El Pleno del Congreso de la próxima semana decidirá si reforma su Reglamento para modificar la fórmula con la que los electos deben acatar la Constitución para adquirir la condición plena de diputados, a propuesta del Grupo Popular; y si da el primer paso para eliminar, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los plazos máximos para la instrucción, a propuesta de Unidos Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común.
La sesión comienza el martes a las 15 horas con el debate de la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentada por el Grupo Popular, y que trata sobre la forma en la que se ha de prestar el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Según el grupo proponente, esto tiene por objeto "aportar una mayor seguridad jurídica y que se eviten alteraciones, fraudes de ley o interpretaciones sesgadas de la jurisprudencia constitucional que desvirtúen su sentido de sometimiento expreso y pleno a nuestro ordenamiento jurídico".
El segundo punto del orden del día es la toma en consideración de la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Esta iniciativa plantea la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que limita la duración de la fase de instrucción de los procesos penales y establece un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas. El grupo proponente propone eliminar estos plazos argumentando que "acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previsto".
Seguidamente, se pasarán a debatir dos Proposiciones no de Ley: Una presentada por el Grupo Parlamentario VOX y que pide instar al Gobierno a que "aplique las medidas necesarias para acabar con el invierno demográfico, fomentar la natalidad y proteger a la familia como núcleo de la sociedad". Y otra planteada por el Grupo Parlamentario Plural, que insta a modificar el Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para "humanizar y democratizar los puertos", aseguran los proponentes.
La sesión terminará con las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes planteadas por los Grupos Parlamentarios Popular y Republicano en la anterior sesión de control al Gobierno, relativas a explicar los motivos que llevaron al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a mantener una reunión con Delcy Rodríguez; y sobre la situación por la que atraviesa el sector frutícola.
El Pleno se reanudará el miércoles a las 9 horas con la sesión de control al Gobierno, en la que los diputados formularán las preguntas y las interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
El jueves, 20 de febrero, a las 9 horas, el Pleno del Congreso debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Los reales decretos-leyes son disposiciones legales que entran en vigor en el momento de ser aprobados por el Gobierno pero que deben ser convalidados en un plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.
