecho de gastos y de ingresos públicos que se corresponde con un planteamiento de corrección del déficit público que, vuelvo a decir, debe ser indiscutible en un momento como el que estamos atravesando.

El déficit público del año pasado fue del 8,5% del producto interior bruto, una desviación que hay que corregir en estos presupuestos del Estado, los de 2012, y en los presupuestos para el 2013. Al abrir ese camino de reducción, del 8,5% al 3% en el 2013, España habrá hecho un gran cambio, habrá eliminado prácticamente el déficit estructural. 

¿Eso significa un esfuerzo, una tarea ingente? Sin duda, pero enormemente positiva. Significará que en el 2013, habiendo sido capaces de eliminar el déficit público estructural, estaremos garantizando los servicios públicos de los ciudadanos. Nada menos que significará eso, que los grandes servicios públicos no dependerán de ingresos relacionados con la coyuntura, con el ciclo económico.

Por tanto, cuando hacemos esa política de corrección de los excesos, de los abusos y en definitiva de las políticas económicas que se han aplicado en España, entre ellas la de esconder la cabeza ante la realidad económica que estábamos viviendo, estamos realmente garantizando el bienestar y los fundamentos del Estado del bienestar; esa es la tarea y el desafío. 

Por supuesto, el Gobierno propone a la Cámara, a las Cortes españolas, reducciones de gasto importantes, significativas; reducciones de gasto en capítulos sensibles, como no puede ser de otra manera -vamos a llamar esta mañana y en los debates políticos y parlamentarios al pan pan y al vino vino-. Son reducciones de gasto en capítulos relativos a ayudas al desarrollo. Son reducciones de gasto en capítulos de -se han llamado así- políticas activas de empleo. Son reducciones en capítulos de gastos relativos a la financiación de actividades de I+D+i o actividades relacionadas con la cultura y la educación, excepto becas, en nuestro país. Son capítulos relacionados, en definitiva, con inversiones públicas y con la financiación de entes públicos que son, que han sido tradicionalmente grandes inversores en nuestro país.

Hemos mantenido el sueldo de los funcionarios; hemos subido las pensiones públicas y en definitiva no hemos acudido tampoco a reducción alguna en las prestaciones de desempleo. Es decir, estamos manteniendo la renta de 13 ó 14 millones de ciudadanos, algo que es fundamental para afrontar esta crisis y salir cuanto antes de la recesión económica.

Estamos haciéndolo por tanto en un planteamiento selectivo; un planteamiento que lleva a que la reducción del gasto de los ministerios que propone el Gobierno a la Cámara alcance un 17%. Realmente estamos ante una reducción del gasto equivalente a 1,7 de nuestro producto interior bruto y proponemos medidas tributarias para subir la recaudación en algo menos de un punto del producto interior bruto, 0,8; ese es el ajuste que traemos a la Cámara.

En materia tributaria también hemos hecho una selección, una propuesta de instrumentos tributarios que son los que menos perjudican al crecimiento de la actividad económica. El sector privado de la economía, especialmente las familias, hace tiempo que puso su situación financiera en positivo, hace tiempo que hizo el ajuste, reaccionó desde los años 2007 y 2008.

El sector privado, familias y empresas no financieras, hoy tiene una posición de saldo positivo -frente a tantas afirmaciones como se oyen con tanta falta de precisión- equivalente a 5 puntos de nuestro producto interior bruto, es decir su posición financiera no recaba de nuevo recursos frente al resto del mundo. 

Desde esa posición financiera, determinadas subidas de impuestos -que no son permanentes, como ocurre con la autorización de un nuevo gravamen en el impuesto sobre la renta, que tiene fecha de caducidad el 1 de enero de 2014- al actuar sobre un sector -familias- que está en una posición financiera positiva perjudica menos al crecimiento de nuestra economía, y en términos de la subida que espera el Gobierno del impuesto sobre sociedades esa subida se consigue actuando sobre elementos que lo único que hacen es desplazar la temporalidad donde se produce ese ingreso, excepto en un cambio que sí es un cambio estructural, la limitación de los gastos financieros deducibles en el impuesto sobre sociedades. 

Esta es una medida que es muy importante también para continuar el desapalancamiento financiero de nuestro país; muy importante, en definitiva, para que, introduciendo en España los mismos elementos que configuran el orden tributario de los países de nuestro entorno, se produzca un menor perjuicio sobre la actividad económica que estamos gravando, como es la actividad empresarial. Por supuesto, también habrá medidas extraordinarias que contribuirán a recaudar más, como es la regularización que ha puesto en marcha el Gobierno, medida extraordinaria de carácter estrictamente recaudatorio en un momento en el que se ha producido un desplome de los ingresos tributarios y es importante sostener la financiación de los servicios públicos básicos de todos los españoles.

Este es el planteamiento esencial del presupuesto, pero tenemos que insistir, y reconocerlo en este momento en la Cámara, en que este presupuesto, como no puede ser de otra manera, establece las relaciones financieras con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Decía que si hay dudas sobre España, si hay dudas sobre los presupuestos del Estado de España, estas conciernen  hoy especialmente a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de España.

Este Gobierno ni lo ha impulsado ni ha creado esa situación. Lejos de ello, jamás encontrarán a este Gobierno una palabra que haya abierto dudas sobre esta cuestión. Este Gobierno no ha cuestionado ningún elemento esencial del Estado de las autonomías, todo lo contrario. Desde el primer momento hemos dicho que el Estado somos todos, que no se puede producir quiebras parciales dentro del Estado español, que eso no es posible ni admisible. Eso es lo que hemos hecho desde el primer minuto que estamos en el Gobierno, porque de esas otras administraciones dependen los servicios públicos esenciales de los ciudadanos. Por tanto, estamos cumpliendo con nuestro deber. La Constitución española define ese papel al Gobierno de España y a estas Cortes Generales, la responsabilidad de coordinar el conjunto de la política económica del Estado de las autonomías de España. 

Esa es la responsabilidad que estamos ejerciendo desde el minuto uno de gobierno en España. Eso es lo que nos lleva, precisamente también desde este presupuesto, a abordar una situación de diagnóstico real. Hay dudas sobre la viabilidad financiera de comunidades autónomas y de corporaciones locales, dudas que se manifiestan en la inaccesibilidad de unas y otras a la renovación de sus créditos; no digo a tomar nuevos créditos sino simplemente a renovar esa financiación cuando esos créditos vencen.

Esto es algo que desde el minuto uno el Gobierno de España está atendiendo, y lo hacemos en estos presupuestos, en primer lugar, desarrollando plenamente el sistema de financiación autonómica. Está ahí todo ese desarrollo -sin dudas y sin cortapisas- del sistema de financiación autonómico, municipal y local, para que las comunidades autónomas dispongan en un momento de recesión de los recursos necesarios para llevar adelante la financiación de los servicios públicos básicos de los que dependen ellos.

Estamos haciendo más. Estamos haciendo una política de anticipos en la liquidación de esos modelos de financiación autonómica, que es bien conocida por los gobernantes autonómicos. Hemos aplazado las devoluciones, a  las que están obligadas las comunidades autónomas y corporaciones locales por la mala presupuestación que se hizo en esta Cámara durante los ejercicios 2008 y 2009; estamos aplazando esas devoluciones en el tiempo, lo que da más liquidez a estas comunidades autónomas y a estas corporaciones locales. 

Estas medidas, empezando por la aplicación del sistema de financiación, no son suficientes. Es claro que las dudas sembradas no las vamos a despejar con las cifras que contienen estos presupuestos. Es importante y obligado garantizar que las comunidades autónomas y las corporaciones locales van a cumplir el objetivo de déficit público marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado al efecto y en la Comisión Nacional de Administraciones Locales. 

Hay que garantizar ese cumplimiento,  porque de esto depende realmente la solución de la crisis, la credibilidad de España y en definitiva el acceso a los mercados financieros, para que tengamos recursos para continuar nuestro crecimiento. Por tanto, el Gobierno, en el ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución y la nueva ley de estabilidad presupuestaria, que mañana verá  y -es de suponer-  aprobará el Senado de España -nueva ley de estabilidad presupuestaria en relación con la cual quiero reconocer una vez más públicamente los apoyos de los grupos políticos a ese proyecto de Gobierno, tan necesario para devolver la credibilidad  al Estado de las autonomías en España; esa ley de estabilidad presupuestaria que, en definitiva, nos homogeneiza en términos europeos- tiene la capacidad de prevenir, de supervisar, de penalizar y de intervenir una comunidad autónoma y una corporación local que no pueda continuar por sí misma y vaya a incumplir el objetivo de déficit público este año 2012.  

Ya se está negociando con las comunidades autónomas la adecuación de sus presupuestos al nuevo objetivo de déficit público,  ya se está negociando con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales la adecuación de sus presupuestos a la devolución del crédito que hemos llamado operación de proveedores, operación muy importante que también se concretará a finales de mayo, a la hora de empezar a pagar a proveedores, en definitiva una operación de más de 27.000 millones de euros, que supondrá una inyección económica de grandes proporciones, muy necesaria en un momento de crisis como la que seguimos atravesando. 

Esas administraciones territoriales tendrán que hacer un plan económico-financiero a medio plazo para que sean capaces de devolver esos créditos y hacer frente a las consecuencias de haberse generado esta -llamémosla así, coloquialmente- cola de proveedores. Eso es lo que examinaremos y lo haremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que quiero anunciarles que tendrá lugar en la primera quincena de mayo.

Ese consejo irá a cada comunidad autónoma con su plan, exhibiéndolo públicamente. ¿Con su plan conocido ante el Gobierno de España? No, con su plan conocido por el resto de las comunidades autónomas, con su plan conocido por las instancias comunitarias, con su plan conocido por los mercados, por los acreedores y por tanto por los financiadores de la continuidad de sus planes económicos financieros y, por supuesto, con su plan revisado por la Intervención General del Estado, que tendrá la tarea de traducir su ejecución presupuestaria en términos de contabilidad nacional para que ese seguimiento sea mucho más fiable y podamos conseguir el objetivo, que estoy seguro es un objetivo común. 

El Gobierno insiste en  su capacidad de acción para conseguir que, efectivamente, todos estén en la consecución de ese objetivo, que es irrenunciable, del 5,3%, que decía desde el comienzo de mi intervención que es la única manera, la manera más directa, el camino más corto para atajar esta crisis y resolver los problemas de financiación de la economía española.

Restaurar  la confianza es la clave, restaurar la confianza en un momento crítico del país. Ello hace que este presupuesto.

 La reforma bancaria es absolutamente básica para devolver el crédito a las familias y, sobre todo, a los emprendedores que nos tienen que sacar de esta crisis. Y con el mismo realismo el Gobierno ha acometido una reforma de saneamiento del sector bancario, puesto que si no reconocemos el auténtico problema que hay en esos balances bancarios en términos de valoración, no seremos capaces de hacerle frente y de resolverlo de una vez por todas. 

También la reforma laboral, una reforma que ha modernizado las relaciones laborales en nuestro país, una reforma que tiene su traducción en el ámbito de las administraciones públicas; una reforma cuya aplicación en el ámbito de las administraciones públicas y con las exigencias de este presupuesto no puede significar despidos, sino la negociación de salarios y condiciones de trabajo. Tiene que equivaler, en definitiva, a dar una respuesta en términos de movilidad funcional mucho más amplia de lo que se ha entendido hasta ahora en términos de empleo público. Por tanto, es una reforma consecuente que abre un marco operativo a las administraciones públicas y a las administraciones  territoriales para las que la aplicación de esa reforma será clave para salir cuanto antes de la crisis y dar un paso decisivo en la corrección de sus problemas. 

Estas reformas se completarán con otras que irán en el plan nacional de reformas que examinará el Consejo de Ministros el viernes, y previamente la comisión delegada el próximo jueves, junto al programa de estabilidad del Reino de España que marcará el escenario de corrección de los déficits públicos excesivos y revalidará el objetivo del 3% como irrenunciable para el año 2013, porque hemos de entender que es la manera más corta de superar esta crisis y de volver a financiar correctamente la economía de nuestro país. Y es, por supuesto, el objetivo que esperan que cumplamos nuestros socios europeos, que son los que nos proyectan hacia adelante para reforzar ese gran proyecto integrador de Europa que es el euro.

 España tiene enormes dificultades, enormes problemas, pero quiero acabar en el último tramo de mi intervención haciendo una afirmación que con toda propiedad, franqueza y sinceridad he hecho reiteradamente en muchas de las ocasiones que he ocupado esta tribuna. España es un gran país, señorías, es un país capaz de hacer frente a todos los desafíos y tareas pendientes. 

Somos un gran país, como lo demostramos en los noventa. Somos un país capaz de liderar Europa en términos de estabilidad económica y presupuestaria, en términos de crecimiento y, sobre todo, en términos de empleo. Hoy la España del 2012 tiene un punto de partida diferente a la España de 1996. Acabo de describir la naturaleza de nuestros problemas: la gran deuda externa acumulada. Pero también es diferente nuestro punto de partida. La renta per capita de España hoy, habiendo incrementado la población un 15% -siendo uno de los pocos países europeos que lo ha hecho en menos de diez años-, dobla la que teníamos en el año 1996. Tenemos una renta media per capita superior a los 23.000 euros, cuando en el año 1996 teníamos entre 12.300 y 12.400 euros. Ese es el fruto del crecimiento económico y lo que mejor establece las bases de la cohesión social, que la gente pueda vivir con sus recursos. 

Hoy, en la España perjudicada por el paro, en la España de los 5.300.000 parados y en la España cuya juventud tiene una tasa de paro realmente inaceptable e inadmisible del 50%, a finales de 2011 hay un 50% más de ocupados que en el año 1996. Aún entonces, a finales del año pasado,  trabajábamos en España 18.100.000 personas, y en el año 1996 trabajábamos 12.500.000 personas en nuestro país, igual que veinte años antes. 

Eso nos demuestra que somos un país de emprendedores, un país que está muy perjudicado por la crisis del paro, sí, muy perjudicado por una errónea política económica que nos ha vuelto a sumir en esa crisis de paro, un error de diagnóstico y de tratamiento en esa política económica, pero, insisto, un país capaz de dar esos saltos hacia adelante. Hoy las empresas españolas tienen invertido fuera de España el equivalente al 46% de nuestro producto interior bruto, 470.000 millones de euros invertidos fuera de España, cuando en el año 1996 teníamos el 7% de nuestro producto interior bruto. Por cierto, invertido fundamentalmente por empresas públicas; hoy son empresas multinacionales que realmente están presentes y apostando por el desarrollo económico de otras zonas del mundo."