En este ejercicio, el Defensor del Pueblo ha tramitado 29.401
expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, ha
formulado 2.231 resoluciones a las diferentes administraciones. Y fueron
atendidas 33.708 personas, la mayoría telefónicamente.
Ángel Gabilondo, que ha acudido al Senado junto a las dos adjuntas
de la Institución -Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena- señaló que la Institución no solo busca
soluciones individuales, sino que intenta extraer consecuencias de carácter
general que puedan beneficiar a toda la ciudadanía. “El trabajo
que realizamos desde la institución Defensor del Pueblo es muchas veces solo un
paso, que deseamos clave, en una tarea más amplia, pues esta Institución no
está llamada a zanjar directamente los problemas que se le plantean, pero
aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su
adecuado planteamiento”, apuntó.
Asimismo, el Defensor del Pueblo, manifestó que los informes
anuales son un instrumento privilegiado que permite conocer los problemas que
los ciudadanos y ciudadanas plantean y las carencias en la actuación de los
poderes públicos. En esta línea, Gabilondo destacó que las personas que se
dirigen con sus quejas a la Institución tienen que saber “que no están solas, que hay caminos y
que, además, esta Institución las escucha y atiende” y que
traslada sus quejas a los poderes públicos para que se adopten las medidas
oportunas para su solución.
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo, que recordó que
las tareas y actuaciones del informe presentado corresponde casi en su
totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, dijo que 2021 ha estado
marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19 y “sus gravísimas
repercusiones sociales y económicas de alcance mundial”. Así, explicó que la
incidencia de la pandemia ha sido extraordinaria llegando a producir, incluso,
una cierta paralización de muchos proyectos, medidas o protocolos puestos en
marcha. A su juicio, su repercusión se ha notado en la salud pública y también
“ha afectado de un modo significativo a la percepción respecto del
funcionamiento de la Administración Pública que tiene la sociedad española”,
remarcó.
Principales
actuaciones
A lo largo de su comparecencia, Ángel Gabilondo hizo un repaso de
las principales actuaciones de la Institución en 2021.
En materia sanitaria destacó que se han recibido 2.245 quejas que han cuestionado determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública, tales como la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de espera; la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del certificado COVID o el elevado precio de las PCR.
Por lo que respecta a la política social, el Defensor resaltó que el impacto de la COVID ha supuesto “un antes y un después” en la atención residencial de personas mayores, dependientes o con discapacidad. Además, la crisis pandémica ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas. En este contexto, Ángel Gabilondo aseguró que el Ingreso Mínimo Vital “está llamado a ser un importante elemento redistributivo y de cohesión social” y recalcó que la Institución ha formulado varias resoluciones para mejorar su aplicación.
La mayor parte de las quejas en materia
educativa en 2021 hicieron referencia a los problemas
ocasionados por la pandemia. Las familias plantearon dudas por los protocolos
COVID; los sistemas de ventilación; el absentismo escolar de menores
vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros
asuntos. La Institución realizó actuaciones para evitar que la crisis sanitaria
tuviese un impacto negativo en la educación. Ángel Gabilondo insistió en la
necesidad de ampliar la oferta educativa pública en el primer ciclo de
educación infantil para avanzar en la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Durante 2021 se incrementaron las quejas de víctimas de violencia de género relacionadas
con procesos de guarda, custodia y regímenes de visita. El Defensor abogó por
“mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y
facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de
emergencia hasta la integración social”.
La dificultad de acceso a la vivienda es
otro de los asuntos que han suscitado un importante número de quejas ante el
Defensor del Pueblo en 2021. Ángel Gabilondo afirmó que el parque público de
viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandan que reúnen
los requisitos y ha reclamado procedimientos de adjudicación de viviendas más
ágiles y transparentes.
En materia económica, el Defensor
indicó que se recibieron numerosas quejas que evidencian la insuficiencia de
los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras. Además, se
tramitaron expedientes sobre el servicio eléctrico, sobre todo relacionados con
problemas en el suministro, facturación, arbitrariedad con los consumos
estimados o con el reconocimiento de la condición de beneficiario del bono
social eléctrico y del bono social térmico. La Institución también actuó de
oficio por la opacidad del modelo de factura eléctrica. La brecha digital es
otro asunto que preocupa especialmente a la Institución, que ha actuado de
oficio por los problemas que el impacto de las nuevas tecnologías tiene sobre
colectivos con dificultades para acceder a ellas.
En relación al empleo
público, Ángel Gabilondo recordó que desde 2010 se ha producida
una continua merma de empleados por la falta de reposición de efectivos.
También señaló que la Institución ha alertado sobre la elevada tasa de
temporalidad en el empleo público. La crisis sanitaria puso de manifiesto la
infradotación del personal sanitario y por ello ha pedido medidas estructurales
para garantizar la suficiencia de personal.
En materia migratoria,
Gabilondo pidió un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema
de acogida, la detección de las personas con necesidades de protección
internacional o posibles víctimas de trata, y mejorar la protección de los
menores extranjeros no acompañados. El Defensor del Pueblo relató algunas
actuaciones destacadas en 2021, como las realizadas en Ceuta, Melilla o
Canarias.
En lo que respecta a los asuntos de Seguridad
y Justicia, Ángel Gabilondo valoró que la Ley Orgánica de
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia
incorpore recomendaciones de la Institución para mejorar la protección de las
menores víctimas de violencia de género, y ponga fin al uso de contenciones
mecánicas en los Centros de Internamiento para Menores Infractores. También se
refirió a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA, subrayando la
necesidad de seguir trabajando para aclararlos.
Asimismo, reiteró la necesidad de reformar la Ley Orgánica de
Seguridad Ciudadana. Además, señaló que se recibieron 833 quejas relacionadas
con centros penitenciarios.
El Defensor del Pueblo aludió, a su vez, a la situación de la invasión de Ucrania por Rusia y recordó que “hoy nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud que conlleva atender su repercusión en los derechos humanos de millones de personas afectadas, y trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda.
En el turno de posición del GPP intervine y dije: “Señor Gabilondo, señora Jiménez-Becerril, señora Bárcena, efectivamente, el informe que nos plantea el Defensor se define como un acto de información y de comunicación, pero también nos debe mover a la reflexión y a la acción. Y en estos pocos minutos haré justamente esto, partiendo de la base de que comparto lo que se dijo anteriormente de que quizás sería el momento de plantearse para épocas futuras un nuevo formato de informe con una estructura más acorde a los tiempos en que vivimos.
El año enjuiciado, el 2021, es un año lleno de dificultades, marcado todavía por las secuelas de la pandemia y también por la recuperación. Y, en relación con el área de Administración de Justicia, que es la que mayor número de quejas plantea, se constata una vez más que siguen persistiendo esos problemas de dilación en la Administración de Justicia, esas tasas de congestión, que están en muchos casos vinculadas a circunstancias estructurales, que, no por repetidas en los informes, debemos pasar por alto. Y hay coincidencia en la preocupación que supone ese número tan importante de expedientes —creo que usted dio el número concreto— que están en el Registro Civil paralizados y que acredita que es imprescindible dotar a este instrumento de más medios si queremos ser eficaces.
En relación con el área de Ciudadanía y Seguridad Pública, quiero reiterar la necesidad que tenemos de seguir trabajando en la Defensoría en esta área de dar satisfacción al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Es cierto que ha de hacerse en las dos perspectivas, la que corresponde al Poder Judicial, que es la de juzgar, pero también la de tratar de llegar al fondo de unos crímenes sin resolver que avergüenzan todavía a nuestra sociedad. Y no debemos olvidarnos para nada de estas víctimas.
También me gusta, señor defensor, la reflexión que se hace en el informe sobre el dolor y la humillación que supone para las víctimas la realización de actos públicos de homenaje a terroristas, que no solamente contraviene la ley, sino las más elementales normas de convivencia y de humanidad.
En relación con los estados de alarma y de excepción que fueron declarados inconstitucionales en el año 2021, le digo, señor defensor, lo que le dije al señor Fernández Marugán en el informe del año pasado en el Congreso: “creo que deberían ustedes replantearse el criterio en relación con asuntos que llegan a solicitudes de recurso. Esa política de no recurro si hay otros que ya lo hacen”. Creo que el defensor debe tener autonomía para tomar decisiones en relación con cada tema, con independencia de que haya otros sujetos activos legitimados para interponerlos. No cuestiono lo que se hizo en este caso, porque ya el Tribunal Constitucional lo dejó sentado y creo que debe ser una lección para todos.
En relación con la violencia contra las mujeres, jamás debemos dejarnos de referir a este tema, como hace el informe del defensor: 43 mujeres asesinadas es un número inferior al de años anteriores, pero son 43 mujeres y más menores asesinados. Y hay una reflexión en su informe, señor defensor: el número de denuncias sigue siendo muy bajo. Se mantiene la tendencia de los últimos años de evitar la denuncia por miedo a una mayor represalia sobre ellas o sobre sus hijos. Solo 9 de las 43 víctimas habían interpuesto denuncia contra su agresor, aunque la ayuda no llegó a tiempo para ellas. Creo que este mensaje nos debe mover a todos a la reflexión, a los poderes públicos, a los parlamentarios, al conjunto de la sociedad.
Quisiera referirme en el poquísimo tiempo que me queda al área de Medio Ambiente. El área de Medio Ambiente nos preocupa a todos y se aborda desde distintas perspectivas. Como ya dije en la visita que tuve el honor de hacer a su institución, el tema de la contaminación acústica está vinculada, señor defensor, al derecho al descanso y al derecho a la salud. Hoy mismo, cuando viajaba hacia Madrid, he entrado en Internet para ver las denuncias y otros actos por ruido y quebranto del derecho al descanso solo de este fin de semana.
La problemática en Ciudad Vella, en Barcelona, en Salamanca, en A Coruña, en Ourense, en Pontevedra, en Granada, en Bilbao, en Jaén, en Valencia, en Toledo, en Burgos, nos tiene que llamar a la reflexión y les insto a que se tomen esto como un tema monográfico de cara a un análisis en profundidad del problema.
Usted, señor Gabilondo, acaba de decir: “La Defensoría se revela como un agente eficaz en determinadas situaciones”. Y es cierto. En algunos temas, como este, el hartazgo de la ciudadanía en toda España en relación con la inacción de los poderes municipales, que tienen una competencia, o de los poderes estatales, que también la tienen, o bien porque se ven impotentes por falta de medios o bien porque hacen dejación de sus funciones, está colocando a millones de españoles −porque no hablo de miles, sino de millones de españoles− en situaciones de una incomodidad que no se puede ni se debe soportar.
Creo que el defensor, como agente eficaz que es, puede hacer una buena labor. Se toca aquí en el informe y estoy seguro de que la Adjuntía Segunda, que aborda estos temas, se va a ocupar de ello.
Termino diciéndole que todos los temas de empleo, de tramitación administrativa, de Seguridad Social, nos preocupan, como muchos otros más, y procuraré, en su presentación ante el Pleno del Congreso, referirme con más detalle a todos ellos.
Muchas gracias.”