El Pleno del
Congreso se reúne el miércoles 13 de mayo, a partir de las 10,00 de la mañana con las
preguntas e interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo
con la distribución por grupos parlamentarios, tal y como recoge la resolución de
la Presidencia del 6 de febrero de 2020 y en desarrollo del
artículo 188 del Reglamento
del Congreso.
En esta ocasión, se han registrado 15 preguntas, en su
mayoría relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19, de
las cuales dos están dirigidas al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que
formularán Pablo Casado, del Grupo Popular, y Aitor Esteban, por el Grupo Vasco
del PNV.
Al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se han dirigido tres; dos, a
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; una pregunta, a la ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; también una al ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska; dos preguntas serán trasladadas al ministro de
Sanidad, Salvador Illa; una pregunta a la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá; también una a la vicepresidenta primera del Gobierno
y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
Carmen Calvo; y otra a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Por último, una
pregunta está dirigida de forma genérica al conjunto del Ejecutivo.
A continuación, se debatirán las interpelaciones
urgentes. La primera del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la
vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que exponga cuáles son sus
responsabilidades como coordinadora del proceso de "desescalada", así
como las líneas generales sobre las que va a pivotar esta nueva fase. La
segunda interpelación, presentada por Coalición Canaria, del Grupo
Parlamentario Mixto, se centra en "las acciones que va a impulsar el
Gobierno para paliar las graves consecuencias económicas y sociales que tiene
para la Comunidad Autónoma de Canarias la pérdida absoluta de sus principales
actividades económicas". Finalmente, la tercera interpelación urgente la
presenta el Grupo Parlamentario Vox para que el Gobierno explique "si el
Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, pretende utilizar la actual crisis para
debilitar los fundamentos de la democracia española".
Reales Decretos-Leyes
Tras la Sesión de Control, se celebrará el debate de
convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. El primero el Real
Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo. Se trata de un nuevo paquete de
medidas económicas y sociales de apoyo a las empresas y a los trabajadores que
refuerzan, complementan y amplían las anteriores y así contrarrestar el impacto
del COVID-19.
En este real decreto-ley se aprueba, entre otras
cuestiones, prorrogar dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia,
así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada; se
incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs a las empresas que desarrollan
servicios esenciales y que también han visto reducidos sus ingresos; se reduce
el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales
a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, así como el
de de los libros, revistas y periódicos electrónicos; se amplía la cobertura de
la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos durante el periodo de
prueba de un nuevo trabajo; se ajustan las bases imponibles de los impuestos a
la situación económica, liberando 1.100 millones de euros de liquidez para las
empresas, en particular pymes y autónomos; y se crea una Fundación deportiva
dotada con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol
para contribuir a financiar al deporte federativo, al deporte olímpico y
paralímpico.
Tras este, se debatirá la convalidación o derogación
del Real
Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia.
La norma aborda medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral para
la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el
confinamiento y trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en
los órganos judiciales tras el parón productivo.
Su contenido se articula en cinco bloques de medidas.
El primero de ellos recoge las relacionadas con la seguridad en el trabajo y
garantizar la salud de los funcionarios y operadores para evitar nuevos
contagios; el segundo está encaminado al impulso a la recuperación de la
actividad judicial y, entre otras cuestiones, habilita el mes de agosto; el
tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital; en el cuarto se
establecen una serie de medidas procesales con la finalidad de evitar
confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma; y el quinto
pretende hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los
juzgados de lo Mercantil.
El debate de estos reales decretos-leyes comenzará con
la intervención de un miembro del Gobierno, que no dispondrá de límite de
tiempo, para justificar las razones que han obligado a su promulgación y a
continuación, los Grupos Parlamentarios podrán fijar su posición de menor a
mayor en turnos de 15 minutos. Asimismo, podrán solicitar que el real decreto-ley
se tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, siendo
dicha solicitud, en caso de haberla, votada por la Cámara.
