Orientaciones de política presupuestaria
y continuación de la aplicación de la cláusula general de salvaguardia
La
activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento en marzo de 2020 permitió a los Estados miembros reaccionar con
rapidez y adoptar medidas de emergencia para atenuar las repercusiones económicas
y sociales de la pandemia.
El
3 de marzo de 2021, la Comunicación de la
Comisión sobre política presupuestaria aclaró que la decisión
de desactivar la cláusula general de salvaguardia debería adoptarse basándose
en una evaluación global de la situación de la economía según criterios
cuantitativos, siendo el criterio clave el nivel de actividad económica en la
UE comparado con los niveles anteriores a la crisis. Sobre la base de las previsiones económicas
de primavera de 2021 de la Comisión, la cláusula general
de salvaguardia seguirá aplicándose en 2022 y se espera que se desactive a
partir de 2023.
La
política presupuestaria en 2021 y 2022 tiene que seguir siendo expansiva. Los
Estados miembros deben evitar una retirada prematura de la ayuda y hacer pleno
uso de la financiación del MRR. La aplicación de inversiones y reformas en el
marco del MRR contribuirá a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor
potencial de crecimiento y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las
finanzas públicas. En 2022, es conveniente que las políticas presupuestarias
nacionales adquieran un mayor grado de diferenciación y que todos los Estados
miembros mantengan las inversiones para apoyar la recuperación. Una vez que las
condiciones lo permitan, los Estados miembros tienen que aplicar políticas para
garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.
Informe del artículo 126,
apartado 3, sobre el cumplimiento de los criterios de déficit y deuda del
Tratado
La
Comisión ha adoptado un informe de conformidad
con el artículo 126, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)
para todos los Estados miembros de la UE, a excepción de Rumanía, que ya está
sometida al componente corrector del Pacto. El objetivo del informe es evaluar
el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los criterios de déficit y
deuda establecidos en el Tratado. El análisis muestra que Bulgaria, Dinamarca y
Suecia cumplen el criterio de déficit y todos los demás Estados miembros no lo
cumplen. Trece Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia,
Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia y Finlandia) no
cumplen el criterio de deuda.
La
Comisión considera que, en esta fase, no debe tomarse una decisión sobre la
inclusión de los Estados miembros en el procedimiento de déficit excesivo. En
el caso de Rumanía, la Comisión recomienda actualizar su senda de ajuste
presupuestario, con el objetivo de corregir su déficit excesivo en 2024.
Corregir los desequilibrios
macroeconómicos
La
Comisión ha detectado vulnerabilidades macroeconómicas relacionadas con
desequilibrios y desequilibrios excesivos en los doce Estados miembros
seleccionados para exámenes exhaustivos en el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta de 2021. Tres Estados miembros siguen registrando desequilibrios
excesivos (Chipre, Grecia e Italia) y otros nueve experimentan desequilibrios
(Alemania, Croacia, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumanía y
Suecia).
Se
espera que la aplicación de las reformas y las inversiones en el marco del MRR
ayude a afrontar los retos detectados en anteriores ciclos del Semestre y
desempeñe un papel importante a la hora de abordar los desequilibrios
macroeconómicos existentes.
Informe de supervisión reforzada e
informes de supervisión posterior al programa
La
Comisión ha adoptado el décimo informe de
supervisión reforzada sobre Grecia. El informe concluye que, a pesar
de las difíciles circunstancias originadas por la pandemia de COVID-19, Grecia
ha adoptado las medidas necesarias para cumplir sus compromisos específicos.
La
Comisión también ha adoptado los informes de supervisión postprograma relativos
a Chipre, España, Irlanda y Portugal.
Los informes concluyen que las capacidades de reembolso de cada uno de los
Estados miembros afectados siguen siendo sólidas.
Orientaciones para las políticas de
empleo:
Las
orientaciones en el ámbito del empleo establecen prioridades comunes para las
políticas nacionales de empleo con el fin de hacerlas más integradoras y
justas. Las orientaciones, adoptadas en octubre de 2020, se actualizaron para
integrar la sostenibilidad medioambiental y la dimensión digital, reflejando la
Comunicación «Una Europa social más fuerte para unas transiciones justas» e
integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
También se abordaron las consecuencias de la crisis de la COVID-19,
proporcionando orientaciones específicas destinadas a atenuar el impacto social
y en el empleo de la crisis.
Dado
que siguen siendo pertinentes, la Comisión propone que se prorroguen las
actuales orientaciones en el ámbito del empleo en 2021, haciendo hincapié en el
papel de los nuevos objetivos principales de la UE establecidos con el Plan de
Acción del pilar europeo de derechos sociales y las orientaciones políticas derivadas
de la Cumbre Social de Oporto.
