De igual forma, modifica la Ley del Estatuto de los Trabajadores para introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para los casos en los que un trabajador que ejerza una profesión que implique contacto habitual con menores sea condenado en resolución judicial firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Por último, esta proposición de ley introduce la colaboración entre el Poder Judicial y las administraciones públicas competentes para que sean notificadas de inmediato "las resoluciones judiciales que tengan por objeto el enjuiciamiento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos", cuando el investigado ejerza una profesión que implique el contacto habitual con menores.
El Pleno decidirá, a continuación, si toma en consideración la Proposición de Ley integral del cannabis impulsada por Más País, partido integrado en el Grupo Parlamentario Plural. El objeto de esta ley consiste en "declarar y reconocer el valor y carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta «Cannabis Sativa L» en todas sus variedades". En cuanto al uso particular de las plantas de Cannabis Sativa L el texto establece los límites de posesión en 12 individuos femeninos en plantación exterior y un máximo de 3.650 gramos para el almacenaje de flor seca o de 1.000 gramos cuando se encuentre extraído en resina; además permite transportar por la vía pública de forma oculta y sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria de consumo diario.
El texto también regula y delimita el cultivo profesional, que requerirá la previa autorización por parte de las administraciones públicas, y los usos medicinales o terapéuticos. Además, creará un Impuesto Especial Sobre el Cannabis, que no podrá exceder de un gravamen máximo del 35% sobre el precio final de venta al público y del que estarán excluidos los usos medicinales y terapéuticos.
Iniciativas no legislativas
La sesión del martes proseguirá con los debates de proposiciones no de ley y mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Así, en primer lugar decidirá sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu relativa a la conversión en permanentes de las medidas relativas a vivienda y suministros contempladas en el "escudo social". Esta iniciativa insta al Ejecutivo a "convertir en derechos sociales permanentes, eliminando el carácter extraordinario y temporal en su aplicación, las medidas de protección social relativas a vivienda y suministros básicos contempladas en el RDL 16/2021, de 6 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica".
A continuación, el Pleno del Congreso verá la Proposición no de Ley sobre la recuperación pública de las centrales hidroeléctricas, impulsada por la CUP, formación adscrita al Grupo Parlamentario Mixto. Este texto insta al Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a realizar "un estudio del estado de todas las concesiones de las centrales hidroeléctricas"; a obligar a "los Registros de Aguas a certificar la caducidad real de las concesiones" y a "los registros públicos de aguas para que aseguren que las centrales hidroeléctricas pasen a gestión pública sin más concursos privados una vez se acaben las concesiones, asegurando una fórmula en la que los beneficios reviertan en el territorio y en las administraciones municipales"; a "crear una Confederación Hidrográfica propia para la Garona y a traspasar las competencias de la Cuenca Hidrográfica del Ebro a la Agencia Catalana del Agua de la Cuenca del Ebro que pasa por Catalunya".
Además, esta proposición no de ley también solicita al Gobierno y al Ministerio de Consumo que insten "a la CNMC a investigar y sancionar a las compañías privadas que hayan cometido fraude, obligando a la restitución económica de la explotación fraudulenta a la administración pública local, comarcal o autonómica competente".
Por último, el texto insta al Congreso de los Diputados a crear una comisión de investigación "con el objetivo de revisar todas las concesiones y fechas de caducidad de las centrales hidroeléctricas, y la posible vulneración de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que establece el período de 75 años de explotación como máximo".
La sesión del martes finalizará con el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, se verá la del Grupo Parlamentario Vox, sobre las "medidas que va a desarrollar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para ejecutar el compromiso de bono joven formulado por el Presidente del Gobierno". Por último, se debatirá la moción del Grupo Parlamentario Popular "para que el Gobierno explique cómo se han visto afectadas las principales variables incluidas en el cuadro macroeconómico por los últimos datos conocidos, así como las medidas que piensa adoptar para compensar su efecto en nuestra economía".
Sesión de control
La jornada del miércoles, 20 de octubre, comenzará a las 9:00 horas con la Sesión de Control al Gobierno. Los grupos parlamentarios formularán las preguntas a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
En esta ocasión, las preguntas estarán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
La sesión de control finalizará con cuatro interpelaciones urgentes. En esta ocasión, el Pleno escuchará la interpelación urgente de Compromís, partido integrado en el G.P. Plural, sobre "la situación insostenible en la que se encuentra el servicio de cercanías de Renfe en el territorio valenciano", pospuesta en la sesión del pasado miércoles, 13 de octubre. A continuación, se verán la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno de España para garantizar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos"; la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox, sobre "las medidas que va a adoptar el Gobierno para asegurar la ejemplaridad de sus miembros"; y la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular "sobre sus subidas de impuestos a las familias y las empresas españolas en el año 2022".
Rehabilitación edificatoria y convivencia universitaria
El Pleno se reanudará el jueves, 21 de octubre, a las 9:00 horas, con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este texto del Gobierno introduce modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio para regular los incentivos de apoyo, con deducciones en el IRPF del 20% al 60%, al Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, financiado con 3.420 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por la Unión Europa.
Además, el texto del Gobierno modifica la Ley sobre propiedad horizontal, en lo relativo a las comunidades de propietarios, para que solo sea necesario alcanzar la mayoría simple para la aprobación de obras de rehabilitación que contribuyan a la eficiencia energética o que implanten fuentes de energía renovable de uso común. Con el objetivo de facilitar el acceso de las comunidades de propietarios a estas obras de rehabilitación, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, de forma que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de créditos.
La norma gubernamental también contempla la creación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de hasta 1.100 millones de euros, para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación.
A continuación, el Congreso celebrará el debate de totalidad del Proyecto de Ley de convivencia universitaria. El texto del Gobierno tiene por objeto "establecer las bases de la convivencia en el ámbito universitario" mediante unas normas de convivencia que deberán desarrollar las universidades tanto públicas como privadas con medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación y el acoso. Además, el texto regula el régimen disciplinario de los estudiantes con distinción entre faltas muy graves (entre las que se incluyen las novatadas o conductas vejatorias, la violencia, acoso y discriminación sexual, plagio en Trabajos de Fin de Grado o Máster y tesis doctorales, etc.), graves (como deteriorar el patrimonio de la universidad, impedir la celebración de actividades universitarias, incumplir las normas de seguridad y salud, etc.) y leves (como acceder indebidamente a instalaciones universitarias, entre otras).
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Republicano ha registrado un texto alternativo que, de ser aceptado por la Cámara Baja, será tramitado en lugar del texto del Gobierno.
La modificación propuesta por este grupo parlamentario deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional y modifica el artículo 46 de la Ley Orgánica de Universidades sobre los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las universidades para que regulen de forma explícita los mecanismos para la garantía de los derechos y deberes de los estudiantes.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda a la totalidad de devolución por lo que en caso de aprobarse la iniciativa gubernamental sería devuelta al Gobierno y finalizaría su tramitación parlamentaria.
La enmienda del Grupo Popular señala que con carácter previo al inicio de la tramitación de este proyecto de ley debería haberse procedido a la tramitación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, cuyo anteproyecto fue informado por el Consejo de Ministros el 31 de agosto de 2021 y que, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supondrá una "reforma integral" del sistema universitario. Además, según el texto de dicha enmienda, la tramitación del Proyecto de Ley de convivencia universitaria "atentaría contra la seguridad jurídica, por la volatilidad del marco normativo aplicable".
Convenios internacionales
Para finalizar el
Pleno de la próxima semana, el Congreso verá 11 dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
