En primer lugar, en la Sesión Plenaria se convalidó el Real
Decreto Ley 20/2017 por el que se actualizan los valores
catastrales para 2018, lo que supone la modificación de los ingresos obtenidos
a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este decreto contempla
también la subida del 4 por ciento del salario mínimo interprofesional acordada
para 2018.
El Pleno también aprobó la
convalidación del Real Decreto
Ley 21/2017 en el que se adapta el derecho español a la
legislación Europea en materia de mercados financieros. Este conjunto normativo
europeo fue aprobado en el Consejo y en el Parlamento Europeo en 2014 pero no
ha entrado en vigor hasta el pasado 3 de enero de 2018. La adaptación de las
normas españolas a este marco está siendo ya tramitada en el Congreso como
anteproyecto de ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros,
pero el Gobierno considera "indispensable" adelantar la incorporación
de determinados aspectos de esta nueva regulación para que las entidades
financieras y operadores del mercado operen de acuerdo a la legislación
comunitaria.
Ambos reales decretos leyes se tramitarán como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Asimismo se aprobaron las proposiciones no de ley
del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre el "impulso
internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del
terrorismo", y la del Grupo
Socialista, por la que insta al Gobierno a la puesta en práctica de
un plan contra
la explotación laboral.
En lo que respecta a las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes, el Pleno también aceptó la presentada por
el Grupo
Socialista sobre "las medidas a adoptar para garantizar la
empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y
condiciones laborales".
Por último, se aprobó la creación de
una comisión de investigación relativa al accidente del vuelo
JK5022 de Spanair ocurrido en agosto de 2008. Esta propuesta, planteada por los
grupos parlamentarios Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de
Esquerra Republicana, plantea que los trabajos de la comisión tengan una
duración inicial de seis meses.
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