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La sesión comenzará el miércoles, 10 de junio, a las 10:00h, con las preguntas e interpelaciones urgentes que los grupos parlamentarios formulen al Gobierno durante la Sesión de Control. En esta ocasión se han registrado 16 preguntas, de las cuales tres van dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; dos a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; una al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; una a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; tres al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; una al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; una a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; una al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; una a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; una a la ministra de Igualdad, Irene Montero; y una de forma general al Gobierno.
La segunda del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo Iturbe, integrado también Grupo Parlamentario Mixto, sobre las políticas que va a desarrollar el Gobierno de España para favorecer la conectividad y la recuperación del turismo en Canarias.
Y la tercera del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre las medidas previstas para dotar de flexibilidad a los sectores clave de la actividad económica.
Tras la Sesión de Control se pasarán a debatir dos reales decretos-leyes. El primero será el Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
Este texto extiende algunas de las medidas ya decretadas anteriormente y añade nuevas decisiones en el terreno laboral, económico y tributario, con el fin, asegura el Ejecutivo, de aliviar el impacto de la crisis en el tejido productivo español y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis. Entre otras cuestiones, el real decreto-ley aumenta a cuatro meses el periodo de aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos sin intereses; aprueba un préstamo de 16.500 millones a la Tesorería General de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 14.000 millones; amplía la cobertura al personal de los centros sanitarios que haya contraído el virus para que sus prestaciones se consideren contingencia profesional derivadas de accidente de trabajo; prorroga tres meses la flexibilización para cubrir el empleo temporal agrario y facilita un permiso de trabajo de dos años a jóvenes extranjeros empleados en el campo; levanta la suspensión de la portabilidad telefónica y facilita un procedimiento para el abono de los impagos a las operadoras.
Tras este, se debatirá el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. Se trata de una nueva prestación de la Seguridad Social de carácter permanente y que tiene como objetivos, asegura el Gobierno, la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
Según las estimaciones del Ejecutivo, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños. Parte de una amplia tipologías de hogares, en función del número de miembros y de si son monoparentales, y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar, que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.
Proposiciones no de Ley
La sesión del miércoles concluirá con el debate de dos Proposiciones no de Ley. La primera del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos.
La segunda Proposición no de Ley a debatir será la del Grupo Parlamentario Republicano, sobre protección de los trabajadores autónomos a raíz de la crisis del COVID-19. En ella se insta al Gobierno a aprobar con efecto retroactivo al inicio del Estado de Alarma, la suspensión de la cuota de autónomos, con una duración que vaya más allá de la situación de estado de alerta y mientras dure el impacto económico de la crisis sanitaria, incluir el alquiler de los locales afectos a la actividad de negocio en las medidas relativas al pago de los alquileres recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, impulsar una moratoria de un año sin intereses en la liquidación del IVA del segundo trimestre, asegurar el acceso efectivo al crédito para pymes y trabajadores autónomos e impulsar, una vez recuperada la actividad parlamentaria, la reforma integral del RETA para establecer un sistema de cotización por ingresos reales.
Debates de Totalidad de Proyectos de Ley
El jueves, 11 de junio, la sesión se reanudará a las 9:00h, comenzando con el debate de las enmiendas a la totalidad de dos Proyectos de Ley. En primer lugar se debatirán las presentadas por los Grupos Parlamentarios Vox, Ciudadanos y Popular en el Congreso al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, que solicitan, con sus respectivas enmiendas a la totalidad, la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno y, en consecuencia, su retirada del trámite parlamentario.
Este Proyecto de Ley crea un nuevo impuesto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que estas sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Quedan excluidas las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Con este impuesto calculan recaudar 850 millones de euros anuales.
En segundo lugar, se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el diputado Néstor Rego Candamil, del BNG e integrado en el Grupo Parlamentario Plural, al Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, y que solicita su devolución al Gobierno.
Con esta norma, asegura el Ejecutivo, se inician los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave. En ella se crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España y se establecen las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.
Proposición de Ley
A continuación se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, del Grupo Parlamentario Republicano, de delimitación de la justicia militar. En este texto se propone que la justicia militar española quede restringida a los supuestos temporales de guerra, estado de sitio y conflicto armado internacional, siendo en el resto de casos competente la jurisdicción ordinaria no militar que corresponda en cada caso. Justifican dicha propuesta alegando que la justicia militar no cumple con las recomendaciones del Informe Decaux de la ONU y, en tanto en cuanto, la mayoría de los países europeos han suprimido la justicia militar.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
La sesión concluirá debatiendo si el Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es aprobado mediante tramitación directa y en lectura única. Si el resultado de la votación es favorable, el texto quedará aprobado y se remitirá al Senado.
