El 51 % de las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados derivan de una forma u otra de las decisiones adoptadas en Bruselas.

La Oficina del Parlamento Europeo en España para dar visibilidad a las leyes europeas que se transponen en el ordenamiento español difundía a finales del pasado año una información en la que constaba la influencia  de las directrices y decisiones europeas en la producción legislativa española.

Una interesante reflexión que yo, como  diputado hago con frecuencia cuando  tengo que explicar la actividad que realizamos en el Congreso de los Diputados. En concreto en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que presido, la influencia de las normas europeas sobre las materias que tratamos es importantísima.

Así en una nota informa decía que “durante 2021, segundo año de la XIV legislatura española, el Congreso de los Diputados ha aprobado, entre enero y el 17 de diciembre, un total de 55 leyes. De ellas, un total de 28 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea.

Es decir, el 51% de las leyes aprobadas (entre ellas Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias y Reales Decretos - Leyes) derivan de una forma u otra de las decisiones adoptadas en Bruselas.

De esas 28 normativas, 11 de ellas responden al mandato de transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Se trata, concretamente, de directivas relacionadas con:

- Asimetrías híbridas 

- Elusión fiscal y su implicación en el mercado interior

- Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas

- Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal

- Sector de la Competencia, entidades de créditos, telecomunicaciones, medidas tributarias, daños medioambientales, desplazamientos de trabajadores, defensa de los consumidores

- Mercado interior de la electricidad y eficiencia energética

- Prevención, detección e investigación de infracciones penales y de ejecución de sanciones 

- Cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea

- Real Decreto-Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas

- Cadena alimentaria

- Residuos y suelos contaminados

El resto de normativas aprobadas (17 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo o de otras instituciones comunitarias. Es decir, respetan la línea de actuación recomendada desde las instituciones de la UE, inspirándose en la misma.

Estas iniciativas legislativas regulan aspectos mayoritariamente relacionados con las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 -medidas para la reactivación económica, social, cultural, transportes, vivienda y teletrabajo- pero también con áreas diversas, desde la prevención de la violencia en la infancia y la adolescencia a determinados límites a las reducciones de IVA, el trabajo a distancia y la temporalidad en el empleo público.

En opinión de Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, "un año más el estudio de la oficina del Parlamento Europeo en España pone de manifiesto el avance de la integración europea. Cada vez son más las leyes y decisiones nacionales que derivan directa o indirectamente de las normas europeas aprobadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, a las que hay que añadir las leyes de aplicación directa. 

Es importante que la ciudadanía sepa que una parte del trabajo de los parlamentos y gobiernos nacionales es continuación del de las instituciones europeas y que ya no se entiende la política nacional si no es en el contexto de la política europea. Por eso las elecciones al Parlamento Europeo o la investidura de la Comisión cobran ahora más importancia, y por eso parlamentos nacionales y Parlamento Europeo deberían intensificar su colaboración".