Hoy se reunió el Pleno del Congreso para celebrar una
nueva Sesión de Control al Gobierno y debatir la convalidación o derogación
del Real
Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo y del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de
abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el trámite de la Administración de Justicia.
Tan sólo cincuenta diputados asistieron
presencialmente por las restricciones del estado de alarma, de modo que doscientos noventa y nueve seguimos el Pleno y votamos desde nuestros domicilios, en mi caso desde
Ourense.
La sesión comenzó con las preguntas e interpelaciones
urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución por
grupos parlamentarios, tal y como recoge la resolución de
la Presidencia del 6 de febrero de 2020 y en desarrollo del
artículo 188 del Reglamento
del Congreso.
En esta ocasión se formularon 15 preguntas, en su
mayoría relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19. El
presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, respondió a tres preguntas formuladas
por Pablo Casado, del Grupo Popular, Aitor Esteban, del Grupo Vasco EAJ-PNV, y
Oskar Matute, del Grupo Euskal Herria Bildu.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, contestó
a dos preguntas; el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a una; la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, también a una; a otra la ministra de Defensa, Margarita Roble; a dos
la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero; a una el
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a otra la ministra de
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; a otra la ministra de Trabajo
y Economía Social, Yolanda Díaz; y a dos el ministro de Sanidad, Salvador
Illa.
A continuación, se debatieron las interpelaciones
urgentes. La primera del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la
vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que exponga cuáles son sus
responsabilidades como coordinadora del proceso de "desescalada", así
como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase. Y la
segunda presentada por el Grupo Parlamentario Vox para que el Gobierno explique
"si el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, pretende utilizar la actual
crisis para debilitar los fundamentos de la democracia española".
Reales Decretos-Leyes
Tras la Sesión de Control, se celebró el debate de
convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. El primero el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,
que finalmente ha sido convalidado con 201 votos a favor, 52 en contra y 96
abstenciones. Asimismo, se ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley por la
vía de urgencia.
En este real decreto-ley se trata de un nuevo paquete
de medidas económicas y sociales de apoyo a las empresas y a los trabajadores
que refuerzan, complementan y amplían las anteriores y así contrarrestar el
impacto del COVID-19.
Aprueba, entre otras cuestiones, prorrogar dos meses
el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de
adaptación del horario y reducción de la jornada; se incrementa el ámbito de
aplicación de los ERTEs a las empresas que desarrollan servicios esenciales y que
también han visto reducidos sus ingresos; se reduce el IVA aplicable al
suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades
públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, así como el de de los
libros, revistas y periódicos electrónicos; se amplía la cobertura de la
prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de
prueba de un nuevo trabajo; se ajustan las bases imponibles de los impuestos a
la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las
empresas, en particular pymes y autónomos; y se crea una Fundación deportiva
dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol
para contribuir a financiar al deporte federativo, al deporte olímpico y
paralímpico.
Tras este, se debatió el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de
abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en
el trámite de la Administración de Justicia, que ha sido convalidado
con 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones. Asimismo, se ha
aprobado tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Esta norma aborda medidas organizativas, procesales y
de seguridad laboral para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y
tribunales tras el confinamiento y trata de hacer frente al previsible
incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo. Su
contenido se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos recoge las
relacionadas con la seguridad en el trabajo y garantizar la salud de los
funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios; el segundo está
encaminado al impulso a la recuperación de la actividad judicial y, entre otras
cuestiones, habilita el mes de agosto; el tercer bloque recoge algunas medidas
de transformación digital; en el cuarto se establecen una serie de medidas
procesales con la finalidad de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras
el estado de alarma; y el quinto pretende hacer frente al previsible incremento
de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.
El debate de estos reales decretos-leyes ha comenzado
con la intervención de un miembro del Gobierno, sin límite de tiempo, para
justificar las razones que han obligado a su promulgación. A continuación, los
Grupos Parlamentarios han fijado su posición de menor a mayor en turnos de 15
minutos.