Un Plan que a juicio del ejecutivo “se orienta a lograr un crecimiento sostenible e inclusivo mediante una estrategia consistente y coordinada, desde el punto de vista temporal y también en relación con el conjunto de instrumentos de política económica nacionales y comunitarios”.
Se ocupa este Plan en la página 114 de las “infraestructuras sostenibles “ y dice en un párrafo: “Así, en el ámbito del transporte es preciso completar los corredores ferroviarios que conectan con el resto de la UE (Mediterráneo, Atlántico) para impulsar el transporte de mercancías alternativo a la carretera. También hace falta invertir en nodos de interconexión clave para garantizar la intermodalidad (por ejemplo, el enlace con los puertos de Bilbao y Algeciras) y reforzar significativamente las redes de cercanías, clave para la buena articulación de la población en el territorio“
Y añade “Finalmente, es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras.”
Esta expresa referencia del Gobierno evidencia
que se incluye en la agenda de reformas estructurales planteada en
el Plan la de cobrar por utilizar infraestructuras de la red viaria de alta capacidad
que hoy son de uso libre por los usuarios.
A partir de este noticia se abrió una importante polémica
en la sociedad, que se ha materializado en informaciones como la que hoy publica
el diario “La Voz de Galicia” y que elaboró el periodista Pablo Gonzalez. En
ella se recoge mi opinión y me permito reproducir el conjunto de lo publicado
que titula “Las autonomías podrán cobrar en sus autovías amparándose
en una futura ley estatal” y que subtitula: “El pago
por uso en las vías de alta capacidad castigaría más a Galicia por estar en la
periferia, alega la Xunta”
El objetivo del Gobierno es negociar una ley estatal
con el PP, principal partido de la oposición, pero también con otras fuerzas
que pudieran afrontar el coste político de la medida. Fuentes del PP en el
Congreso aseguraron que no recibieron ninguna señal del Ministerio de
Transportes para hablar de este asunto. Se enteraron leyendo la página 114 del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia que se remitirá en
unos días a Bruselas.
En esa eventual ley que saldría del Congreso si finalmente hay consenso no afectaría solo a las vías estatales. El texto legal, según confirman fuentes de Transportes, incluiría el andamiaje jurídico para que las autovías que eran gratuitas dejen de serlo. Y esto puede ser aprovechado por las comunidades autónomas para recaudar en las carreteras que son de su competencia. Tendrían que adaptar la normativa general a su corpus jurídico, como se hace con otro tipo de leyes que emanan de las Cortes. Las normas estatales no les obligarían a ejecutar el pago por uso, pero sí les daría la opción de implantarlo. El propio ministerio admite que varias comunidades autónomas le han solicitado ya que se arbitre este marco legal para poder cobrar en sus autovías, al estilo de lo que hizo la Diputación de Guipúzcoa con los camiones que transitan por su territorio, una decisión anulada por la Justicia al considerarla discriminatoria. De ahí que si finalmente se aborda la ley en el Congreso se incluya un marco legal genérico para que otras administraciones puedan cobrar por el uso de sus infraestructuras de alta capacidad.
En el caso de la Xunta, la operación se complicaría al tener varias de ellas peajes en sombra, aunque en los sucesivos informes de la patronal Seopan sobre este asunto se plantean salidas jurídicas para este tipo de vías en un contexto de pago por uso generalizado. Solo en el abono de los peajes en la sombra la Xunta desembolsa cada año más de 50 millones de euros. Para este ejercicio tiene presupuestados 76,9, y se ve obligada a compensar a las concesionarias si sufren bajones en el tráfico. Todo este dinero comprometido por contrato lastra las inversiones de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade.
Precisamente la responsable de ese departamento, Ethel Vázquez, acusó ayer al Gobierno central de «falta de transparencia e de diálogo» por no haber comunicado a las comunidades autónomas la decisión de avanzar en el pago por el uso de las autovías. Cree que la conferencia sectorial de Transportes era el foro adecuado para hacerlo «e non que tiveramos que enterarnos polo plan de recuperación». Ayer, sin ir más lejos, esta consellería presentó la licitación por 133,5 millones de euros de los contratos para la conservación ordinaria y la vialidad invernal en 5.380 kilómetros de carreteras autonómicas en los próximos cuatro años, lo que refleja el peso del mantenimiento en las cuentas de la consellería. No obstante, Ethel Vázquez cree que una medida como el pago por utilizar autovías «tería maior impacto en Galicia, pola súa posición periférica».
El Partido Socialista de Galicia mostró ayer su rechazo frontal al pago por el uso de las autovías en la comunidad gallega, una cuestión que descarta que pueda ser aplicada en la actual coyuntura económica. El partido se desmarca así de la estrategia estatal del Gobierno de Sánchez, que está convencido de que el pago por uso en autovías habrá que afrontarlo tarde o temprano. Los socialistas gallegos recuerdan que esta es la posición oficial del partido al respecto, fijada públicamente por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, en agosto del 2019. Además, la formación indica que así se lo trasladó al Gobierno de España. Para el PSdeG, el modelo de Galicia tiene que ser «xusto o contrario» al pago por estas vías, «como mostra a rebaixa histórica da AP-9» ratificada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. «O PSdeG é consciente de que este debate existe en Europa e en ámbitos académicos, pero a posición política do partido conclúe que o compromiso co transporte e coa mobilidade da cidadanía en Galicia e corresponde ás administracións públicas garantir a libre circulación polas autovías que transcurren por Galicia e avanzar na rebaixa das peaxes das autoestradas», aseguraron en un comunicado.
Debate «lóxico»
Preguntado al respecto en rueda de prensa, su
vicesecretario general, Pablo Arangüena, consideró «lóxico» abrir
este debate, pero pidió tener en
cuenta la situación «periférica» de Galicia «en calquera sistema que se poida establecer en un
futuro». En su comparecencia ante los medios en el Parlamento de Galicia, Arangüena recordó
que muchas autopistas del Estado que estaban
sometidas a peaje finalizan ya su concesión, una situación que dista de la
gallega, «onde Aznar fixo no ano 2000 o
regalo de ampliar a concesión de la AP-9 ata o 2048». «Por iso Galicia é unha
excepción», concluyó.
Según explicaron fuentes del Ministerio de
Transportes, el objetivo del eventual sistema de cobro, que aún no ha sido
perfilado, sería buscar un equilibrio territorial entre comunidades donde los
usuarios pagan muchos peajes y otras donde apenas tienen cargas a la movilidad.
Aunque los fondos recaudados se destinarían a la conservación de la red, habría
más liquidez para acometer rebajas de peajes.
El BNG se declara «absolutamente en contra»
La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, declaró ayer que su formación está «absolutamente en contra» de cobrar por el uso de las autovías en Galicia. En rueda de prensa, la nacionalista dijo que la postura de su formación a este respecto es ya conocida porque en anteriores debates en la misma línea han rechazado que se pretenda cobrar a los gallegos por el uso de unas infraestructuras que, además, «son absolutamente deficitarias no noso país». Rodil emplazó a Transportes a avanzar en los descuentos y la transferencia de la AP-9.
Los transportistas acusan al Gobierno de plegarse a los intereses de las constructoras
La Federación Gallega de Transportes de Mercancías,
Fegatramer, aseguró ayer en un comunicado que su sector sería el más castigado
por la posibilidad de que se apliquen peajes al uso de las autovías. Los
transportistas dan a entender que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha plegado a
los intereses de las constructoras, que llevan mucho tiempo reclamando este
sistema para poder gestionar los instrumentos de cobro si el Gobierno decide
vincularlos a concesiones.
«Este plan gustará, entre otros, a las constructoras integradas en Seopan, que llevan años presionando a la administración y publicitando las bondades de que los usuarios y transportistas paguen por el uso de unas infraestructuras, para las cuales ya se han pagado y se siguen pagando innumerables impuestos», aseguran. Así, explican que solo en impuestos del gasoil, los 350.000 camiones de transporte público de mercancías que circulan en España consumen anualmente unos 8.000 millones de litros de gasoil, por los que pagan más de 7.600 millones de euros al año.
Galicia, más afectada
Coinciden con la Xunta en que este plan castigaría
especialmente a territorios periféricos como Galicia, una comunidad que cuenta
con muchos kilómetros de autovías gratuitas (más de 750). «Y todo ello
ocurriría después de que esta comunidad tuviera que esperar años y años por
unos accesos dignos», matizan, a los que suman «los años de pago de peajes, de
los más altos de España, como los de la AP-9», que el Gobierno espera rebajar a
partir de julio."
