En esta ocasión se plantearon 15 preguntas, de las cuales dos fueron dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; dos al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; dos al ministro de Justicia; Juan Carlos Campo; una a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; siete al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y una a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Asimismo, se formularon tres interpelaciones urgentes.
La primera del Grupo Parlamentario Mixto, planteada por Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, sobre "las medidas urgentes que tiene previsto en este momento aplicar el Gobierno para recuperar y relanzar el turismo, el comercio, el sector energético, la industria electro intensiva y la industria del automóvil, cuya competitividad en alguno de ellos ya se encontraba en proceso de recesión a finales de 2019, pero que se ha agravado dramáticamente en 2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, al objeto de evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo de la más alta calidad y detener el descalabro del PIB de España y de muchas Comunidades Autónomas como Asturias". Dicha interpelación fue contestada por la ministra de Industria, Comercia y Turismo, Reyes Maroto.
La segunda fue formulada por la diputada Inés
Sabanés Nadal, de Más País, perteneciente al Grupo Parlamentario Plural, a la
vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, en relación "con medidas extraordinarias
relativas a la planificación y ejecución de un plan integral de movilidad
sostenible, seguro y eficaz en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19
y la próxima desescalada".
La última fue formulada por Cayetana Álvarez de Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para que explique "cómo van a influir en la acción de Gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical".
Real Decreto-Ley
Esta norma recoge el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los agentes sociales. Dicho acuerdo prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor, permite que las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad puedan proceder a la incorporación parcial de personas trabajadoras afectadas por ERTE y modifica la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
Asimismo, el real decreto-ley señala que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTE y prohíbe que las que se acojan puedan repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social. Por último, el texto mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total y contempla la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO).