A continuación, el Pleno
decidirá si inicia la tramitación de la Proposición
de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada,
impulsada por los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú
Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural (Compromís, Junts per Catalunya,
BNG y Más País), Euskal Herria Bildu y Mixto.
Iniciativas
no legislativas
La sesión del martes
concluirá con los debates de las proposiciones no de ley y las mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Así, en primer lugar el Pleno verá la
proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista relativa
al impulso de un grupo de estudios sobre la implantación de un euro digital
como moneda pública digital. Esta iniciativa insta al Gobierno
"a impulsar en colaboración con el Banco de España la creación de un Grupo
de Estudios para evaluar la posible implantación de un euro digital como moneda
pública digital (CBDC) que permita ofrecer una mayor estabilidad financiera
tanto a la economía española como al conjunto de la eurozona, y recupere el
carácter del dinero como bien público y bajo control democrático".
A continuación, el
Congreso debatirá la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre
adecuación de la normativa de contratación pública a la situación económica
actual. El grupo proponente solicita al Gobierno "una
modificación legislativa de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y
de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, con el fin de
flexibilizar las condiciones previstas para la modificación de los contratos
públicos de obra "en precio y en plazo", así como para ampliar las
situaciones de excepcionalidad en las que es posible la revisión de precios,
conforme a un entorno de presión extraordinaria de los costes, producto de un
momento coyuntural extraordinario".
La sesión del martes
finalizará con el debate de tres
mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, se verá
la del diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, formación integrada
en el Grupo Parlamentario Mixto, "sobre las previsiones del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación con la implantación de
nuevos sistemas de pago o tarificación por el uso de vías rápidas de alta
capacidad, así como la eliminación y bonificación de peajes con especial
referencia al eje radial Asturias Madrid que incluye la AP 6 (Villalba Adanero)
y la AP 66 (Autopista del Huerna)". En segundo lugar, se debatirá la
moción del Grupo Parlamentario Popular, "sobre la política del Gobierno en
materia de transporte de mercancías por carretera". Por último, el Pleno
verá la moción del Grupo Parlamentario Vox, "sobre las medidas que va a
adoptar el Gobierno para garantizar la enseñanza del castellano en todo el
territorio nacional".
Sesión
de control al Gobierno
La jornada del
miércoles, 15 de diciembre, comenzará a las 09:00 horas con la Sesión de
Control al Ejecutivo. Los grupos parlamentarios formularán las preguntas a los
miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida en la
Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a
la formulación de preguntas orales en Pleno.
En esta ocasión, las
preguntas estarán dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la
vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de
Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Educación y
Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad,
Carolina Darias.
La jornada finalizará
con tres interpelaciones urgentes. En primer lugar, el Pleno escuchará la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox, "sobre las medidas que
va a adoptar el Gobierno para proteger el sector turístico español". A
continuación, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) expondrá su interpelación
"sobre la inexistencia de corredores humanitarios que permitan
salvaguardar los derechos fundamentales de las personas migrantes en tránsito
en el interior de las fronteras de la Unión Europea". Por último, el Grupo
Parlamentario Popular defenderá su interpelación "para que el Gobierno
explique la arbitrariedad en la asignación de algunas partidas del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, así como el retraso en la ejecución real de esos
fondos europeos".
Formación
Profesional
La sesión plenaria del
jueves, 16 de diciembre, comenzará a las 9:00 horas con el debate del dictamen
de la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el Proyecto
de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional.
Este texto, que fue aprobado en comisión el
pasado 1 de diciembre, por su carácter orgánico, requiere de mayoría
absoluta en una votación final de conjunto en el Pleno del Congreso antes de
ser remitido al Senado. La iniciativa del Gobierno establece un nuevo sistema
de grados de formación profesional (A, B, C, D y E), que contempla unidades de
aprendizaje más pequeñas o microformaciones (grado A), hasta títulos y cursos
de especialización (grados D y E).
El texto dispone que
toda la formación profesional tendrá carácter dual: se realizará entre el
centro de formación y la empresa, en dos intensidades, en función de las
características del período de formación en el centro de trabajo. Existirán dos
modalidades de formación profesional: general, con una duración de formación en
la empresa de entre el 25 % y el 35 % y una participación de la empresa de
hasta un 20 % en los resultados de aprendizaje del currículo; e intensiva, con
formación en la empresa a partir del 35 % de la duración total y una
colaboración de la empresa con el centro de formación de más del 30 % respecto
del currículo.
Apoyo
a empresas, medidas energéticas y protección al Mar Menor
Acto seguido, el
Congreso debatirá sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar
la recuperación. El texto, que será defendido ante el Pleno por un
miembro del Gobierno, extiende algunas de las medidas de apoyo para la
recuperación económica tras la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 a
través de cuatro ámbitos de actuación: en primer lugar, apoyo a empresas,
mediante la extensión del plazo para las ayudas a la liquidez y la solvencia,
la exclusión de las pérdidas de 2020 y 2021 a los efectos de la causa de
disolución empresarial y el establecimiento de un marco durante 2022 para las
inversiones extranjeras directas.
En segundo lugar,
medidas en materia energética, con las que se amplía la cobertura para los
suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de
suministro, se garantiza el cobro por parte de las comercializadoras de último
recurso de gas natural y se fomentan las infraestructuras de acceso público de
recarga rápida de vehículos eléctricos, mediante la prohibición de las
cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de
servicio.
En tercer lugar,
mediante el texto del Ejecutivo se instrumenta la declaración de interés
general de determinadas obras necesarias para la protección y recuperación
ambiental del Mar Menor y se introducen medidas de "distinta índole,
orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna". Por
último, el real decreto-ley también introduce medidas para evitar que los
trabajadores de la minería se vean perjudicados por las labores de cierre y
restauración de las minas de carbón.
Ingreso
mínimo vital
La jornada del jueves
proseguirá con el debate de las enmiendas del Senado al Proyecto
de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital. Esta
iniciativa, procedente de un real decreto-ley cuya tramitación se ha acordado
por el procedimiento de urgencia, fue remitida al Senado por la Comisión de
Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado
19 de noviembre. La Cámara Alta ha incorporado enmiendas al texto,
que ahora regresa al Congreso para que decida si acepta las modificaciones del
Senado o si regresa a la redacción anterior de la Cámara Baja. Tras este último
debate, el proyecto de ley quedará listo para su publicación en el Boletín
Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor el 1 de enero de 2022.
Este proyecto de ley
configura el ingreso mínimo vital (IMV) como el derecho a una prestación
económica que garantiza "un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren
en situación de vulnerabilidad económica" para prevenir el riesgo de
pobreza y exclusión social. Del mismo modo, el texto regula la figura del
titular de la prestación así como las causas de suspensión y extinción del
derecho, las incompatibilidades y el reintegro de las prestaciones indebidas.
Esta ayuda será compatible con las prestaciones autonómicas en concepto de
rentas mínimas.
