La de mayor interés fue, sin duda alguna, la del gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Cito aquí las conclusiones de su
intervención:
“El
contexto macroeconómico en los que el proyecto de PGE ha sido elaborado es,
como todos sabemos, complicado e incierto. Las perspectivas de evolución de la
actividad y el empleo que se dibujan en el proyecto están sometidas a
importantes riesgos a la baja.
En
esta situación tan compleja, la política presupuestaria ha de seguir
contrarrestando la evolución macroeconómica desfavorable, lo que, en caso de
materialización de estos riesgos a la baja, incluye la necesidad de permitir el
libre juego de los estabilizadores automáticos, aunque ello suponga un mayor
déficit público.
En
paralelo, las medidas discrecionales deben ser en el contexto actual más
focalizadas en los grupos de población y empresas más afectados por los efectos
negativos de la pandemia, mantener un carácter temporal para evitar deterioros
adicionales del déficit estructural, y dirigirse a partidas que generen un
impacto positivo sobre el crecimiento de largo plazo.
En
particular, los proyectos llevados a cabo bajo el paraguas de los fondos
europeos del NGEU han de contribuir al sostenimiento de la actividad en el
corto plazo. Pero, a la vez, los criterios que guíen la selección de proyectos
deben basarse, de modo exclusivo, en la maximización de sus efectos sobre el
crecimiento de largo plazo.
Por
último, la necesidad de utilizar activamente la política presupuestaria para
combatir las consecuencias económicas de la pandemia no debe hacernos olvidar
que las finanzas públicas españolas emergerán de este período con un deterioro
muy significativo.
Es
perentorio, en este sentido, diseñar, a la mayor brevedad posible, un plan
detallado de consolidación presupuestaria a medio plazo que se ejecute tan
pronto se supere la pandemia y que, al reducir la vulnerabilidad financiera de
la economía, ayude a colocar la actividad y el empleo en una senda de
crecimiento sostenido y alivie los costes de la crisis sobre los grupos
poblacionales más afectados por la misma.
Junto
con la definición de los objetivos anuales concretos para la reducción del
déficit público estructural, el programa presupuestario de medio plazo deberá
definir las medidas específicas que permitirán alcanzar tales objetivos.
Un
elemento crucial de la elaboración del programa debe ser un examen exhaustivo
de la estructura de ingresos y gastos, redefiniéndola en función de la
contribución de cada una de sus distintas categorías al crecimiento de largo
plazo de la actividad y el empleo, lo que puede además conllevar la
introducción de mecanismos compensatorios para aquellos segmentos de la
población de menores rentas que pudieran experimentar algún perjuicio como
consecuencia de las reformas llevadas a efecto.”
Este es el enlace a su completa intervención:
