La sesión plenaria ha comenzado a las 9:00 horas con el debate sobre el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, que ha sido convalidado con 193 votos a favor, 3 en contra y 152 abstenciones (entre ellas las del GPP).
Este texto, que ha sido defendido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dispone, entre otras medidas, una rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21 % al 10 %, hasta el 31 de diciembre de 2021, a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios cuando el precio medio del mercado mayorista de la electricidad 45 euros por megavatio a la hora y a los perceptores del bono social, con independencia del precio de la electricidad. De igual forma, exime a las empresas que producen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, durante el tercer trimestre de 2021.
Entre otras medidas, la norma también suspende las solicitudes de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica en el espacio marino hasta el desarrollo de un nuevo marco normativo. Además, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España, sobre empresas cotizadas o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.
El portavoz de Energía del GPP, Juan Diego Requena, acusó al Gobierno de ser“ una calamidad” en materia energética y advierte de que “la luz jamás estuvo tan alta durante tanto tiempo en los últimos años”- Reprochó a la vicepresidenta Ribera que siga haciendo oídos sordos a la propuesta del Partido Popular de suprimir el impuesto de la generación eléctrica para abaratar la factura de la luz, porque “el Gobierno va a hacer caja, ya tiene recaudado gran parte del impuesto y así el consumidor no se va a ahorrar ni un céntimo de euro”. Denunció que el Gobierno ha engañado a los españoles: “Usted dijo en enero que la subida de la luz era coyuntural y tenía un impacto limitado, pero sabíamos que era mentira y estos días tenemos el precio de la luz más caro de los últimos 20 años”. “No como algo coyuntural, sino permanente”, apostilló.
Asimismo, el Pleno extraordinario ha aprobado la convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el Real Decreto-ley 26/2020, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con 180 votos a favor, 90 en contra y 78 abstenciones.
La portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, afirmó que el PP no puede votara favor de un Real Decreto-Ley que no se guía por criterios científicos, sino para que “una optimista noticia desviara la atención de la concesión de los indultos”. Subrayó que el PP tampoco puede aprobar la gestión “de absoluto desgobierno y descoordinación” del Ejecutivo. “Su seña de identidad es una gestión siempre con criterios políticos”, añadió sobre sus medidas contra la Comunidad de Madrid. Advirtió de que el mensaje de falsa seguridad trasladado por el Ejecutivo ha contribuido a la situación en la que nos encontramos hoy, en plena quinta ola, y con Sánchez pidiendo convalidar en el Congreso “el decreto de las sonrisas”. “La irresponsabilidad del Gobierno se aprecia en cada una de sus actuaciones”, dijo.
“Llegó tarde en la adopción de medidas contra el virus, obviando la alerta internacional de la OMS; decretó un estado de alarma en marzo que el TC declaró inconstitucional, como ya advirtió Pablo Casado en el primer debate; y aprobó el decreto de nueva normalidad en julio para irse de vacaciones trasladando toda la responsabilidad a las CC.AA., tras lo que llegó la segunda ola”, criticó.
La sesión plenaria ha continuado con la intervención de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para defender el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha sido convalidado con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. De igual forma, será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 346 votos a favor, uno en contra y una abstención.
El texto del Ejecutivo modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con el objetivo de incidir en el carácter temporal de la figura del personal interino. Para ello, la reforma establece que la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.
Además, la norma pretende completar los procesos de estabilización de empleo temporal contemplados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018. De igual manera, establece el procedimiento para la estabilización del personal interino, mediante la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de estas plazas antes del 31 de diciembre de 2022. La norma dispone que el sistema de selección será "el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente".
Este Real Decreto-ley introduce, además, dos medidas para atender la situación del personal sujeto al proceso de estabilización. En primer lugar, se podrá incluir a los candidatos que no superen las pruebas de selección pero que hayan obtenido una calificación suficiente en una bolsa de interinos. En segundo lugar, si un candidato no superara el proceso de selección, se le compensaría con una retribución económica de veinte días por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades.
La portavoz de Función Pública del GPP, Llanos de Luna, advirtió de que el Real Decreto-Ley sobre interinos “crea más problemas que soluciones al contener en su regulación auténticas lagunas e imprecisiones normativas”. Recordó que el anterior Gobierno del Partido Popular llevó al Congreso los procesos de estabilización del empleo público en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018, mientras que el Gobierno de Sánchez, en su línea autoritaria, lo hace a través de un uso abusivo del Decreto Ley. Subrayó que “el Ejecutivo debería haber traído al Congreso un Proyecto de Ley para que esta cuestión hubiera gozado de consenso, de debate y de participación de todas las partes afectadas”
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha defendido esta norma con la que se reconoce a la `Colección Carmen Thyssen-Bornemisza¿ la garantía del Estado referida en la disposición adicional novena de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que determina que "a los efectos de esta disposición, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza tendrá la misma consideración que los museos señalados en el párrafo anterior" y que "por Real Decreto, a propuesta de los Ministros de Cultura, y de Economía y Hacienda, se regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de este compromiso y la forma de hacerlo efectivo en su caso".
Asimismo, el texto, en el ámbito del deporte, aclara el alcance y régimen de las nuevas facultades de comercialización conjunta de derechos audiovisuales atribuidas a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como entidad organizadora de competiciones de ámbito estatal y no profesional. Para ello, modifica el Real Decreto-ley de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
