La norma define el autogobierno y los poderes de Murcia, su ámbito territorial y su capitalidad, los símbolos de la región y la ciudadanía en Murcia y en el exterior. También define los derechos, deberes y principios rectores, como la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, la protección contra la violencia de género o el derecho a la orientación sexual, entre otros. Asimismo, establece las instituciones de la comunidad autónoma y su funcionamiento, así como las relaciones con el Estado, la acción exterior de la Región de Murcia y la cooperación al desarrollo.
La sesión plenaria proseguirá con el debate de toma en consideración de la Proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio, cuya tramitación, que se inició en la XIII Legislatura, quedó suspendida por la disolución de las Cortes Generales. Esta norma propone una nueva redacción del apartado cuarto del artículo 143 del Código Penal, sobre la inducción al suicidio, para eximir de responsabilidad penal a quien "por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padezca una enfermedad grave que lo conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente, cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere a ello, dentro del marco legal establecido". En cualquier caso, tras la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que entrará en vigor el próximo 25 de junio, se añade un quinto apartado a este artículo 143 del Código Penal, que "establece que no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia".
Estatuto del artista y plan de ayudas a autónomos y empresarios
La sesión plenaria del martes continuará con el debate de iniciativas no legislativas. En concreto, se verán dos proposiciones no de ley y tres mociones. En primer lugar, la Proposición no de Ley sobre el Estatuto del Artista del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Este texto reconoce el trabajo desarrollado en la subcomisión de la Comisión de Cultura, para la elaboración de un Estatuto del Artista, que emitió un informe para intentar solventar los distintos problemas que fueron detectados. En este marco, la iniciativa insta al Gobierno a aprobar de tres meses el Estatuto del Artista, "que recoja las recomendaciones y propuestas planteadas por esta Cámara en junio de 2018 con el objetivo de solucionar los problemas que vienen afectando al sector cultural".
A continuación, el Congreso verá la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vox, relativa a crear un verdadero plan de ayudas directas que se distribuya de forma equitativa en todo el territorio nacional y esté dirigido a todos los autónomos y empresarios afectados por la pandemia causada por la COVID-19, con la que se insta al Gobierno a promover las "actuaciones necesarias dirigidas a modificar el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19". Esta iniciativa tiene por objetivos: "incrementar el importe otorgado de 7.000 millones de euros para ayudas directas"; eliminar el Anexo I del referido real decreto-ley "suprimiendo cualquier posibilidad de que el optar a estas ayudas esté condicionado a una clasificación de Códigos Nacionales de Actividades Económicas"; y "establecer unos requisitos más flexibles en cuanto al concepto de empresa viable optante a estas ayuda".
La jornada del martes finalizará con el debate de tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno de España para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes; seguida de la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre el estado de nuestra política exterior; y, finalmente, la del Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con las cotizaciones de los autónomos.
Sesión de Control al Gobierno
El Pleno se reanudará el miércoles, 9 de junio, con la Sesión de Control al Gobierno. A partir de las 09:00 horas, los grupos parlamentarios formularán las preguntas y las interpelaciones urgentes a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
Dictamen de la Comisión de Justicia
La sesión del jueves, 10 de junio, comenzará a las 09:00 horas, con el debate del Dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, que incluye el informe de la Ponencia y las enmiendas que, en su caso, se aprueben en la sesión de comisión del jueves 3 de junio. Dado su carácter orgánico, esta iniciativa, que superó su primer trámite parlamentario el pasado 20 de mayo, requiere de mayoría absoluta en una votación final de conjunto en el Pleno del Congreso antes de ser remitida al Senado.
Si bien este texto procede de un reglamento europeo, por lo que tendría eficacia directa en los los Estados miembros, sin necesidad de transposición, la creación de una Fiscalía Europea "requiere la adaptación y encaje en los sistemas procesales nacionales". La finalidad de la norma es, por tanto, la adecuación del ordenamiento jurídico español al Reglamento comunitario para la creación de una Fiscalía Europea, "un órgano común a los estados miembros pero independiente de estos, contemplado en inicio para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y por lo tanto, los intereses de la ciudadanía europea en su conjunto". La Fiscalía Europea estaría integrada por un nivel central, el Fiscal General Europeo, y un nivel descentralizado, compuesto por los fiscales europeos delegados, competentes en los territorios nacionales.
'Ley Rider', defensa del empleo y borrasca 'Filomena'
La sesión del jueves proseguirá con los debates de convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes. En primer lugar, el Real Decreto-ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocido como 'Ley Rider'. El objeto de esta norma es proteger a los trabajadores de entornos digitalizados, así como regular la relaciones laborales por cuenta ajena en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. Para ello, propone una nueva redacción al artículo artículo 64.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la que se reconoce el derecho del comité de empresa a conocer el funcionamiento de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial "que afecten a las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles". De igual forma, presenta una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las actividades de reparto cuando la empresa ejerza la organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio.
En segundo lugar, el Congreso decidirá sobre el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 27 de mayo, este texto contiene las condiciones para la prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre de 2021. El real decreto-ley materializa el acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social, departamento encabezado por Yolanda Día, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento dirigido por José Luis Escrivá, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
Este real decreto-ley también prorroga las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones. De igual manera, se mantienen las prestaciones extraordinarias para quienes no pueden desarrollar su actividad con normalidad.
Por último, se debatirá el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". Esta norma habilita partidas presupuestarias de hasta 509,5 millones de euros para aliviar los deterioros consecuencia la borrasca "Filomena" que puedan ser cubiertos mediante las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, declaradas el pasado 19 de enero por el Consejo de Ministros como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), este real decreto-ley suma las comunidades de Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y eleva los daños evaluados en infraestructuras públicas e intereses privados en un montante global de 44,3 millones de euros. De igual forma, se suman 30 millones de euros adicionales por daños en edificios e instalaciones de los diferentes departamentos ministeriales.
Además, el texto amplía las ayudas a otros episodios de naturaleza catastrófica acaecidos entre los días 1 de abril de 2020 y 30 de junio de 2021, que estarían exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De igual forma, la norma abre la puerta a posibles bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, que se concretarían en una orden ministerial posterior. También prevé que los autónomos que estuvieran percibiendo alguna bonificación y causaran baja a consecuencia de la borrasca no perderían el derecho a la bonificación. Por último, el texto establece un régimen de ayudas a corporaciones locales y entidades locales para la recuperación de las zonas siniestradas.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y creación de subcomisión
El Pleno de la próxima semana finalizará con el debate del Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre incompatibilidades en la declaración de actividades y con la propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo, de creación de una Subcomisión para analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal.
