El asesoramiento sobre políticas públicas brindado en este informe incluye notas país breves para los miembros de la OCDE. Entre ellos España, a la que se recomienda que no realice subidas de impuestos hasta que la recuperación esté firmemente en marcha, por lo que solo se tendrían que tener en cuenta a medio plazo.
Subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto entre los más vulnerables. Entre sus principales recomendaciones en el terreno fiscal, están la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro.
Se pide también el incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, como pueden ser los carburantes de automoción o el gasóleo de calefacción, para gravar las emisiones de CO2.
Según el organismo presidido por Ángel Gurría, el primer consejo es acabar con las diferentes reglas autonómicas para establecer un mercado interior verdaderamente único que no ralentice el crecimiento de las empresas ni ponga obstáculos a la productividad ni a la creación de empleo.
Para ello solicita continuar la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado aprobada en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular, darle mayor transparencia y aumentar la cooperación entre diferentes administraciones.
La OCDE constata que los trabajadores con contratos temporales y con baja cualificación se han visto más afectados por la crisis de la Covid, ya que en parte están más concentrados en sectores como el turismo y los cuidados a personas.
Subraya que los cambios de la naturaleza del trabajo, con empleos muy cualificados y un aumento más rápido de la productividad necesitan una mejor formación de la fuerza laboral en un país donde eso falla y donde las necesidades de las empresas con frecuencia no se corresponden con el perfil profesional.
A su parecer, una modernización de la formación profesional y de las prácticas, en cooperación con las empresas, pueden contribuir a que haya una mayor correspondencia entre la oferta y la demanda. También pide mejoras en la educación universitaria y en la formación de los profesores.
Otro punto en el que la OCDE ve margen de mejora es el de las políticas activas de empleo, a las que habría que dedicar medios para perfeccionar la formación, y que estén en relación con las necesidades del mercado. Para eso, los servicios públicos de empleo deberían estar más coordinados con las empresas.
Igualmente, critica la falta de integración de la ayuda que se presta a los desempleados y propone poner en marcha un interlocutor único para los servicios sociales y laborales, así como el desarrollo de programas de formación dirigidos a personas con baja cualificación o a los trabajadores de mayor edad para, por ejemplo, formarlos en las tecnologías de la información.
La OCDE resalta que, en España, después de la fase de importantes reformas estructurales llevadas a cabo entre 2012 y 2015, los gobiernos en minoría que se han sucedido han ralentizado el paso.
