Con esta votación y
el empeño del gobierno de realizarla a toda costa se rompe por primera vez el
consenso existente en la institución que representa al mundo local (más de
8.000 Ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells insulares,...).
Como siempre el PSOE
entiende que las instituciones están a
su servicio y no al servicio de los españoles y las coloniza y desprestigia. Ha
pasado con el CIS, RTVE, Fiscalía del Estado, ... y ahora la FEMP.
El Partido Popular dijo no a la propuesta del gobierno, porque no responde a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales, excluye al mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que cerraron 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo (RTGG) y destruye la autonomía local reconocida en la Constitución.
Las EE.LL. solicitaron, por unanimidad, al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones € incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas que no dispusieran de Remanente de Tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero, otro fondo de fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo, y un tercer fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
El Gobierno ofrece un acuerdo en que el que habilita un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las EE.LL. entre 2020 y 2021- totalmente condicionado puesto que dicho fondo solamente se repartirá entre las EE.LL. que entreguen al gobierno la totalidad de sus RTGG a 31/12/2019 (minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos acumulado a 31 de diciembre de 2019, por el importe de las modificaciones de crédito aprobadas con anterioridad y por el que se estime que se destinará a inversiones financieramente sostenibles) durante 12 años, desde 2020 al 2032.
El PP no está
dispuesto a aceptar un chantaje que supone entregar 15.000 millones € de todos los vecinos para que el gobierno los utilice en “su agenda política” durante los próximos
años mientras que las EE.LL. se ven privadas de dichos fondos y, por tanto, no
podrán atender las necesidades de sus vecinos.
Este acuerdo:
1) implica que las EE.LL. no podrán gastar este año su remanente puesto que estará en manos del gobierno que empezará a devolverlo a partir del año 2022.
2) excluye a 3.508 EE.LL. que según datos del Ministerio de Hacienda a 31/12/2019 tienen deuda y a todas aquellas que tengan un RTGG negativo.
Esto es así porque según la propuesta presentada, el Gobierno repartirá los 5.000 millones € única y exclusivamente entre las EE.LL. que se adhieran al acuerdo y solo podrán adherirse aquellas que tengan RTGG positivo y aquellas EE.LL. con deuda primero deberán amortizar la misma y, tras la amortización, pueden quedarse sin RTGG, es decir, excluidas del fondo.
3) excluye al mundo rural
4) y vulnera la autonomía local consagrada en el artículo 137 Constitución puesto que el acuerdo obliga a las EE.LL. a gastar el dinero recibido (tanto el dinero del fondo de 5.000 millones € como las amortizaciones del préstamo) en una lista de actuaciones definidas por el gobierno.
Es decir, este acuerdo obliga a las EE.LL. – incluso a aquellas que no tienen deuda y cuentan con superávits elevados, que no están sujetas a las obligaciones de la LOEPSF y por tanto pueden disponer de su superávit libremente a atender las necesidades de sus vecinos- a usar el dinero de sus vecinos para implantar la agenda política del gobierno y no les permite aplicarlo a las actuaciones que las EE.LL. consideran más necesarias para los vecinos,
Entre las actuaciones permitidas por el gobierno no se encuentra ninguna relativa al fomento del empleo o al apoyo a autónomos empresas y comercios.
El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP Manuel Baltar, lamentó hoy profundamente “la ruptura histórica que se ha producido en el seno de la FEMP por la presión de Sánchez en contra de las entidades locales”.
La propuesta aprobada “ignora por completo el mundo rural, a los miles de ayuntamientos y a sus vecinos, y no tiene nada que ver con las necesidades de la población del ámbito local”, lamentó Baltar, quien señala que el PSOE “se queda solo en la aprobación de su propuesta”, y destaca que su socio de Gobierno, Unidas podemos, “se abstenga, lo que da a entender la entidad de la propuesta de acuerdo”.
“La propuesta aprobada solo habla de cuestiones contables y es absolutamente insuficiente, por cuanto que las entidades locales pretendíamos disponer de los remanentes y del superávit, teniendo en cuenta que queríamos que se hiciese de inmediato, de forma íntegra y sin ningún tipo de condición, y este acuerdo no cumple ninguna de estas premisas; es decir, estamos hablando de algo que va contra el documento aprobado unánimemente por la FEMP hace un par de meses, y estamos hablando de insolidaridad y de desigualdad entre los españoles”.
Recordó “la mentirosa propuesta de Pedro Sánchez”, en la que dijo, el 20 de abril, “que se reuniría con la junta de gobierno de la FEMP, él personalmente, cada dos semanas, y ya han pasado 18 semanas y no habido ni siquiera la segunda reunión. Por lo tanto, tenemos razones suficientes para dudar y poner en evidencia a un Gobierno que lo único que pretende es una huida hacia delante ignorando las necesidades de las entidades locales de España”, concluye Manuel Baltar.
