El Pleno del Congreso se reúne la próxima semana, los días 27, 28 y 29 de octubre, para debatir, entre otras cuestiones, el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que pretende eliminar los aforamientos de los diputados del Parlamento y miembros del Gobierno regional. Asimismo, se debatirán las enmiendas incorporadas por el Senado al Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
La sesión comenzará el martes, 27 de octubre, a las 15h., con el debate de toma en consideración de dos proposiciones de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.
Con esta iniciativa se pretenden eliminar los artículos del Código Penal que regulan las calumnias e injurias a la Corona o miembros de la Familia Real y las ofensas o ultrajes a España, sus Comunidades Autónomas, símbolos o emblemas efectuadas con publicidad. El grupo proponente argumenta que "una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión" y que el Estado debe superar "censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona" acogiéndose, dicen, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Tras esta, se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
La iniciativa tiene como objetivo derogar un apartado del Código Penal que castiga "con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses" a "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". El Grupo Parlamentario Socialista argumenta que con la aplicación de dicho apartado, "se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical" y entiende que debe desaparecer "toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga".
Proposiciones no de Ley
Ese mismo martes se debatirán también dos proposiciones no de ley. La primera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la flexibilización de los préstamos con garantía pública de la línea de liquidez del ICO COVID-19 y que pretende instar al Gobierno a "ampliar a 6 años la garantía pública de los préstamos de la línea de liquidez del ICO COVID-19 ya firmados por parte de autónomos y pymes que así lo soliciten" y facilitar "la extensión del período de carencia del préstamo principal por un plazo igual al que ya tengan firmado en las condiciones vigentes de su préstamo".
La segunda proposición no de ley ha sido registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados y que quiere instar al Ejecutivo "en coordinación con las comunidades autónomas, a desarrollar las medidas necesarias para garantizar la protección, inclusión y atención adecuada de los y las menores migrantes no acompañados" y trabajar "para evitar y erradicar las conductas dirigidas a estigmatizar y criminalizar a este colectivo".
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
La sesión del martes finalizará con el debate de cuatro mociones consecuencia de interpelaciones urgente. En primer lugar se debatirá la presentada por el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el G.P. Mixto, sobre las medidas que está adoptando o piensa adoptar el Gobierno para tratar de detener la continua caída de población en España y evitar el grave problema del despoblamiento territorial, así como corregir las desigualdades sociales y económicas de sus zonas rurales.
A continuación, la del diputado del PRC, José María Mazón Ramos, también en el G.P. Mixto, sobre las soluciones que el Gobierno piensa aportar para garantizar el abastecimiento de agua a los municipios del entorno de la Bahía de Santander (Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero).
Y en último lugar, las mociones del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique las medidas fiscales que está barajando para hacer frente al fuerte incremento de gasto anunciado, y del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional de las Universidades en Cataluña.
Sesión de Control al Gobierno
El miércoles, 28 de octubre, el Pleno reanudará la sesión a las 9h. para celebrar la Sesión de Control al Gobierno, con las preguntas e interpelaciones urgentes registradas por los grupos parlamentarios hacia los miembros del Ejecutivo.
En esta ocasión se formularán 15 preguntas, que irán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 203, Pablo Iglesias; y los ministros de Justicia, Juan Carlos Campo; Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Sanidad, Salvador Illa; y Consumo, Alberto Garzón.
Asimismo, se han presentado 3 interpelaciones urgentes. La de la diputada Mireia Vehí Cantenys, de la CUP e integrada en el G.P. Mixto, que interpelará al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre la regulación de los precios del alquiler de vivienda a través de una futura ley al respecto. La del G.P. Ciudadanos, dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia de COVID-19 en España y minimizar sus efectos. Y la del G.P. Popular en el Congreso sobre las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para evitar el grave deterioro de la imagen del Reino de España en el exterior.
Enmiendas del Senado y Dictámenes de Comisión
El jueves, 29 de octubre, la sesión arrancará a las 9h. con el debate de las enmiendas que ha incorporado el Senado al Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Este Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero y por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con competencia legislativa plena, el 29 de junio, que remitió al Senado. Finalizada allí su tramitación, y de acuerdo con los artículos 120 y 123 del Reglamento del Congreso, el Pleno de la Cámara debatirá y votará las enmiendas propuestas por el Senado, quedando incorporadas aquellas que obtengan la mayoría simple.
Este Proyecto de Ley adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario, reforzando la seguridad jurídica en el uso de servicios electrónicos de confianza como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.
Tras esto, el Pleno debatirá 14 dictámenes remitidos por la Comisión de Asuntos Exteriores y que tratan sobre acuerdos, declaraciones, resoluciones o convenios internacionales.
La sesión finalizará con el debate del dictamen de la Comisión Constitucional sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que pretende eliminar los afloramientos tanto de los diputados de la Asamblea Regional como de los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Esta iniciativa comenzó a tramitarse cuando así lo acordó el Pleno en el debate de totalidad del 11 de febrero. Desde entonces ha sido debatida en la Comisión Constitucional, que ahora envía el dictamen aprobado para su aprobación por el Pleno. Asimismo, al tratarse de una Ley Orgánica, la propuesta deberá ser votada en su conjunto en una votación final que requiere para su aprobación de mayoría absoluta. En caso de obtenerla, será remitida al Senado.
