Asimismo, se aprobó el dictamen remitido por la Comisión de Justicia con la incorporación de las correcciones técnicas de los G.P Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común aprobadas en Pleno, con 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones.
Esta Proposición de Ley Orgánica, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, introduce en el ordenamiento jurídico la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como "la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios".
El portavoz adjunto del GPP, José Ignacio Echaniz defendió “la universalización de los cuidados paliativos, su extensión, su generalización en la atención primaria y especializada, en la sanidad pública y privada, a domicilio, en el ámbito rural y urbano, personalizada, integral, de calidad y de excelencia”.
“Queremos que en España nunca un enfermo pueda morir con dolor o sufrimiento y que dejen de ser un privilegio los cuidados paliativos, ya que la mitad de quienes lo necesitan no tienen acceso a ellos”, subraya Echániz, quien remarca que “eso sí que significa dignificar la vida humana y dar certeza y paz en el último tramo de la vida”.
Aseguró que la alternativa que propone el PP a la eutanasia y el suicidio asistido que ofrece la izquierda es “justa, útil oportuna, encaja con el sentir mayoritario de la sociedad y con lo que defienden todas las organizaciones, instituciones, tribunales, profesionales y expertos”.
Señaló que la propuesta del PP se sustenta en “razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, y en la evidencia científica”. “La muerte no es una terapia”, asegura Echániz, quien diferencia entre “morir y ser muerto”.
Consideró que “el valor moral y social de una sociedad se mide por cómo trata a sus enfermos y a las personas más necesitadas y desvalidas”. En este sentido, afirma que “responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad tiene con nuestros mayores y los médicos, tras los acontecimientos que hemos vivido, no parece el mejor camino hacia una ética del cuidado del frágil, de la responsabilidad, de la solidaridad intergeneracional y de una mínima sensibilidad social y política”, como plantea el PP.
Afirmó que “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y un fracaso de nuestro sistema sanitario y de nuestra sociedad”. “La respuesta a la que estamos llamados es a no abandonar nunca a los que sufren, a no rendirse y dar cuidados, compañía, consuelo, amor y esperanza”, subraya.
Advirtió de que “en muy pocos países que han experimentado la experiencia de la eutanasia esta ha sido muy negativa: se han difuminado los límites, se han regateado las garantías legales y se ha situado fuera de control; se ha pasado de afectar a los terminales a los crónicos, de los enfermos físicos, discapacitados e imposibilitados a los enfermos mentales, y de una eutanasia voluntaria a la involuntaria, incluso a niños con espina bífida”.
Destacó que esta Ley está contra la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, la ONU, la Asociación Médica Mundial, la Organización Médica Colegial, la enfermera, el Comité Español de Bioética, todas las confesiones religiosas, todas las asociaciones de pacientes, las sociedad científicas, la Asociación Española de Derecho Sanitario, los catedráticos y profesores universitarios de Derecho Constitucional y de legislación y jurisprudencia, e incluso ilustres miembros del PSOE.
Denunció que el Gobierno ha traído la ley de eutanasia de manera “frívola, atropellada, chapucera, con nocturnidad y alevosía, y contra todos; han tenido miedo a un debate serio, sereno y responsable con la sociedad contra la que quieren legislar”.
Señaló que el Ejecutivo ha impulsado la eutanasia a través de una proposición de ley del PSOE y no de un proyecto de ley, lo que ha provocado que no haya “ni un solo informe del Consejo de Estado ni del Consejo español de Bioética, ni informes técnicos, jurídicos, médicos, y bioéticos, sin audiencia pública, sin demanda social alguna salvo la del lobby de la eutanasia, sin ningún estudio demoscópico público, reciente, serio e informado con las preguntas reales y adecuadas, y sin permitir comparecencias de expertos”.
