La sesión arrancó con el debate del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación.
La
diputada del GPP por Tenerife, Ana Zurita advirtió a la ministra de Hacienda que las modificaciones recogidas en el Real Decreto-Ley de modificación
del REF no resuelven al 100% las demandas de los ciudadanos canarios, como
ocurre con el plazo de vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC)
Y
tras anunciar que el GPP votaría a favor, pidió que el citado Real Decreto-Ley
se tramitase como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados para acometer
“modificaciones de más calado y certeras para lograr un entorno económico de
certidumbre en la inversión y de seguridad jurídica para los agentes económicos
en las islas”
Fue convalidado por 271 votos a favor, 1 voto en contra y 69 abstenciones. Su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia ha sido rechazada por 151 votos a favor, 171 votos en contra y 18 abstenciones.
En segundo lugar se sometió a debate el Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
El
diputado del GPP por Tenerife, Sebastián Ledesma tras anunciar que el GPP
votaría a favor, instó al Gobierno a aprobar un plan integral para la
reconstrucción de La Palma, con una dotación de 1.000 millones, tal y como
propuso el Grupo Popular durante la tramitación en el Congreso de los
Presupuestos del Estado para 2022 a través de sus enmiendas.
Fue convalidado con 334 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones y se rechazado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con 144 votos a favor, 188 votos en contra y 14 abstenciones.
En este punto el GPP votó abstención, justificada por nuestro portavoz de Energía, Juan Diego Requena, reprochando a la vicepresidenta Ribera que la normativa del Gobierno incluya 525 millones en ayudas directas del Plan de Recuperación (PRTR) a las grandes compañías eléctricas para instalación de puntos de recarga sin control previo y mediante operaciones no presupuestarias, mientras impondrá la implantación de puntos a estaciones de servicio, concesionarios de carreteras y zonas de aparcamiento sin ninguna ayuda.
Fue convalidada por 197 votos a favor, 3 votos en contra y
147 abstenciones y se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia tras haberse aprobado por 341 votos a favor, 4 votos en contra y 2
abstenciones.Por otro lado, incluye medidas para fomentar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y los proyectos de autoconsumo. Se modifican también los plazos intermedios de los trámites administrativos para la autorización de nuevas plantas de energías renovables. El Real Decreto-ley autoriza también una convocatoria de oposiciones de 926 plazas.
