El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes
Generales encargado de defender los
derechos fundamentales y las libertades públicas de los
ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de
las administraciones públicas españolas.
Es elegido
por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos.
Su mandato dura cinco años y
no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con
independencia e imparcialidad, con autonomía y según su
criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.
Cualquier ciudadano
puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es
gratuita, para que investigue cualquier actuación de la
Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de
oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se
haya presentado queja sobre ellos.
El Defensor del Pueblo da
cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede
presentar informes monográficos sobre asuntos que
considere graves, urgentes o que requieran especial atención.
