Se trata de
una iniciativa legislativa popular, presentada por el presidente del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo
Pérez, que modifica los artículos 14 y 33 de la citada ley para que los
beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), queden exentos de la
participación en el coste de la prestación de dependencia.
A
continuación, se debatirá la toma en consideración de la Proposición
de Ley Orgánica, de protección de la salud y de los derechos y libertades
fundamentales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La
iniciativa legislativa propone abandonar, en lo posible, la excepcionalidad
constitucional, y "conjugar la protección de la salud de los ciudadanos
con mayores garantías judiciales y mayor amparo de sus derechos
constitucionales, además de poner a disposición de las administraciones
públicas instrumentos ágiles y eficaces para la contención de pandemias y
emergencias sanitarias".
Proposiciones
no de ley
La sesión
del martes continuará con el debate de la Proposición no de Ley, del Grupo
Parlamentario Vox, relativa a la
aplicación y desarrollo del artículo 3 de la Constitución española mediante la
adopción de las medidas necesarias para asegurar el deber de conocer el
castellano, del derecho a usarlo y de su aplicación a las personas físicas,
jurídicas y a todas las Administraciones e instituciones públicas del reino de
España.
Esta
normativa pretende instar al Gobierno a garantizar que "la lengua
vehicular, de comunicación y trabajo de todas las Administraciones, sea el
castellano", sin perjuicio de que en territorios con otra lengua cooficial
se disponga lo necesario para poder utilizar ambas, y que "en ningún
caso" se pueda obligar a un funcionario a "conocer y/o utilizar una
lengua distinta del castellano", ni que el conocimiento de la otra lengua
cooficial sea requisito para acceder a un empleo público.
Asimismo,
se debatirá la Proposición
no de ley sobre creación de una Autoridad Independiente para la Recuperación
Económica, del Grupo Parlamentario Popular, para recibir y gestionar
en España los fondos Next Generation EU (NGEU) que permitan "optimizar los
recursos públicos y que estos tengan un efecto multiplicador en la economía
española". La presidencia de esta Autoridad será asumida por "una
personalidad de reconocido prestigio profesional" y estará avalada por una
mayoría cualificada de la Cámara Baja.
Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes
La jornada
del martes concluirá con tres mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. En primer lugar se debatirá la presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia
de COVID-19 en España y minimizar sus efectos.
La segunda
moción, de la diputada Mireia Vehí Cantenys, de la CUP, formación integrada en
el G.P. Mixto, trata sobre la regulación de los precios del alquiler de
vivienda a través de una futura ley al respecto.
Finalmente,
el Pleno debatirá la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre
las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación para evitar el grave deterioro de la imagen del reino de España en
el exterior.
Sesión
de Control al Gobierno
La sesión
plenaria se reanudará el miércoles, 18 de noviembre, a las 9h., para celebrar
la Sesión de Control al Gobierno. En esta ocasión se formularán 15
preguntas, de las cuales tres irán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; dos se formularán a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; dos al
vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias; una a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; otra al ministro
de Interior, Fernando Grande-Marlaska; dos a la ministra de Educación y
Formación Profesional, Isabel Celaá; una al ministro de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto; y una al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Asimismo,
se han presentado 3 interpelaciones urgentes. La primera de ellas la realizará
el Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en
el ámbito de la libertad de expresión en España.
A
continuación, el Grupo Parlamentario Ciudadanos interpelará a la ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia,
especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia
sanitaria de la COVID-19.
Y por último,
el Grupo Parlamentario Popular pedirá al Gobierno que dé su visión sobre la
valoración del gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre
el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Reales
Decretos-Leyes
La sesión
del jueves, 19 de noviembre, comenzará a las 9h. con el debate de convalidación
o derogación de dos reales decretos-leyes. El primero será el Real Decreto-ley
32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
La norma establece, por un lado, los requisitos para un subsidio especial por
desempleo, de naturaleza extraordinaria, para aquellas personas que han agotado
prestaciones durante el estado de alarma y no tienen acceso a otras ayudas y,
por otro lado, las medidas de apoyo y protección por desempleo de artistas y
otros profesionales de las artes escénicas y espectáculos públicos.
Seguidamente,
se debatirá el Real
Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
A través de este Real Decreto-ley se establecen un conjunto de ayudas
extraordinarias a favor de las principales entidades del Tercer Sector de
Acción Social de ámbito estatal que desarrollan su labor a favor de diversos
colectivos especialmente afectados por la Pandemia de la COVID-19 como son,
entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, el pueblo
gitano, los diversos colectivos en riesgo de exclusión social, etc. El conjunto
de estas ayudas asciende a un total de 26.404.089,44 euros.
Pacto
de Toledo
A
continuación, el Pleno debatirá el informe de
evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión Permanente
de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo el
pasado 27 de octubre, así como los votos particulares presentados al mismo.
Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los
miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y
expertos, se ha elaborado el informe que contiene las recomendaciones para la
reforma del acuerdo sobre las pensiones.
El Congreso
reafirma su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema
público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones, basado
en la solidaridad intergeneracional y en el seno de cada generación, y a través
del reparto equitativo de las cargas; se opone a cualquier transformación
radical del sistema, considera que el actual sistema de pensiones, en su
modalidad contributiva, da una respuesta protectora frente a las situaciones de
necesidad en que pueden encontrarse trabajadores, pensionistas, y sus
familiares, y reitera que la financiación de la Seguridad Social ha de
adecuarse a la naturaleza de las prestaciones.
Al término
de este punto del orden del día, se debatirá el dictamen aprobado este 13 de
noviembre por la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto de
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, cuyo principal objeto es revertir los cambios promovidos
por la LOMCE. Una vez debatido en el Pleno, este Proyecto de Ley Orgánica debe
obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Si sale adelante,
se enviará al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
La sesión
finalizará con el debate y la votación conjunta de los dictámenes de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación
con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de los ejercicios 2017 y
2018. El informe de la Ponencia, una vez examinada la documentación
remitida por el Tribunal de Cuentas, considera que la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2017 y la de 2018 "es coherente
internamente" y "refleja adecuadamente la actividad
económico-financiera, así como su situación patrimonial".
