El plan fue acordado a propuesta de la
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, y de los ministerios de Hacienda, Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y
Turismo, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030.
Las medidas están alineadas con las acciones
acordadas por los organismos internacionales en los últimos días, en particular
la Comisión Europea.
En esta línea de colaboración con dichas
instituciones, el Gobierno aborda esta situación excepcional con un enfoque
múltiple, que incluye el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, el desarrollo de indicadores en tiempo real para registrar el
posible impacto económico del COVID-19, la identificación de los posibles
riesgos para empresas o sectores especialmente expuestos y la puesta en marcha
de un plan de medidas para mitigar sus impactos y que éstos sean lo más
limitados posibles en cuanto a su duración y alcance.
Con estos objetivos, el plan adoptado da
respuesta a las necesidades de las personas y las empresas derivadas del
impacto económico del COVID-19, así como a las generadas por las medidas
específicas de contención reforzada adoptadas por las autoridades públicas en
las últimas semanas.
La mayor parte de las medidas se articulan
mediante un Real Decreto-ley de medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19, que recoge de forma específica acciones para reforzar
el sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y apoyar a las
empresas afectadas, en particular del sector turístico y las PYMEs.
Refuerzo
del sistema sanitario
El Gobierno ha tomado distintas medidas para
reforzar la capacidad de respuesta del sector sanitario, tanto del Gobierno
central como de las Comunidades Autónomas, ante el COVID-19, contener su
transmisión y atender a las personas contagiadas.
En primer lugar, se refuerzan en 1.000
millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de
contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de forma
que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias.
Además, el Gobierno ha decidido adelantar
2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para
reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a necesidades
inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios.
Adicionalmente, se habilita al Gobierno para
regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la
salud y, en caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público
de determinados medicamentos y productos.
Medidas
de apoyo a las familias
Las medidas de apoyo a las familias aprobadas
hoy tienen como objetivo principal facilitar la protección de los menores en
situación de vulnerabilidad y asegurar el correcto funcionamiento del sistema
educativo ante las medidas específicas de contención adoptadas.
El Gobierno dota 25 millones de euros de
recursos específicos a las Comunidades Autónomas para, mediante becas-comedor,
garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares, de forma que este
hecho no tenga consecuencias añadidas indeseadas. Esto permite también mantener
la actividad económica vinculada a estos servicios de alimentación.
En el ámbito de la educación obligatoria se
habilita a las administraciones afectadas por las medidas de contención
reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar de forma
flexible el desarrollo del curso.
Se ha decidido también que el personal al
servicio de la Administración Pública encuadrado en el régimen especial de
mutualismo administrativo que se encuentre en situación de aislamiento
preventivo, así como quienes se han contagiado del virus, se considerarán en Incapacidad
Temporal asimilada a la baja laboral por Accidente de Trabajo. Se extiende de
esta forma a los empleados públicos la medida adoptada el pasado martes para el
Régimen General de la Seguridad Social.
Apoyo
al sector empresarial
El tercer grupo de medidas se dirige a apoyar
la actividad empresarial y, de forma especial, a los colectivos y sectores más
directamente afectados por el COVID-19.
El Gobierno, para evitar posibles tensiones
de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas empresas, flexibiliza los
aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa
solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar
hasta 14.000 millones de euros de liquidez.
En segundo lugar, se dispone una línea de
financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe
de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las
empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las
actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.
En tercer término, se permite que las
empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
En cuarto lugar, se amplían las bonificaciones
a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre
los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería
vinculados a la actividad turística.
Finalmente, se ha solicitado a la Comisión
Europea que permita al coordinador de slots español, AECFA, no aplicar la regla
que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención
permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por
haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias.
Gestión
eficiente de las Administraciones Públicas
Con el fin de que la Administración General
del Estado pueda tomar las medidas oportunas para hacer frente al COVID-19, se
agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o
servicios que sean necesarios.
Asimismo, se habilita al Ministerio de
Hacienda para realizar transferencias entre las distintas secciones
presupuestarias con el fin de reforzar la financiación de la política sanitaria
por parte del Estado.
