Explicacións sobre a asistencia para a recapitalización das entidades financieiras españolas

Hoxe asistín na Comisión de Economía e Competitividade á comparecencia do ministro de Economía e Competitividade, Luis de Guindos, a petición propia, para explicar o acordo do Eurogrupo en relación coa asistencia financeira para a recapitalización das entidades financeiras españolas.

 

Esta é dun modo  extractada a súa primeira intervención:

 

“Señorías, comparezco hoy por quinta vez ante esta Comisión de Economía y Competitividad, a petición propia y en sesión extraordinaria, para explicar el acuerdo del Eurogrupo sobre la asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas.

Señorías, por su relación con el objeto de la comparecencia, considero necesario comenzar refiriéndome a la situación económica y, en particular, a los acontecimientos de los últimos días en los mercados y hoy mismo, estos muestran una situación que sigue siendo muy compleja para el conjunto de la zona euro y para España en gran medida por los recientes síntomas de debilitamiento de la recuperación de la actividad económica mundial. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mundial tanto para el año 2012 como para el año 2013. La revisión fue generalizada, afectando tanto a las economías avanzadas, como a las emergentes y a los países en desarrollo. En el caso de España el fondo estima una caída del PIB del 1,5% este año y del 0,6% en el año 2013, lo que supone una ligera mejoría este año, pero un empeoramiento el que viene.

Junto a ello, el Fondo volvió a señalar una vez más a la zona euro como el principal factor de riesgo. Adicionalmente las fuertes tensiones en los mercados de deuda y en las bolsas del pasado viernes y de hoy mismo, el mismo día que alcanzábamos un acuerdo sobre la ayuda financiera para nuestros bancos, son una clara prueba de la necesidad de abordar los problemas estructurales que existen en la arquitectura económica de la zona euro.

Estos problemas se reflejan sobre todo en una creciente fragmentación de los mercados de deuda, dentro de la misma, con fuertes divergencias en los costes de financiación entre unos países miembros y otros, sin que existan razones objetivas que justifiquen la magnitud de estas divergencias, es decir, son las dudas sobre el entramado institucional del euro lo que lleva a que los mercados sobrerreaccionen penalizando excesivamente aquellos países considerados más vulnerables y, al mismo tiempo, procurando unos costes de financiación muy reducidos a otros países, que en algunas ocasiones han llegado a ser negativos, como saben ustedes.

Los acuerdos de la cumbre y del Consejo Europeo de finales de junio son un paso en la dirección adecuada para resolver estos problemas, pero, tal y como advertía el Fondo Monetario Internacional hace unos días, es necesario acelerar la puesta en marcha de estas medidas y avanzar hacia la creación de una verdadera unión bancaria-fiscal. El impulso de estos avances es una condición necesaria para terminar con la inestabilidad recurrente que se vive en los mercados financieros en la zona euro. No obstante, es preciso recordar que son los desequilibrios que la economía española ha acumulado en los años previos a la crisis lo que nos hace particularmente vulnerables a esta situación en los mercados.

El primer gran desequilibrio es el elevado endeudamiento de la economía española como consecuencia del fuerte crecimiento del crédito, fundamentalmente entre los años 2003 y 2009. El endeudamiento total bruto de los sectores no financieros se encuentra próximo al 270% del PIB. Este endeudamiento es sobre todo de carácter privado, si bien es cierto que el endeudamiento público, aunque todavía por debajo de la media europea, se encuentra en una trayectoria ascendente. El segundo gran desequilibrio, como consecuencia de lo anterior y de la relajación monetaria imperante hasta el año 2008, es la generación de una burbuja inmobiliaria. El tercer desequilibrio es la prolongada pérdida de competitividad de nuestra economía, reflejada, entre otras cosas, en un elevado déficit por cuenta corriente que en el año 2007 se situó en valores próximos al 10%. Por su parte, los costes laborales unitarios aumentaron significativamente hasta el año 2009 solo moderándose a partir de entonces, aunque no como consecuencia de una mayor moderación salarial, sino debido a una masiva destrucción de empleo.

Estos desequilibrios han tenido unas consecuencias muy negativas para nuestra economía. La primera consecuencia ha sido la pérdida de control de las cuentas públicas, como resultado de presupuestos expansivos que no fueron suficientemente corregidos entre los años 2009 y 2011, cuando debieron serlo. La segunda consecuencia ha sido el significativo deterioro del mercado de trabajo, intensificado por su excesiva rigidez, segmentación e ineficiencia. Desde 2008 a finales del 2011 nuestra economía perdió más de 2,6 millones de ocupados. Por último, la tercera consecuencia se ha manifestado en el sistema financiero, fruto de su elevada exposición al sector inmobiliario, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se generaron dudas crecientes sobre el valor real de los activos en balances del sector bancario. Esta incertidumbre se vio además agravada por la falta de acción decidida para atajar estas dudas, al no propiciarse un ajuste a tiempo de los precios en los balances a la nueva situación.

 

Señorías, permítanme ofrecerles unos datos muy ilustrativos que reflejan la situación a la que nos enfrentamos. Entre los años 2003 y 2009 el crédito al sector privado no financiero en nuestro país se disparó desde 800.000 millones de euros hasta 1,86 billones de euros. En el mismo periodo el volumen de crédito para promoción inmobiliaria pasó de 78.000 hasta 324.000 millones de euros, es decir, en estos cinco años se multiplicó por más de cuatro. El estallido de la burbuja ha conducido a un aumento significativo de la morosidad, de una tasa de morosidad del 0,81 en 2003 se ha pasado al 4,97 en 2009 y al 7,60 en 2011 y ha seguido aumentando, según los datos provisionales publicados por el Banco de España la semana pasada la tasa de morosidad se situó en mayo en el 8,95%, su nivel más alto desde abril de 1994 y solo a dos décimas de su máximo histórico.

Además el actual ratio entre créditos y depósitos de 1,52 hace que nuestros bancos sean dependientes de financiación alternativa, siendo necesario su acceso a los mercados mayoristas internacionales. Son datos que muestran claramente que nuestro sector financiero arrastra los problemas derivados del endeudamiento excesivo y de la fuerte corrección de la burbuja inmobiliaria, unos problemas que ahora se ven agravados por no haberse tomado a tiempo las medidas necesarias para hacer frente a esta situación, como hicieron nuestros socios, medidas que ahora tenemos que adoptar en una situación de fuerte tensión de los mercados. Para atajar estos problemas el Gobierno ha seguido una estrategia de política económica basada en la consolidación fiscal y en las reformas estructurales de los mercados de productos, trabajo y financieros.

En la política presupuestaria se han adoptado importantes reformas que garanticen el rigor presupuestario en todos los niveles de las administraciones públicas. Simultáneamente se ha puesto en marcha un importante esfuerzo de consolidación fiscal para permitir situar a las finanzas públicas en una senda sostenible. Las últimas medidas del pasado viernes 13 de julio se adoptaron para garantizar que se alcanza el objetivo de déficit público para este año del 6,3% del PIB. Las reformas de los mercados de trabajo, productos y capitales han suprimido rigideces y deficiencias estructurales que se venían manteniendo durante años con el consecuente impacto negativo sobre la capacidad de crecimiento y de generación de empleo de nuestra economía. En estas últimas destacan las acciones tomadas para el saneamiento del sector financiero, un sector que, no olvidemos, resulta clave para que la economía pueda funcionar correctamente. Este saneamiento facilitará que el crédito pueda fluir de nuevo y de esta forma podamos recuperar el crecimiento y la creación de empleo, que tanto necesitamos. En primer lugar, hemos adoptado una reforma en dos fases para despejar las dudas sobre la calidad de la cartera ligada al crédito promotor, ajustando a su valor el precio de estos activos, con este objetivo se ha elevado su nivel de cobertura medio hasta el 45%, lo que supone más del doble del que se requería en diciembre del año 2011, el 18%, y uno de los niveles más elevados de Europa. En el caso de los activos más problemáticos, esta cobertura se ha situado en niveles muy superiores. Por ejemplo, en el caso del suelo el nivel se ha fijado en el 80%. Este aumento de la cobertura se ha conseguido elevando las provisiones y exigiendo que las entidades afronten estas provisiones con cargo a resultados. Pese a la importancia de estos saneamientos, los mercados los consideraron insuficientes, preocupados por el posible deterioro del resto de la cartera ante la compleja situación de la economía. Además los efectos de las dos inyecciones masivas de liquidez a largo plazo del Banco Central Europeo empezaron a disiparse, aproximadamente en el mes de abril, lo que reinició las tensiones. Ante esta nueva situación de incertidumbre impulsamos un ejercicio de transparencia sin precedentes, que no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno, con una evaluación exhaustiva de nuestro sistema financiero internacional por parte del FMI y la iniciada por el Gobierno español, nombrando dos consultores independientes para que evaluasen la capacidad de resistencia de las entidades ante el conjunto de su cartera en un escenario hipotético de significativo e improbable deterioro de la situación económica.

Señorías, la solicitud de asistencia financiera para la recapitalización de nuestros bancos responde a las crecientes tensiones sobre los mercados de deuda, la presión sobre los diferenciales de interés y las tensiones sobre nuestro sector bancario. Esta ayuda nos permitirá completar el saneamiento y reestructuración que hemos puesto en marcha, ayudando a recapitalizar aquellas instituciones más débiles que no puedan conseguir el capital por sus propios medios en el mercado, además fortaleceremos el marco regulatorio y de supervisión, creando las condiciones para evitar que los problemas que ahora intentamos solucionar vuelvan a darse en el futuro.

Tras esta solicitud formal que realizamos el pasado 25 junio, el Eurogrupo constató que se daban las condiciones que justificaban el otorgamiento de la ayuda y se iniciaron las negociaciones formales, durante las mismas tuvo lugar el Consejo Europeo y la Cumbre de la zona euro de finales de junio, de la que emanaron decisiones determinantes para esta ayuda a nuestros bancos, que considero necesario recordarles. Por un lado, se estableció que esta asistencia se proporcionará por la facilidad temporal y que se traspasaría al mecanismo permanente cuando entrase en vigor, dejando claro -y este es el aspecto clave- que tras ese traspaso, y solo en el caso de España, el mecanismo no adquiriría estatuto preferente frente al resto de acreedores. Por otro lado, se acordó que el mecanismo podrá recapitalizar directamente a los bancos de la zona euro una vez se haya establecido un mecanismo único efectivo de supervisión, en este momento se está trabajando en su diseño para que antes de final de año los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea nos podamos pronunciar sobre el mismo. Por ello, siempre que esta negociación transcurra sin problemas, será un instrumento efectivo que estará a disposición de todos los bancos de la zona euro, incluyendo lógicamente a los españoles. Estos logros sustanciales vienen a completar los avances que esperamos puedan derivarse de esta cumbre, me refiero al plan de trabajo que se ha puesto en marcha para reforzar la arquitectura económica de la zona euro, con mayor integración financiera, fiscal, económica y política, un plan que, como he referido al principio, la situación actual reclama desarrollar rápidamente.

Señorías, las negociaciones para la asistencia financiera han sido intensas y minuciosas, puedo asegurarles que se trabajó con dedicación y entrega para completar, en menos de dos semanas, los principales textos y poder presentarlos al Eurogrupo el pasado 9 julio, a fin de alcanzar un acuerdo político preliminar sobre el programa en esa fecha, esto era imprescindible para que los Estados miembros que lo necesitasen pudiesen cumplir con sus procedimientos internos, lo que en el caso de algunos países se traducía en trámites de información o aprobación parlamentaria antes de poder dar su consentimiento formal a la ayuda. Estas tramitaciones se han completado con éxito, lo que ha permitido cerrar el acuerdo político definitivo durante la reunión del Eurogrupo del pasado viernes. Este acuerdo abarca en concreto tres documentos: el Memorándum de Entendimiento, que recoge las condiciones específicas para el sector financiero a las que se vincula la ayuda; el acuerdo de asistencia financiera, con la Facilidad europea de estabilización financiera que regula las condiciones y los términos en los que va a prestarse esa ayuda, y, por último, una decisión del Consejo dirigida a España en la que básicamente se resumen los principales elementos del memorándum y que está previsto que el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea adopte formalmente en el día de hoy. Queda aún un último paso para completar toda esta tramitación que es la firma del memorándum y del acuerdo financiero, lo que tendrá lugar mañana martes.

 

Llegados a este punto, paso a detallarles las características principales de esta asistencia financiera. Como ya he mencionado, la financiación europea la concederá la Facilidad europea de estabilización financiera y se dirigirá al FROB, que será el encargado de canalizar las entidades que lo requieran. Este es, sin duda, el instrumento más adecuado para ello tanto por sus características y funciones como por el estricto control al que se somete en sus actuaciones, incluyendo el control parlamentario que ejercen sus señorías en esta Comisión. Dicho esto, y como no puede ser de otra forma, el beneficiario legal de la asistencia financiera y el responsable último del pago del préstamo será el Estado español. La financiación europea asciende, como ya he explicado en otras ocasiones, a un máximo de 100.000 millones de euros y se podrá proporcionar a lo largo de los dieciocho meses que durará el programa de asistencia a partir de finales de julio. Este es el importe máximo previsto, puesto que la cuantía concreta solo podrá especificarse cuando se tengan los resultados del segundo ejercicio de evaluación de nuestros bancos, que complementará al ya realizado por dos consultoras independientes. Para ello se partirá de un análisis detallado e individualizado del estado de los balances de los bancos que ha sido encomendado a cuatro auditoras independientes, este se complementará a finales de julio y sobre la base de sus resultados se llevará a cabo unas pruebas de resistencia que culminarán en septiembre. Estas pruebas seguirán un enfoque conocido como de abajo a arriba y servirán para determinar las necesidades individuales de capital de cada entidad. Además los resultados de estas pruebas permitirán agrupar a las entidades en cuatro categorías, en función de las previsiones de apoyo público que van a requerir.

No me cabe duda que las pruebas confirmarán, de la misma forma que ya lo han hecho los otros ejercicios, que hay entidades españolas fuertes y con gran capacidad de resistencia ante situaciones muy adversas, que no necesitarán capital adicional. Por otro lado, están aquellas entidades que ya están intervenidas o bajo control del FROB, como BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia, las que parece lógico pensar que sean las que concentren las mayores necesidades de apoyo público. Todas las entidades con necesidades de capital que se identifiquen deberán presentar, antes de mediados de octubre, planes de recapitalización en los que determinen cómo van a cubrir estas necesidades. Además estas entidades tendrán que presentar un plan de reestructuración que deberá aprobar la Comisión Europea antes de cualquier inyección de ayuda, sin embargo, la asistencia en sí de este plan no es ninguna novedad, pues es un requisito que impone la normativa europea sobre ayudas de Estado. Ya desde el mismo inicio del programa estarán disponibles 30.000 millones de euros en una cuenta de reserva de la facilidad. Estos fondos podrán dirigirse a las entidades en caso de que presenten necesidades de apoyo financiero, aunque no hayan aprobado los planes anteriores. Este primer desembolso es un elemento positivo, porque permitirá atender las necesidades de financiación que puedan presentar en estos primeros meses las entidades intervenidas o participadas por el FROB. La llegada de capital a estas entidades va a ser muy rápida.

Permítanme referirme ahora al Memorándum de Entendimiento, aquí me gustaría resaltar, señorías, como ya he hecho en otras ocasiones, que la condicionalidad prevista en este memorándum se refiere exclusivamente al sector financiero, insisto, no hay ningún tipo de condiciones adicionales o nuevas obligaciones de carácter macroeconómico. En este ámbito solo se nos exigirá los compromisos que ha asumido España en el marco del procedimiento de déficit excesivo y del semestre europeo. En el memorándum se incluyen dos tipos de condiciones: por un lado, las condiciones que tendrán que cumplir las entidades que reciban la ayuda y, por otro lado, las condiciones horizontales dirigidas a reforzar el conjunto del sector financiero. Se trata de condiciones que forman un conjunto, a mi parecer, equilibrado y lo más importante es que no hay ninguna condición que no tenga una justificación económico-sólida que no sea justa o no vaya orientada a reforzar nuestro sistema financiero. El primer tipo de condiciones persigue, en definitiva, que la capitalización o reestructuración ordenada que deben a cometer las entidades que reciben las ayudas asegure la viabilidad de las mismas y distorsione lo menos posible la competencia, para ello, entre otras cosas, se exigirá que los bancos contribuyan a la reestructuración con sus propios recursos, tanto como sea posible, y que exista reparto del coste de la reestructuración entre accionistas y tenedores de capital híbrido, tal y como aparece en la normativa europea de ayudas de Estado.

Las entidades que reciben apoyo público deberán someterse a los controles comunitarios de ayuda a ese Estado, adicionalmente se impondrán restricciones a las remuneraciones de directivos y miembros de consejos de administración. Coincidirán conmigo en que esta exigencia no solo resulta imprescindible por motivos de justicia y de racionalidad económica, además su cumplimiento no planteará ningún problema ya que nuestro país ya dispone de restricciones severas al respecto que fueron introducidas en el Real Decreto-ley de reforma del sector financiero el pasado febrero. Con el fin de sanear los balances de las entidades de crédito de los activos problemáticos, que están lastrando la recuperación del crédito, se prevé el traspaso de dichos activos a una sociedad de gestión de activos, lo que se conoce comúnmente y de forma incorrecta como un banco malo. Esto será obligatorio para las entidades que reciban ayuda pública. Esto se aplicará en particular a los créditos relacionados con el sector promotor y a los activos adjudicados, también podrá aplicarse a otros activos si existen señales de su deterioro. Esa transferencia tendrá lugar a su valor económico de largo plazo, que tendrá en cuenta la calidad de dichos activos y las valoraciones utilizadas en las pruebas de esfuerzo. Las pérdidas que se produjeran al transferir estos activos se contabilizarán de inmediato como pérdidas de los bancos. La sociedad gestora adquirirá los activos para su gestión y pronta enajenación. A cambio de los activos, los bancos podrán recibir bien una participación en el capital de dicha sociedad, bien bonos emitidos por la sociedad y garantizados por el Estado o pagos en metálico o en valores. Estos bonos se estructurarán de forma que cumplan las condiciones para poder ser elegibles para operaciones de descuento en el eurosistema. El Gobierno propondrá un marco legal para la puesta en marcha y funcionamiento de dicho esquema para finales de agosto, es decir, en un mes, con el objetivo de que la normativa sea aprobada en otoño y que la sociedad gestora de activos sea plenamente operativa en noviembre de este año. El FROB contribuirá con aportaciones en metálico o con valores hasta un porcentaje que se fijará al formarse dicha sociedad, en el capital de dicha sociedad podrá haber participación privada de terceros. Sí se puede decir que la solución de transferir del balance activos problemáticos es viable, ya que dispondremos del apoyo financiero para llevarlo a cabo.

Señorías, en cuanto a la condicionalidad horizontal incluye un conjunto de medidas que se dirigen a reforzar el marco regulatorio de supervisión, de resolución de crisis y de gobierno corporativo de nuestro sector financiero, son medidas que nos permitirán contar con los instrumentos adecuados para evitar que vuelvan a producirse el tipo de problemas que ha padecido el sector en esta crisis y gestionar adecuadamente los riesgos que pueden surgir en el futuro. No voy a referirme a todas y cada una de estas medidas que tienen ustedes en el memorándum, pero sí quiero destacar que entre las primeras medidas que vamos a poner en marcha se encuentra una reforma que evitará que pueda repetirse un problema de tan graves consecuencias sociales como las que han ocurrido con las preferentes en los últimos años. En concreto, estamos trabajando en una reforma que persigue reforzar los mecanismos de protección del inversor y endurecer los requisitos de comercialización de este tipo de instrumentos complejos, para ello se evitará su colocación masiva entre minoristas y se reforzará intensamente la transparencia sobre el riesgo asociado a estos productos. Se trata de una reforma contemplada en el memorándum, pero antes de febrero de 2013. No obstante, el Gobierno va a acelerar su implementación, pues es una reforma sobre la que ya veníamos trabajando y esperamos presentar ya algunas medidas este mismo agosto.

Permítanme detallarles alguno de los elementos que incluirá esta reforma. Se requerirá, en primer lugar, que una proporción importante de la emisión se coloque en el canal mayorista, exigiéndose un número mínimo de operadores mayoristas que las suscriban, con ello se obtendrá un precio de emisión de mercado sin que pueda ser sustituida tal determinación del precio por una valoración independiente y que se aplique estrictamente. En segundo lugar, el inversor que no pase el test de idoneidad tendrá que reconocer explícitamente que es consciente de que está adquiriendo un producto para el que es no idóneo. En tercer lugar, se impondrá un mínimo elevado de suscripción, lo que dejará fuera a un número importante de inversores minoristas en las operaciones con estos instrumentos y, finalmente, crearemos un registro que recoja la relación de títulos complejos adquiridos por inversores no idóneos, lo que facilitará la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de un importante cambio normativo que, si se hubiera adoptado hace años, habría impedido la comercialización masiva de este tipo de productos complejos entre minoristas realizada en el pasado. Quiero destacar que el Memorándum de Entendimiento no incide en el tratamiento que la Comisión ha venido otorgando al trato de las preferentes de las entidades que han recibido apoyo público. El Banco de España ha venido desarrollando importantes negociaciones con la Comisión Europea para encontrar una solución al problema de las preferentes de las entidades participadas por el FROB. La Comisión ha aceptado que el arbitraje tenga los mismos efectos que un fallo judicial, lo que permitirá la solución de un número importante de casos.

A continuación, señorías, me referiré a las condiciones financieras del préstamo de la Facilidad europea de estabilidad financiera y aquí quiero destacar sobre todo que se realizará en unas condiciones ventajosas, más favorables que las que tendría que hacer frente el FROB si tuviera que acudir a conseguir la financiación en los mercados. En primer lugar, será un préstamo con un coste reducido. El tipo de interés que se devengará anualmente seguirá la política de precios que aplica la facilidad y constará de un tipo base y de una serie de comisiones que remuneran los costes financieros y administrativos de la facilidad. En concreto, hay una comisión que se aplica sobre cada desembolso, otra sobre el principal pendiente y una comisión de aval, siendo todas ellas las comisiones vigentes que aplica la facilidad de forma estándar. El tipo base vendrá determinado por los costes de financiación en que incurra la facilidad y, en nuestro caso, se ha acordado que será un tipo variable. Aunque la política general de precios de la facilidad contempla la posibilidad de un margen, en nuestro caso, este se ha fijado en cero, lo que es otro aspecto muy favorable.

Señorías, no puedo darles una cifra exacta, a priori, pues se tratará de tipos variables, pero les puedo decir que será un tipo de interés bajo y si tenemos en cuenta los tipos a los que se endeuda la facilidad hoy en día no sería aventurado estimar que estará en el entorno del 1,5%, lo que supone aproximadamente tres veces menos del coste medio de financiación externa del FROB en un contexto de mercados menos tenso que el actual. Además el coste de esta ayuda podrá financiarse en buena medida con la rentabilidad que se obtenga de los préstamos que se concedan a las entidades financieras apoyadas. Hay que tener en cuenta que el FROB va a obtener una rentabilidad por los Cocos de más del 8%, lo que es cinco veces más que lo que va a pagar por el préstamo, esto quiere decir que el coste del préstamo se verá compensado por estos retornos. En definitiva, señorías, suponiendo que el préstamo fuera de 60.000 millones de euros, su coste va a ser el mismo que lo que van a costar los 20.000 millones de apoyo que, autorizados por ustedes, ya ha dado el FROB a las entidades financieras a un coste medio del 4,3%. El préstamo se concederá a plazos muy largos, lo que es otro elemento positivo. El plazo máximo de los préstamos se ha fijado en quince años, mientras que el vencimiento medio para el conjunto del préstamo se ha establecido en doce años y medio. Este vencimiento medio es en realidad el aspecto más importante en el que al plazo se refiere, pues el préstamo no se desembolsará de una vez, sino que en distintos desembolsos que pueden tener estructuras de vencimientos diferentes. Por otro lado, el desembolso del préstamo podrá hacerse en dinero en efectivo o en bonos de la facilidad, en este último caso serán bonos con una amortización única al vencimiento, lo que se denomina los bonos bullet, y las entidades podrán descontarlos en la ventanilla del nuevo sistema para obtener la financiación que precisen.

Me gustaría destacar, para aclarar algunos conceptos, que la asistencia financiera se dirige exclusivamente a financiar la recapitalización de aquellas entidades financieras que lo precisen, sin que tengan ninguna otra finalidad. Es cierto que el acuerdo que regula la asistencia alude, entre sus disposiciones generales, a todos los tipos de instrumentos de apoyo de que dispone la facilidad, pero esto no significa ni mucho menos que los mismos sean aplicables en todos los casos ni que lo sean a España. Lo que nosotros hemos solicitado, negociado y acordado, como es obvio, es ayuda para la recapitalización de nuestros bancos. Hemos negociado unas condiciones favorables no solo en términos de plazos o de coste, sino también porque el principal comenzará a amortizarse entre el año décimo y el décimo quinto en sextas partes iguales.

Tras haberme referido a las condiciones generales del préstamo, me quedaría referirme a un último elemento, los avales adicionales que ha requerido Finlandia, siguiendo su mandato en el Parlamento, como condición necesaria para dar su apoyo a la concesión de la asistencia financiera que, como decía anteriormente, era imprescindible. Este ha sido un aspecto inevitable, pues como les he explicado antes la decisión sobre la ayuda exigía acuerdo unánime de todos los socios de la Facilidad europea de estabilización financiera. Estos avales serán concedidos por el Fondo de garantía de depósitos, que cubrirá el 40% de las garantías que Finlandia tenga que otorgar a la facilidad en el marco de nuestro programa de asistencia financiera. El importe de estos avales para Finlandia será como máximo de 770 millones de euros, en el caso de que se llegase a utilizar el máximo de 100.000 millones. El riesgo de ejecución de estos avales es mínimo. Como contrapartida de estos avales, Finlandia renunciará a cualquier beneficio que pueda obtener en el marco de este programa de asistencia financiera.

Voy concluyendo ya, señorías. Lo que hoy les he explicado constituye un paso decisivo en el proceso de consolidación y saneamiento del sector financiero que este Gobierno se ha marcado como prioridad. Partimos de la base de un sector financiero, en su mayoría solvente, que está en plena digestión de una muy notable burbuja de crédito. Este saneamiento es el requisito imprescindible para que nuestros bancos vuelvan a estar en condiciones de dar crédito, es decir, para que puedan proporcionar a la economía española la financiación necesaria para crecer y crear empleo. Como resultado final, tendremos un sector financiero bien dimensionado, con unos balances resistentes y preparado para servir de soporte a la recuperación de la economía española, que espero que podamos empezar a ver en un horizonte no muy lejano. Para ello contamos con la ayuda de nuestros socios europeos, igual que España ha dado su apoyo en otras ocasiones cuando se le ha requerido. Este es un apoyo necesario por las condiciones actuales de los mercados. Esta ayuda servirá para romper el círculo vicioso que existe entre los bancos y la deuda soberana, evitando que las dudas sobre la solvencia de nuestros bancos continúen presionando sobre el coste financiero de la deuda. Pero esta ayuda no podrá resolver todas las tensiones actuales, pues las dudas sobre el proyecto del euro y sobre las perspectivas de crecimiento también están detrás de estas tensiones.

Señorías, este Gobierno ha adoptado las reformas que necesita la economía para corregir los fuertes desequilibrios que había acumulados y lo hace por propia convicción, no porque se lo impongan desde la Unión Europea. La del sector financiero es una reforma clave, pero junto a ella también hay otras muy importantes: la reforma del mercado laboral; la modernización de nuestras administraciones públicas; la liberalización de los mercados de bienes y servicios, del sector energético, del comercio interior, etcétera. A ello se une una esencial: la corrección del fuerte desequilibrio de las cuentas públicas. Una vez que los desequilibrios se hayan corregido y se despejen las dudas e incertidumbres que actualmente rodean al proyecto del euro sin duda podremos dejar atrás las dificultades actuales. No hay otro camino, señorías. Estas reformas y los esfuerzos de hoy son imprescindibles para volver a crecer, crear empleo y garantizar el futuro”