En la iniciativa del GPP, se
exige al Gobierno a aprobar dicho Plan en el plazo máximo de 15 días, con la
participación de las organizaciones gremiales más representativas del comercio.
Para el Grupo Popular, el Plan de Rescate y Apoyo al Comercio debe contemplar, entre otras, las siguientes medidas para el sector:
1. Prorrogar los ERTE para el Sector del Comercio hasta junio de 2021, en iguales condiciones que para el sector del Turismo.
2. Establecer medidas de apoyo fiscal y financiero que garantice la liquidez a los comercios mediante una moratoria fiscal y reducciones en Impuesto de Sociedades e IRPF cuando se acredite disminución de ingresos que pongan en riesgo la continuidad del negocio, así como supresión o reducción actos jurídicos documentados; una reducción del recargo de equivalencia del IVA; una tarifa plana de 50 euros para autónomos, una moratoria en pago de créditos sustentados en avales ofrecidos por el ICO y una apertura de nueva línea de avales ICO dirigida específicamente a facilitar créditos de urgencia en condiciones preferenciales a PYMES de comercio.
3. Garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio, con independencia de que el canal de venta sea offline u online, y plan de ayudas para formación y equipamiento para aprovechamiento de comercio online.
4. Poner en marcha un programa de apoyo urgente que evite una catástrofe en el sector, desarrollando entre otras las siguientes acciones: simplificación administrativa para solicitar ayudas o solicitar permisos y autorizaciones, mediante una “autopista administrativa” y ventanilla única que pueda resolver en cinco días con declaración responsable, y puesta en marcha de campañas de publicidad específicas para la reactivación del consumo, especialmente en comercios de proximidad.
Como destaca el Grupo Parlamentario Popular en la exposición de motivos de su iniciativa, “el sector del comercio, no solo supone buena parte de la riqueza y empleo en España – genera 3,2 millones de empleos y el 13% del PIB nacional-, sino que, además, es también uno de los sectores con mayor número de trabajadores acogidos al ERTE”, por lo que advierte de que si no se toman las medidas necesarias de forma urgente podrían desaparecer casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.
En este sentido, el GPP señala que la ralentización del consumo durante
el periodo estival, marcado por la falta de turismo y una nefasta campaña de
rebajas, lejos de mejorar la ya maltrecha situación del comercio, la ha
empeorado, lo que ha llevado, por ejemplo, a que organizaciones como la
Confederación Española de Comercio empeoren sus previsiones de cierre de
negocio y estime que antes de que acabe el año podrían llegar a cerrar sus
puertas más del 30% de los negocios.
Unos datos que el Grupo
Parlamentario Popular achaca a la incertidumbre generada por la Covid-19
agravada por la incomprensible actitud del Gobierno con el comercio, que
incluyó al sector “in extremis” dentro de la prórroga de los nuevos ERTE solo
hasta el 31 de enero cuando el sector del turismo, la hostelería y el comercio
ya han adelantado que necesitan que los ERTE se alarguen más tiempo.
Las empresas y los autónomos
son los generadores de empleo, y ante una situación tan crítica como la actual,
el GPP considera que el Estado debe estar ahí para protegerlos. Por ello
remarca la necesidad de que el comercio tenga un plan de protección y rescate
por parte del Gobierno para que todos los negocios que se encuentren en una
situación de vulnerabilidad puedan contar con esta protección.
