El Pleno del Congreso ha aprobado hoy las enmiendas incorporadas por el Senado al Proyecto de Ley que establece el ingreso mínimo vital. Con este debate concluye su tramitación parlamentaria y el texto queda listo para su entrada en vigor. Asimismo, la Cámara ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional, que, por su carácter orgánico, necesitaba el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso antes de su remisión al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
La
sesión plenaria de este jueves, 16 de diciembre, ha comenzado a las 9:00 horas
con el debate del dictamen de la Comisión de Educación y Formación
Profesional sobre el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la
Formación Profesional, que ha sido aprobado por 180 votos a favor,
88 en contra y 75 abstenciones. Este texto, que fue aprobado en comisión el pasado 1 de diciembre, por su carácter orgánico,
requería de mayoría absoluta en una votación final de conjunto en el Pleno del
Congreso antes de ser remitido al Senado. La iniciativa del Gobierno establece
un nuevo sistema de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que
contempla unidades de aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A),
hasta títulos y cursos de especialización (grados D y E).
El
texto dispone que toda la formación profesional tendrá carácter dual: se
realizará entre el centro de formación y la empresa, en dos intensidades, en función
de las características del período de formación en el centro de trabajo.
Existirán dos modalidades de formación profesional: general, con una duración
de formación en la empresa de entre el 25 % y el 35 % y una participación de la
empresa de hasta un 20 % en los resultados de aprendizaje del currículo; e
intensiva, con formación en la empresa a partir del 35 % de la duración total y
una colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30 %
respecto del currículo.
Apoyo a empresas, medidas energéticas y
protección al Mar Menor
Acto
seguido, el Congreso ha convalidado, ha convalidado, con 287 votos a favor, ninguno en contra y 55 abstenciones,
el Real Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas
económicas para apoyar la recuperación. Además, el Pleno ha
rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El
texto, que ha sido defendido ante el Pleno por la vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, extiende algunas de las medidas de apoyo para la recuperación
económica tras la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 a través de
cuatro ámbitos de actuación: en primer lugar, apoyo a empresas, mediante la
extensión del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia, la exclusión
de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución
empresarial y el establecimiento de un marco durante 2022 para las inversiones
extranjeras directas.
En
segundo lugar, medidas en materia energética, con las que se amplía la
cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de
contrato de suministro, se garantiza el cobro por parte de las
comercializadoras de último recurso de gas natural y se fomentan las
infraestructuras de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos,
mediante la prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de
suministro de estaciones de servicio.
En
tercer lugar, mediante el texto del Ejecutivo se instrumenta la declaración de
interés general de determinadas obras necesarias para la protección y
recuperación ambiental del Mar Menor y se introducen medidas de "distinta
índole, orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna".
En último lugar, el real decreto-ley también introduce medidas para evitar que los
trabajadores de la minería se vean perjudicados por las labores de cierre y
restauración de las minas de carbón.
Ingreso mínimo vital
La
sesión plenaria de hoy ha concluido con el debate de las enmiendas del Senado
al Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital,
que ha quedado aprobado definitivamente. Esta iniciativa, procedente de un real
decreto-ley cuya tramitación se ha acordado por el procedimiento de urgencia,
fue remitida al Senado por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, el pasado 19 de noviembre. El Congreso ha incorporado
las enmiendas de la Cámara Alta. Tras este último debate, el proyecto de ley
queda listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su posterior
entrada en vigor el 1 de enero de 2022.
Este
proyecto de ley configura el ingreso mínimo vital (IMV) como el derecho a una
prestación económica que garantiza "un nivel mínimo de renta a quienes se
encuentren en situación de vulnerabilidad económica" para prevenir el
riesgo de pobreza y exclusión social. Del mismo modo, el texto regula la
figura del titular de la prestación así como las causas de suspensión y
extinción del derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las
prestaciones indebidas. Esta ayuda será compatible con las prestaciones
autonómicas en concepto de rentas mínimas.
Sesión de control al Gobierno
La
jornada del miércoles, 15 de diciembre, ha comenzado a las 09:00 horas con la
Sesión de Control al Ejecutivo. Los grupos parlamentarios han formulado las
preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución
establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento,
relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.
En
esta ocasión, las preguntas se han dirigido al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra
de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar
Alegría; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
A
continuación, el Grupo Parlamentario Popular ha interpelado a la vicepresidenta
primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, "para que el Gobierno explique la arbitrariedad en la asignación
de algunas partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el
retraso en la ejecución real de esos fondos europeos".
El Congreso
acordó el martes la modificación del orden del día en el sentido de excluir las
interpelaciones urgentes de los grupos parlamentarios VOX, "sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico
español", y Vasco (EAJ-PNV), "sobre la inexistencia de corredores
humanitarios que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de las
personas migrantes en tránsito en el interior de las fronteras de la Unión
Europea".
La
jornada del miércoles ha concluido con el debate de las mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes pospuestas en la sesión del martes. En primer
lugar, se ha debatido la moción del Grupo Parlamentario Popular, "sobre la política del Gobierno en materia de transporte de
mercancías por carretera", que ha sido rechazada por 147 votos
a favor, 180 en contra y 3 abstenciones. Por último, el Pleno ha debatido la
moción del Grupo Parlamentario Vox, "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la
enseñanza del castellano en todo el territorio nacional", que
ha quedado rechazada por 147 apoyos, 181 en votos en contra y 2 abstenciones.
Gratuidad de la educación infantil y ley
de vivienda
El Pleno de esta semana ha comenzado el
martes, 14 de diciembre, a las 15:00 horas con el debate de toma en
consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía,
relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de
la educación infantil, que ha sido aprobada por 310 votos a favor, ninguno en contra y 27
abstenciones. Esta iniciativa, que ha sido defendida ante el
Pleno por una delegación del parlamento andaluz integrada por María Márquez
Romero, Miguel Ángel Ruiz Ortiz y María del Mar Sánchez Muñoz, propone la
modificación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para que en el
artículo 15, sobre la oferta de plazas y gratuidad de la educación infantil, se
establezca que el Gobierno "deberá contribuir a la financiación de la
extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia
una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficiente y asequible, con
equidad y calidad, y que garantice su carácter educativo, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado".
De
igual forma, el texto de la comunidad autónoma determina que las
"administraciones educativas garantizarán la universalidad del primer y
segundo ciclo de educación infantil impulsando la gratuidad de manera
progresiva a fin de atender las demandas de las familias" y que los
"centros educativos podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil,
el segundo o ambos, si bien el primer ciclo sólo podrá ofrecerse en centros
exclusivos de educación infantil". Por último, mediante una disposición
adicional, la iniciativa añade que el "Estado transferirá a las
comunidades autónomas el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del
servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños
y niñas matriculados en el primer ciclo de la educación infantil, tanto en
centros públicos como en privados".
A
continuación, el Pleno ha rechazado iniciar la tramitación de la Proposición de Ley de garantía del derecho a la
vivienda digna y adecuada, por 57 votos a favor, 280 en contra y 98 abstenciones.
La iniciativa, impulsada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidas
Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural (Compromís, Junts
per Catalunya, BNG y Más País), Euskal Herria Bildu y Mixto, a través de nueve
títulos, introduce medidas para evitar desahucios de personas en riesgo de
exclusión y plantea que la ocupación de vivienda vacía de entidades financieras
no se aborde por procedimiento penal, cuando ya existe la vía civil. En
relación a los préstamos hipotecarios, regula la dación en pago y modifica el
procedimiento de ejecución hipotecaria, en lo relativo al control de cláusulas
abusivas.
Además,
plantea la regulación del arrendamiento de vivienda, con la posibilidad de
actuar sobre áreas urbanas declaradas como de mercado de vivienda tensionado, y
se regulan los alquileres sociales y turísticos. Asimismo, prohíbe la venta del
parque de vivienda pública y se marca un objetivo de solidaridad urbana para
que en 2050 el 20 % de las viviendas cumpla políticas sociales.
Iniciativas no legislativas
La
sesión del martes ha concluido con los debates de las proposiciones no de ley y
las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Así, en primer lugar el
Pleno ha aprobado, con 184 apoyos, 52 votos negativos y 98 abstenciones, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa al impulso de un grupo de estudios sobre la
implantación de un euro digital como moneda pública digital. Esta
iniciativa insta al Gobierno "a impulsar en colaboración con el Banco de
España la creación de un Grupo de Estudios para evaluar la posible implantación
de un euro digital como moneda pública digital (CBDC) que permita ofrecer una
mayor estabilidad financiera tanto a la economía española como al conjunto de
la eurozona, y recupere el carácter del dinero como bien público y bajo control
democrático".
A continuación, el Congreso ha rechazado, con 154 votos a favor, 175 votos en
contra y 5 abstenciones, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, sobre adecuación de la normativa de
contratación pública a la situación económica actual. El grupo
proponente solicita al Gobierno "una modificación legislativa de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, y de la Ley 2/2015, de desindexación
de la economía española, con el fin de flexibilizar las condiciones previstas
para la modificación de los contratos públicos de obra "en precio y en
plazo", así como para ampliar las situaciones de excepcionalidad en las
que es posible la revisión de precios, conforme a un entorno de presión extraordinaria
de los costes, producto de un momento coyuntural extraordinario".
La
sesión del martes ha finalizado con el debate de la moción consecuencia de
interpelación urgente del diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias,
formación integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, "sobre las
previsiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en
relación con la implantación de nuevos sistemas de pago o tarificación por el
uso de vías rápidas de alta capacidad, así como la eliminación y bonificación
de peajes con especial referencia al eje radial Asturias Madrid que incluye la
AP 6 (Villalba Adanero) y la AP 66 (Autopista del Huerna)", que ha sido
rechazada por 151 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones. Las dos
mociones restantes han sido pospuestas a la sesión del miércoles 15 de
diciembre.
