El Pleno del Congreso se reúne la próxima semana, los días 22 y 23 de septiembre, para, entre otros asuntos, debatir la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. Esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene como objeto principal la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados en vez de por las Cortes Generales (Congreso y Senado).
La sesión comenzará el martes, 22 de septiembre, a las 15:00 horas, con el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Junts per Catalunya, formación integrada en el G.P. Plural, presenta esta iniciativa con el fin "de regular de forma expresa, clara y concisa las infracciones y las sanciones que se derivan en relación al incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco contractual de la ley, que perjudiquen la posición del acreedor de la deuda".
A continuación, se debatirá la toma en consideración de la ya citada Proposición de Ley Orgánica de modificación del Poder Judicial, del G.P. Ciudadanos, con la que también se busca, entre otros aspectos, reforzar la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de los ocho vocales del CGPJ restantes; exigir que su presidente, al ser simultáneamente Presidente del Tribunal Supremo, cuente con al menos cinco años de antigüedad en el Alto Tribunal, e imponer a jueces y magistrados una limitación al reingreso en la carrera judicial, "por un tiempo mínimo de dos años, así como la prohibición de incorporación a Juzgados y Tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que se estuviera o hubiera estado vinculado".
Proposiciones no de Ley
La sesión plenaria proseguirá con el debate de dos Proposiciones no de Ley. La primera de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario, por la que insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a reconocer provisionalmente, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el Estado español de algunos grados y ciclos formativos superiores en ámbito sanitario y de asistencia social; y a facilitar el proceso de autorización de residencia y trabajo de profesionales de la medicina y enfermería con experiencia en cuidados intensivos procedentes de países que hayan superado la crisis del COVID-19.
La segunda Proposición no de Ley a debate, registrada por Más País (formación integrada en el G.P. Plural), versa sobre un Plan Fiscal COVID-19, o impuestos de solidaridad cívica para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. En ella se solicita que el Gobierno ponga en marcha una reforma fiscal de solidaridad cívica para contribuir a financiar la reconstrucción de la economía española que incluya, entre otras medidas de ingresos: la revisión del impuesto del Patrimonio; suprimir los beneficios fiscales a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades que no tengan finalidad social o ambiental; agilizar la puesta en marcha del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y reforzar la lucha contra el fraude fiscal aumentando los recursos humanos de la Agencia Tributaria.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
En último lugar se debatirán dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes formuladas en la última Sesión de Control al Gobierno. La primera de ellas, presentada por el G.P. Ciudadanos, sobre la situación de los militares de Tropa y Marinería temporales que hayan cumplido o vayan a cumplir la edad de cuarenta y cinco años durante la actual situación de crisis sanitaria, económica y social; y por otro lado, la moción del G.P. Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "puedan proteger a los españoles de los asaltos y ocupaciones ilegales de sus propiedades".
Sesión de Control al Gobierno
La sesión plenaria se reanudará el miércoles, 23 de septiembre a las 9:00 horas, con la Sesión de Control al Gobierno, en la que los Grupos Parlamentarios formularán las preguntas y las interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
En esta ocasión se plantearán 19 preguntas, de las cuales tres van dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; dos a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; dos al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; dos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; una a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; una al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; una al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; una a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; una al ministro de Sanidad, Salvador Illa; una a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y tres al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Asimismo, se han registrado dos interpelaciones urgentes. Una de Nueva Canarias, formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno para atender "el mayor impacto de la crisis en Canarias por sus singularidades y su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021"; y otra del Grupo Parlamentario Popular, para que el Gobierno valore "las alarmantes previsiones conocidas recientemente en relación a la economía y el empleo de los españoles
