Hoy el Grupo Parlamentario
Popular registró una Proposición en el Congreso en la que presenta su Plan de
Choque para relanzar el sector agroalimentario español, que incluye 29 medidas
urgentes en materia presupuestaria, fiscal y comunitaria, entre ellas el
establecimiento de mecanismos de compensación ante la alarmante subida de
costes del sector.
La iniciativa, firmada por
Cayetana Álvarez de Toledo y por la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros
Marcos, destaca en su exposición de motivos la disminución de la renta agraria
bajo el mandato del Gobierno socialista, así como el aumento del paro agrícola.
Se trata, por tanto, de resolver los problemas que ha generado la inacción del
Gobierno de Sánchez.
Asimismo, se pone de
manifiesto la importancia de una buena negociación de la PAC para la viabilidad
de buena parte de las explotaciones agrarias, a lo que se suma la crisis de
precios y también la de aranceles impuestos por la administración
norteamericana a productos españoles como el aceite, la aceituna o el vino.
Por ello, el Grupo Popular
considera que es necesario adoptar medidas con carácter urgente para paliar
dichas dificultades y para mantener un sector moderno, competitivo y
sostenible, y se insta al Gobierno en primer lugar a elaborar un Plan para la
gestión de Crisis Agrarias y Estabilización de Rentas que permita dar respuesta
inmediata cuando surjan situaciones imprevistas.
IMPACTO DEL SMI Y OTRAS
MEDIDAS
Entre las propuestas del
GPP figura la de analizar el impacto de la subida del Salario Mínimo
Interprofesional, por regiones y sectores, en la rentabilidad y viabilidad de
las explotaciones agrarias, para poder establecer mecanismos de compensación.
Otras medidas serían la de
establecer un nuevo Plan de Seguros Agrarios que haga atractiva su
contratación, con seguro de ingresos asociado a variaciones de precios;
reducción de módulos fiscales en sectores con problemas; desgravar las primas a
la primera instalación de jóvenes y a inversiones en explotaciones agrarias;
préstamos bonificados para sectores en crisis; bonificar las cotizaciones a la
Seguridad Social; tarifa eléctrica especial para que no se pague la potencia
máxima cuando la actividad es menor a 12 meses, o promoción de energías
alternativas.
Asimismo, se pretende la
modernización de regadíos, garantizar el acceso ágil a internet en todos los
municipios rurales, aprobar un Plan de control de la fauna silvestre y
renegociar con eficacia los aranceles que penalizan las ventas de productos
españoles muy por encima de nuestros competidores europeos.
En relación a la cadena
alimentaria, entre las medidas propuestas está la de reforzar los instrumentos
de vigilancia económica y sistemas de alerta temprana; implantación de medidas
de garantía para estabilización de rentas que complementen la PAC, facilitando
a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro de su actividad;
realizar la transposición de la directiva relativa a prácticas comerciales
desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario; afrontar reformas
legislativas para impedir de manera efectiva la venta a pérdidas, y alcanzar un
consenso para garantizar la estabilidad de los precios.
Finalmente, se insta a la
Unión Europea y a sus países miembros a un mayor control, en cantidad y
calidad, de las importaciones de terceros países, garantizando la competencia
en igualdad de condiciones. Se trata, además de impulsar ayudas europeas para
las zonas especialmente despobladas, de restablecer las relaciones diplomáticas
y comerciales precisas para que nuestros productos no estén sometidos a
aranceles diferentes a los de nuestros países competidores.
En cuanto a la PAC, el GPP
insta al Gobierno a que negocie los recursos necesarios para asegurar una renta
viable y la sostenibilidad del sector a largo plazo, nunca con una dotación
inferior a la actual. Este paquete de medidas se produce tras un diálogo del PP
con las asociaciones agrarias, al contrario que ha hecho el Gobierno en su
reciente Real Decreto.
