Este precepto establece que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses". El Pleno ha rechazado las enmiendas que han mantenido vivas de los grupos Vasco (EAJ-PNV), Popular, el Partit Demòcrata (PDeCat), formación incluida en el Grupo Plural, y Vox, que han sido rechazadas.
En esta iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, se añade una disposición transitoria de revisión de sentencias, que dispone que "los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga".
También hoy se ha debatido el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. La iniciativa ha salido adelante por mayoría absoluta, con 196 votos a favor, 150 votos en contra y 1 abstención. Mediante esta proposición, impulsada por los grupos Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, se pretende establecer el régimen jurídico aplicable al órgano de gobierno del poder judicial español cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución.
Tras haber sido aprobadas por el Pleno del Congreso, ambas iniciativas continuarán su tramitación parlamentaria en el Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en Ponencia, Comisión y Pleno.
Protección y asistencia a víctimas de violencia de género
El Pleno también ha aprobado hoy, con 297 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención, el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, una vez votados y ratificados los cambios realizados durante su tramitación en el Senado, que quedarán incorporados al texto que publique el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, procede del Real Decreto-ley 12/2020, y tiene como objeto el amparo de todas las víctimas de violencia, no solo de género, sino también de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, durante la crisis ocasionada por el COVID-19.
Debates de totalidad
A continuación, se ha celebrado el debate de totalidad de dos iniciativas legislativas. En primer lugar, se ha debatido y rechazado, 34 votos a favor, 308 votos en contra y 4 abstenciones, la enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos. El objetivo de esta norma es regular unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes asignados, tanto si la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada y con independencia de la naturaleza jurídica de la prestación de los servicios.
Posteriormente, se ha visto la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto 1/2021, de 19 de enero). Dicha enmienda a la totalidad también ha sido rechazada por 151 votos a favor, 190 en contra y 5 abstenciones, por lo que el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria.
Esta norma, que modifica el texto consolidado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, "en sus relaciones de consumo, se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas". Su objetivo es proteger a "colectivos vulnerables como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información".
Comisión de Investigación
El Pleno de este jueves ha concluido con la solicitud de creación de una Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España, a petición de los grupos Plural y Mixto, que ha contado con el apoyo de la Cámara, quedando aprobada con 288 votos a favor, 1 voto en contra y 60 abstenciones. La comisión tendrá por objeto "investigar las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España". En este sentido, se investigará "la existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación", "la ausencia o fallos de mecanismos de control que se han dado en el protocolo para que hayan podido realizarse dichas prácticas de vacunación irregular" y "las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos farmacéuticas".
Protección del mar Mediterráneo y el comercio minorista
El Pleno comenzó el martes 9 de marzo con la toma de posesión del diputado Josep Pagès i Massó, de Junts Per Catalunya (JuntsXCat), incluido en el Grupo Plural, en sustitución, por renuncia, de Jaume Alonso-Cuevillas. Previamente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recordó a Eduardo Dato, una de las principales figuras políticas de la Restauración, con motivo del centenario de su asesinato.
La sesión continuó con la toma en consideración de dos proposiciones de ley, impulsadas por el Parlamento de las Illes Balears. En primer lugar, la iniciativa sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción española de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, que fue defendida por la delegación del Parlamento balear integrada por Pablo Jesús Jiménez, Vicente Alejando Marí y José María Ferra, y que salió adelante con 284 votos a favor y 50 abstenciones. El objetivo de esta norma es evitar el posible deterioro que puedan producir estas actividades al medio marino.
En segundo lugar, se celebró el debate de la Proposición de modificación del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, rechazada por 33 votos a favor, 218 en contra y 83 abstenciones. La iniciativa, defendida por Enrique Casanova Peiró, Sebastián Sagreras Ballester y Josep Melià i Ques como representantes del Parlamento balear, propone que la temporada de rebajas solo pueda tener lugar en dos períodos anuales, uno a principio de año y otro en torno al período estival de vacaciones, y una duración de una semana como mínimo y dos meses como máximo, en fechas concretas y con el régimen jurídico que fijen las comunidades autónomas competentes.
Promoción de la salud e igualdad lingüística
La sesión plenaria del martes también debatió dos proposiciones no de ley. Primeramente, la del Grupo Ciudadanos sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes. El grupo proponente insta al Gobierno a incluir la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes como una línea estratégica dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar) y a desarrollar y potenciar la atención a menores de edad en la nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. El Pleno ha rechazado esta proposición con 157 votos a favor, 182 en contra y 8 abstenciones.
A continuación, el Pleno escuchó la iniciativa no legislativa presentada por el Grupo Euskal Herria Bildu sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística. El texto insta a que el Ejecutivo inicie "todas las acciones para que las lenguas propias distintas del castellano gocen del mismo reconocimiento y sus hablantes de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano" y "garantice el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia", entre otras medidas. Esta proposición no de ley ha sido votada por puntos, siendo aprobados los puntos número 4, con 194 votos a favor, 153 en contra y 1 abstención; número 7, con 193 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones; y número 8, con 290 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención.
La jornada del martes terminó con el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Mixto, sobre el proyecto de Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Especial Protección. La votación de esta iniciativa también se ha celebrado este jueves, y ha sido rechazada con 143 votos a favor, 166 en contra y 38 abstenciones.
Sesión de control al Gobierno
El Pleno continuó el miércoles con la celebración de la sesión de control al Gobierno, en la que se formularon 15 preguntas, dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
La sesión continuó con el debate de tres interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Popular "sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021 de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda" dirigida al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Asimismo, en la jornada del miércoles se vio la interpelación del Grupo Ciudadanos "sobre la política del Gobierno en materia de acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, así como sobre el traspaso a dicha Comunidad Autónoma de las competencias en materia penitenciaria". A continuación, se debatió la presentada por el Grupo Vox "sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del terrorismo de ETA". Estas interpelaciones se dirigieron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Pleno del miércoles también acogió el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera, presentada por el Grupo Ciudadanos, "sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la reducción del coste de la factura eléctrica de los sectores económicos más afectados por la crisis de la COVID-19 y aquellos con alta estacionalidad como la agricultura y el turismo", ha sido aprobada en los términos de una enmienda transaccional entre los grupos Socialista y Ciudadanos, con 249 votos a favor, 2 en contra y 98 abstenciones.
La segunda moción, del Grupo Popular, "para que el Gobierno explique la situación de las mujeres en España al cumplirse un año de la creación del Ministerio de Igualdad", ha sido rechazada por 101 votos a favor, 194 votos en contra y 53 abstenciones
