Los
diputados gallegos del Partido Popular, acabamos de registrar en el Congreso de
los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno como reacción al Real Decreto 557/2020, de 9 de junio (por el que se adoptan medidas
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por
la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en
el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias
en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino) al entender que son medidas contrarias a
impulso del sector del vino de calidad en España que es el que se produce en
las DOP.
En lugar de apoyar las ventas mediante una campaña
de promoción y la posibilidad de pasar a cosechas posteriores un porcentaje
superior al actualmente permitido (pasar del 15 al 30%) se establecen medidas
extraordinarias en las que el Ministerio transmite la imagen de que da la
batalla por perdida y que no queda más que tirar el vino. Y tirarlo en sentido
literal, porque es lo que se va a hacer, tanto con la poda en verde como con la
destilación.
El texto literal de esta pregunta dice:
“En el Consejo de Ministros del 9 de junio, a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se aprobó un
paquete de medidas extraordinarias para el sector del vino, por importe de 90,5
millones de euros, con el objetivo de paliar la difícil situación que atraviesa
el sector por causa de la COVID-19.
Lo cierto es que para la Xunta de Galicia,
estas ayudas aprobadas por el Gobierno no sirven en absoluto para el sector
vitivinícola gallego ni se adaptan a su realidad, por lo que tendrán nula o
escasa incidencia en nuestra comunidad.
Son ayudas decididas por el Ministerio sin
tener en cuenta a las autonomías a la hora de diseñar y aplicar líneas de
ayudas y normativas, dado que la realidad de cada una de ellas es distinta.
Tal es el caso de estas ayudas al vino, porque
los criterios empleados por el Ministerio no sirven para el sector gallego.
Así, aplicando los citados criterios, Galicia podría beneficiarse, como mucho,
de una aportación de 300.000 euros sobre un total de 90 millones para el
conjunto de España. Algo especialmente grave teniendo en cuenta, además, que
los vinos gallegos con denominación de origen generan alrededor del 6% del
valor añadido de estas producciones a nivel nacional, lo que supone más de 5
millones de euros.
El Gobierno socialista plantea unas ayudas
extraordinarias sin tener en cuenta las especificidades de las explotaciones
gallegas, en este caso de nuestros más de 13.400 viticultores y 479 bodegas.
Así, hace falta advertir, en cuanto a las
ayudas para destilación, que los vinos gallegos con denominación de origen
tienen un posicionamiento de precio en el comparado de tipo medio o medio-alto,
lo que invalida esta iniciativa en nuestra comunidad, frente otras zonas de
España con grandes superficies de cultivo y precios bajos de uva en las que sí
puede ser efectiva.
Sobre la cosecha en verde, esta medida no se
adapta a las características de nuestra comunidad ni resulta aplicable en la
viticultura gallega, ya que solo sería objeto de esta práctica en superficies
mínimas de 0,3 hectáreas, cuando el promedio de los viñedos gallegos es de
0,250 hectáreas.
Asimismo, se incorpora otro despropósito más con la obligación
establecida por el Ministerio de que los consejos reguladores tengan que
reducir la producción en esta misma vendimia, disminuyendo los rendimientos
máximos por hectárea para vinificación.
¿Rectificará el
Gobierno los criterios para acceder a las medidas aprobadas en el Consejo de
Ministros de 9 de junio y que perjudican a la Comunidad Autónoma de Galicia,
orientándolas a políticas de promoción del consumo de vino y a favor de su
comercialización, así como otras orientadas debidamente a las especificidades
del sector gallego?”
A juicio de la Xunta de Galicia las medidas
extraordinarias no aprovechan al sector vitícola español en su conjunto, sino
que claramente benefician a la parte del sector con menor valor añadido, el
vino sin DO y que se vende mayoritariamente a granel.
La retirada del mercado
de ese vino no va a producir un incremento de consumo del vino de DO ya que sus
mercados están claramente diferenciados. Pretender salir de esta crisis
reduciendo vino no va a surtir efecto en las DO con más valor añadido que no
resulten apoyadas por ninguna de las medidas extraordinarias. Se trata de unas
medidas aparentemente sectoriales pero que tienen una orientación territorial
clarísima, que en ningún caso favorece a Galicia.
Pero más allá de este agravio a nivel territorial, las medidas
ponen de manifiesto un Gobierno que no cree en el producto agroalimentario de
calidad y opta por la vía fácil de satisfacer las demandas de la parte del
sector que genera menor valor añadido. Igual era el momento de pensar en
destinar ese dinero a una reconversión hacia la producción de calidad.
Además, tal y como se ha venido
pidiendo por la Comunidad gallega, sería relativamente fácil de solventar la
problemática: además de las medidas extraordinarias hoy decretadas se podía
haber alcanzado un acuerdo con las CCAA con DOP que no resultaran beneficiarias
de dichas medidas para poner dinero del Plan de apoyo al vino español (PASVE)
en una importante campaña de promoción del consumo del vino español. Esta
medida, junto con el apoyo a la petición a la Comisión europea para que
excepcionalmente los vinos de las añadas 2019 y 2020 se puedan mezclar con
añadas posteriores hasta en un 30% (en lugar del 15% actual), habría compensado
a las DOP que no se benefician de las medidas aprobadas y hubiese supuesto un
claro apoyo al sector en su conjunto.
Por último, no nos olvidemos que los
90 millones de euros que se destinan a las medidas extraordinarias proceden del
PASVE, que es dinero de todo el sector vitícola español. Es decir, estamos
quitando dinero de promoción,
reconversión de viñedo o inversiones en bodegas de toda España para destinarlo
a “tirar el vino” de una parte muy específica del territorio nacional.
