El Pleno arrancará el miércoles a las 10:00 horas, si el Gobierno lo solicita, con el debate sobre la autorización de una nueva prórroga del estado de alarma que fue declarado declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Posteriormente, y tras la aprobación del Congreso de los Diputados, ha sido prorrogado, por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 de mayo y 537/2020, de 22 de mayo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará el debate con la defensa de la solicitud de prórroga del estado de alarma, que podrá desarrollar sin límite de tiempo. Acto seguido intervendrán, de mayor a menor, los representantes de los grupos parlamentarios, a excepción del grupo parlamentario socialista, que lo hará en último lugar. El Ejecutivo dispondrá de un turno de réplica, igualmente sin límite de tiempo. Los grupos parlamentarios podrán tomar de nuevo la palabra, en el mismo orden y con una duración máxima de 5 minutos. El presidente del Gobierno, si así lo desea, clausurará el debate. Si las hubiera, las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios se votarán acto seguido.
Sesión de Control
Concluido este debate, comenzará la Sesión de Control al Gobierno, con las preguntas y las interpelaciones urgentes que registren los grupos parlamentarios. En esta ocasión se han presentado 15 preguntas, de las cuales tres se dirigen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; una a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; también una al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; una al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; una pregunta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; cinco preguntas están dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; dos preguntas a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y, por último, una pregunta está dirigida al Ejecutivo en general.
Asimismo, se han planteado 3 interpelaciones urgentes. La primera de Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, está dirigida al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos para que explique "la política ferroviaria de su departamento tras finalizar la emergencia sanitaria del COVID-19".
La segunda, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se dirige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sobre la grave crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por las últimas destituciones ocurridas en el citado Cuerpo, por la política general de destituciones y nombramientos llevadas a cabo por el Ministro y, en general, por las órdenes emanadas del Gobierno hacia los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante esta crisis sanitaria".
Y la tercera, del Grupo Parlamentario Popular, sobre se dirige a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, "en relación con las medidas extraordinarias que piensa adoptar el Gobierno para mantener la actividad y el empleo en el sector industrial español ".
Debates de totalidad
La sesión continuará con dos debates a la totalidad. En primer lugar, el del Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido hecho "ad referendum" en Madrid y Londres el 4 de marzo de 2019. Este texto tiene por objetivo mejorar la cooperación entre ambos Estados en el territorio de Gibraltar, sin que ello implique ninguna modificación jurídica sobre la soberanía de la colonia. A tal efecto, establece que todas aquellas normas de la Unión Europea relativas a la transparencia, la cooperación administrativa, las prácticas fiscales perniciosas y la lucha contra el blanqueo de capitales seguirán siendo de aplicación en el territorio de Gibraltar. De igual forma, expone las condiciones para determinar la residencia fiscal de las personas físicas y jurídicas, establece la cooperación administrativa en materia fiscal entre ambas partes e introduce la creación de un Comité Conjunto de Coordinación compuesto por las Autoridades designadas por ambos Estados.
En segundo lugar, se debatirán las enmiendas de totalidad presentadas al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Los grupos parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos han presentado enmiendas de devolución del proyecto. En caso de aprobarse, el texto del Gobierno sería retirado, y si se rechazan continuará su tramitación con el debate y votación de las enmiendas al articulado en ponencia y en Comisión.
El texto que presenta el Gobierno, conocido popularmente como ISDSD o Tasa Google, introduce nuevas normas fiscales para que los negocios digitales transfronterizos tributen en España, "de donde proceden los datos y las contribuciones de los usuarios que generan valor a la empresa". Por lo tanto, este impuesto estaría dirigido a los servicios digitales "que no podrían existir sin la implicación de los usuarios", tales como servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y servicios de transmisión de datos, para las entidades con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros anuales y con una cifra de ingresos por servicios digitales superior a los 3 millones de euros. Quedarían excluidos de este tributo los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista, cuando no actúe como intermediario. Este nuevo gravamen sería de naturaleza indirecta, compatible con el IVA y con un tipo impositivo del 3 %.
Toma en consideración de proposición de ley
La Sesión Plenaria concluirá con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox, relativa a la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de las Policías autonómicas.
Este texto tiene por objeto igualar la retribución salarial de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la de Cuerpos policiales que dependen de las Comunidades Autónomas, como son los Mozos de Escuadra, la Policía Foral y la Ertzaintza. De igual forma, dispone que el Gobierno modificaría los complementos de destinos de las distintas categorías profesionales, de territorialidad, turnicidad, así como los conceptos de dietas y asistencias a juicios a la realidad social y geográfica donde tengan impacto.
