El
Defensor del Pueblo,
Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Pleno del
Congreso de los Diputados el
Informe Anual 2021,
que recoge las principales líneas de actuación de la institución Defensor del
Pueblo el pasado año.
En 2021, desde el Defensor del Pueblo se tramitaron 29.401
expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, se
formularon 2.231 resoluciones a las administraciones. De ellas, se aceptaron
513, se rechazaron 185, siguen sin respuesta 784. El resto se encuentran en
estudio o pendientes de recibir más información.
Ángel Gabilondo, que ha acudido al Congreso de los Diputados junto
a las dos adjuntas de la Institución, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia
Bárcena, ha destacado que este Informe es un ejercicio de comunicación a la
ciudadanía y “una toma de posición que responde a la defensa de los derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución, en definitiva, de los derechos
humanos”.
En este sentido, se ha referido a la invasión de Ucrania por Rusia
y ha señalado que “nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera
magnitud que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de
millones de personas, y a trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que
precisan”.
Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por los más de cuatro
millones de personas que han tenido que abandonar Ucrania. “Muchas de ellas han
llegado a España y esto requiere un singular esfuerzo para acogerlos y
ofrecerles la posibilidad de que emprendan aquí una nueva vida, digna y
segura”, ha asegurado.
Principales actuaciones
Tras recordar que las tareas y actuaciones de este informe
corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, a
quién agradeció su labor, Ángel Gabilondo hizo un repaso de las principales
actuaciones de la Institución en 2021, un año marcado por las secuelas del
impacto de la COVID-19.
De las 2.245 quejas sobre sanidad, el Defensor ha destacado las
relativas a la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de
espera; la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en
el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del
certificado COVID o el elevado precio de las PCR.
El Defensor del Pueblo ha apuntado que 2022, y con la confianza en
la superación de la pandemia, “es el momento de adoptar planes y medidas
concretas para impulsar los servicios públicos de atención sanitaria en todos
los niveles, incidiendo en aquellos aspectos y servicios cuya debilidad se ha
hecho mas evidente en esta crisis”
Ángel Gabilondo ha subrayado, además, al impacto de la COVID en la atención
residencial de personas mayores, dependientes o con
discapacidad y ha resaltado que esta crisis ha supuesto una verdadera
emergencia social para muchas personas.
Asimismo, ha insistido en que es necesario que las
administraciones públicas garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los
trámites administrativos para acceder a las prestaciones sociales y ha pedido
soluciones efectivas, en especial para las personas de edad avanzada o con
menos medios o conocimiento del uso de las nuevas tecnologías.
En materia educativa ha
repasado los problemas que la pandemia ha ocasionado en colegios e institutos.
En el ámbito
universitario, ha destacado las quejas relacionadas con la
convalidación y homologación de títulos y cuestiones relativas a becas y
ayudas.
También ha condenado la violencia contra las mujeres y ha
hecho hincapié en que es necesario mejorar la detección de riesgos en los que
se encuentran las víctimas y sus hijos e hijas, y facilitarles el acceso a los
recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración
social.
Ángel Gabilondo ha mostrado su preocupación por las dificultades
para acceder a una vivienda y
ha instado a aumentar el parque público de viviendas sociales y a establecer
procedimientos de adjudicación más ágiles y transparentes.
En materia económica,
la Institución ha seguido con interés el proceso de creación de la Autoridad de
Protección del Cliente Financiero. El Defensor espera que este nuevo organismo
mejore la tramitación y resolución de las reclamaciones de los
ciudadanos.
Además, ha explicado que se tramitaron expedientes sobre el
servicio eléctrico -suministro, facturación, arbitrariedad con los
consumos estimados o con el reconocimiento del bono social eléctrico y del bono
social térmico- y que actuó de oficio por la opacidad del modelo de factura
eléctrica.
En relación al empleo público, ha vuelto a alertar sobre
la elevada tasa de temporalidad y ha pedido medidas estructurales para
garantizar la suficiencia de personal, especialmente en el sector sanitario.
Ángel Gabilondo también ha aludido a la cada vez mayor
preocupación ciudadana por el medio ambiente. Ello se reflejó en las
quejas recibidas por el impacto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en
espacios protegidos. La Institución actuó por la degradación del Mar Menor, la
situación de Doñana o la contaminación de algunas ciudades.
En materia migratoria,
ha solicitado un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema de
acogida y la recepción y protección de las personas que llegan a nuestras
fronteras. Ángel Gabilondo ha expuesto algunas actuaciones destacadas en Ceuta,
Melilla o Canarias, o las resoluciones formuladas para incrementar la
protección de los menores extranjeros no acompañados.
El Defensor ha valorado que las recomendaciones de la Institución
para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género, y
acabar con el uso de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento
para Menores Infractores hayan sido recogidas en la Ley Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Además, Ángel
Gabilondo se ha referido a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA
y ha subrayado que las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: la
justicia (juzgar) y la verdad (conocer).
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recordado que hay asuntos que
todavía siguen pendientes de resolución, entre ellos, la falta de suministro
eléctrico en la Cañada Real y
los casos de abusos y explotación sufridos por menores tutelados en diversas
comunidades autónomas. También ha mencionado la actuación realizada para
conocer cómo se estaba protegiendo a un menor en Canet de Mar y a su familia ante la
presión que reconocía sentirse sometida tras haber reclamado clases en
castellano.
Tras su intervención, los grupos parlamentarios tomaron la
palabra para fijar su posición.
En nombre del Grupo
Parlamentario Popular hice esta intervención:
"Señor presidente,
señorías, señor defensor del pueblo y adjuntas que le acompañan, buenos días.
Bienvenido,
señor Gabilondo, en su primera comparecencia ante el Pleno del Congreso después
de su nombramiento reciente como Alto Comisionado de las Cortes Generales para
defender los derechos comprendidos en el título I de la Constitución. Tomó
posesión recientemente, como he dicho, y, por tanto, este informe ha sido
elaborado por el equipo del defensor anterior, don Francisco Fernández Marugán,
a quien también saludo y agradezco su trabajo. Es un informe que traslada al
Parlamento una fotografía de la sociedad en el año 2021 a través de las quejas
de los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestras administraciones, de los
poderes públicos en general, un año marcado ya no tanto por las consecuencias
sanitarias de la pandemia, pero sí por las muy graves consecuencias económicas
y sociales de la misma, que se han traducido, indiscutiblemente, en un
debilitamiento de los servicios públicos.
Nosotros
hemos leído este informe —583 páginas—, que aborda muchísimos temas, y este
diputado sufre por tener solo seis minutos para poder desarrollarlos, porque
todos los temas realmente nos interesan. La Administración de Justicia, a la
que no se han referido hoy de una manera importante los anteriores portavoces,
genera el mayor número de quejas. Es importante reconocer que, pese a las
mejoras que se han producido en nuestros medios materiales y humanos, todavía
sigue habiendo dilaciones injustificadas y congestiones en determinados órganos
a la hora de juzgar y también a la hora de ejecutar lo juzgado. Los problemas
del Registro Civil han sido puestos de manifiesto. Ha entrado en vigor una ley,
sin embargo no hay suficientes medios materiales y humanos. Es una auténtica
pena que haya trescientos mil expedientes pendientes de decisión. Este es un
tema que nos debe preocupar. El derecho a obtener esta documentación es
importante.
Centros
penitenciarios. Es un clásico de los informes del defensor, pero no por clásico
menos importante. Hoy se nos ponen de relieve dos cuestiones que quiero
mencionar. Me preocupa, como a tantos parlamentarios, los suicidios en
prisiones. Fueron cincuenta y uno, un número importante. Usted nos ha planteado
aquí alternativas para tratar de evitarlos, como supervisar las inadaptaciones
regimentales en profundidad y dar pautas para evitar que estas tristes
conductas se den. También quiero hablar de los funcionarios de prisiones, como
también lo hace usted en su informe. Hay que reconocer el gran mérito que tienen
debido a su trabajo y su dedicación. Creemos que hay que reforzar su condición
de agentes de la autoridad, atender sus necesidades retributivas y de
plantilla, además de su formación y seguridad personal, porque si ellos no
están bien atendidos no se podrá prestar adecuadamente el servicio.
En
materia de ciudadanía y seguridad pública, su informe es prolijo. Sin duda, yo
también quiero referirme a la actuación del defensor en materia de defensa de
los derechos de las víctimas del terrorismo. El derecho a la verdad y el
derecho a la justicia no están completamente satisfechos, y así se dice en el
informe. Me agrada mucho que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo,
en visita de noviembre de 2021, se haya reunido con ustedes y que a raíz de la
misma se haya decidido que hay que seguir actuando en una doble vertiente, que
comparto, la de conocer y la de juzgar; la de juzgar le corresponde,
obviamente, a la Administración de Justicia. También en ese mismo informe y en
este tema se alude a la necesidad de no tolerar las humillaciones que suponen
los actos de homenaje a terroristas que, al salir de prisiones por haber
cumplido su pena, son homenajeados en actos que no solo van en contra de la
moral, sino que además están contraviniendo la Ley 21/2011.
La
violencia contra las mujeres. Jamás la violencia contra las mujeres debe dejar
de estar en un informe del defensor, porque, desgraciadamente, la realidad nos
la presenta con crudeza año tras año. Da igual que haya habido menos muertes
por este tema en el año 2021 que en el año 2020, porque han sido cuarenta y
tres mujeres, pero también siete menores y treinta los niños que han quedado
huérfanos. Qué tristeza, señorías. Por eso, el llamamiento es a no ceder ante
ese miedo que todavía tienen tantas mujeres a denunciar. No denuncian hechos
porque se sienten atemorizadas por sus agresores o porque piensan que les va a
pasar algo a sus hijos, lo cual debe hacernos reflexionar y seguir trabajando
desde los poderes públicos.
Políticas
sociales. Es otro de los tantísimos temas de interés que se abordan en este
informe. Voy a referirme, al igual que una compañera que ha intervenido antes,
al tema de las residencias de mayores, porque ahí está lo mejor de nuestra
sociedad, junto con los niños, aquellos a los que les debemos más. La pandemia
nos puso de manifiesto las carencias del sistema. Afortunadamente, muchas de
las recomendaciones que plantea el defensor han sido incorporadas por las
administraciones públicas, muchas de ellas administraciones autonómicas, como
la de mi comunidad, Galicia, en la que se ha definido un nuevo modelo de
atención a los mayores en residencias, con una vertiente más sociosanitaria,
con reformas estructurales para dimensionar el tamaño y con profesionalización
de los medios y de los recursos. Tenemos que seguir muy pendientes de este
importante tema.
Comunicaciones
y transportes. Son muchos los temas de interés en esta materia. Yo quiero citar
dos. En primer lugar, los transportes y las comunicaciones ferroviarias,
especialmente en las líneas convencionales que dan servicio a la España rural,
a la España del interior. No se han repuesto servicios públicos que habían sido
suspendidos por la pandemia y creemos que ya es momento de reponerlos y de dar
servicio. Hay muchas quejas en este sentido, como las hay también en relación
con el servicio público de Correos por la falta de prestación en el medio
rural. Nos recuerda el defensor a este respecto que el servicio postal
universal ha de regirse por los principios de equidad, no discriminación,
continuidad, buena fe y adaptación a las necesidades de los usuarios, y procede
actuar en consecuencia.
Podría
hablar del sector económico-financiero, de la exclusión financiera, de la
problemática que hay con la brecha digital a la que usted se refirió en la
Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, y saludo también a su presidente, el
señor Tirado.
Quiero
manifestar muy claramente que nuestro grupo parlamentario desea que su mandato
tenga mucho éxito, que se gane la auctoritas,
es decir, el respeto social y político, esa confianza necesaria para que
funcione bien la institución. Sabemos que lo va a hacer desde la independencia,
pero no desde la indiferencia, y eso también lo celebramos. Creemos que usted
puede ser un agente eficaz para que los problemas que los conozcamos y que va a
ayudar a resolverlos.
Termino,
presidente, citando al presidente Volodímir Zelenski, que aquí nos emocionaba
el pasado martes cuando nos decía: "lo que está en juego en Ucrania no es solo
su destino, sino los valores que le unen con Europa, como la democracia o los
derechos fundamentales". Señor defensor, usted es junto con las Naciones Unidas,
el Consejo de Europa y la Unión Europea un agente importante en la defensa de
esos derechos fundamentales, que no son solo los de los españoles, también del
conjunto de la humanidad y de ese querido pueblo de Ucrania.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias"
