De acuerdo con la exposición de motivos de la norma, "se establece una nueva regla especial que vaya más allá de los casos previstos actualmente en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria", para que sea posible hacer constar en los registros, a través de una "nota marginal", "la prohibición de disponer de las fincas, bienes o derechos cuando existan indicios racionales de que la persona titular de los mismos es una de las que se encuentran en la lista de personas sancionadas" en las listas elaboradas al amparo del Reglamento (UE) número 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014.
Para practicar la nota marginal si la finca, el bien o el derecho esté inscrito a favor de persona distinta de aquella que aparece en las listas elaboradas, deberá constar un informe previo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que exprese la existencia de indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser una de las personas incluidas en las listas mencionadas.
Además, este real decreto-ley establece un procedimiento específico para realizar con fondos propios los pagos de las nóminas del personal, así como otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior. De esta manera, se podrán traspasar los excedentes de fondos derivados de un determinado servicio del exterior de un departamento ministerial a otro que se encuentre en situación deficitaria de fondos, para que puedan efectuar el pago de las obligaciones que deban satisfacer.
La norma justifica estas medidas en el marco de las sanciones financieras internacionales impuestas por la Unión Europea con motivo de la guerra en Ucrania.
Medidas en materia de rehabilitación edificatoria
En esta misma sesión plenaria también se verá el dictamen de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el Proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El texto fue dictaminado en comisión en su sesión del jueves, 28 de abril.
Las medidas adoptadas tienen por objeto avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación de edificios, "necesarios para alcanzar los retos marcados en materia de energía y clima". En este sentido, se introducen nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aplicables a las cantidades invertidas en rehabilitaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética de la vivienda.
Asimismo, se crea una línea de avales para la financiación de reformas que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y se establecen modificaciones en el régimen de las comunidades de propietarios, recogido en la Ley de Propiedad Horizontal. La iniciativa proviene del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, que fue convalidado en la sesión plenaria del 21 de octubre de 2021, donde también se aprobó su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Seguridad Nacional y Precursores de explosivos
En la misma sesión, el Pleno debatirá las tres enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Ley de modificación de la Ley de Seguridad Nacional y la enmienda que solicita la devolución al proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
En concreto, se han presentado dos enmiendas de devolución a la modificación de la Ley de Seguridad Nacional, una firmada por la formación política Junts, integrada en el Grupo Plural, y otra del Grupo Republicano, que se fundamentan, entre otros asuntos, en la distribución competencial. Además, el Grupo Republicano ha registrado una enmienda de texto alternativo que plantea la derogación de dicha ley.
Este proyecto de ley del gobierno tiene por objeto la modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. De acuerdo con el texto, es una "modificación puntual" cuyo objetivo es "asegurar su coordinación con la nueva regulación de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional que contiene el Título IV de la propia Ley". También añade una disposición relacionada con el carácter de la información del Sistema de Seguridad Nacional y su nivel de protección.
El texto, entre otros asuntos, regula el catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, que incluirá los datos de los recursos humanos, materiales, instalaciones y activos "que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis", y la participación del sector privado en el mismo, y crea la Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno.
En relación con el proyecto de ley sobre precursores de explosivos, el Grupo Republicano solicita la devolución del texto al Gobierno y su no tramitación sustentado en la "necesidad imperiosa de delegar las competencias de inspección sobre precursores de explosivos a los cuerpos policiales propios de las comunidades Autónomas que tienen competencia en materia de prevención y protección de la Seguridad Ciudadana".
Este proyecto de ley tiene por objeto limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos. Se establecen así dos clases de precursores, los restringidos, cuya adquisición por un particular por encima de ciertos niveles de concentración sigue exigiendo licencia previa, y los notificables, que pueden ser adquiridos sin licencia pero cuya compra está sujeta a controles sobre quienes los comercializan y sobre quienes los adquieren.
También se distingue entre compradores particulares, obligados a obtener una licencia previa para adquirir precursores restringidos, y profesionales, que no deberán obtener una licencia pero sí acreditar su condición de usuario profesional. Todos estos compradores deberán cumplimentar y entregar al operador que realice la venta una declaración de cliente con datos particulares y comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.
Modificación de la Ley de Costas y delitos de trata
En la sesión del martes, el Pleno debatirá la toma en consideración de dos proposiciones de Ley. La primera, presentada por el Parlamento de Cantabria, de modificación de la Ley de Costas, tiene como objeto realizar una serie de cambios puntuales en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para aclarar el sistema de prórrogas de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que establecía la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral.
Este sistema, dice el texto, respetaba los usos existentes, pero imponía "mayores requisitos de protección ambiental", y "podía dar a entender que esas prórrogas solo podrían concederse para usos exclusiva y necesariamente vinculados al dominio público marítimo terrestre y que no pudieran tener otra ubicación", lo que "frustraría la finalidad original de protección de la seguridad jurídica, vaciando de contenido a la propia Ley".
La segunda, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Penal para agravar las penas previstas para los delitos de trata, propone incrementar, en la Ley Orgánica 10/1995, las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos. La modificación está motivada por los desplazamientos de ciudadanos de Ucrania.
El texto dispone que, "cuando la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano", se imponga la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 del artículo 177 bis. del Código Penal, esta es, de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos.
Iniciativas no legislativas y Sesión de Control
En la sesión del martes, el Pleno también debatirá dos proposiciones no de ley: una del Grupo Parlamentario Socialista, "por la que se insta al Gobierno a ratificar el Convenio 189 de la OIT y asegurar el acceso a la cobertura por desempleo de las personas trabajadoras empleadas de hogar", y otra, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, "sobre interconexiones gasistas en España".
Asimismo, se verán tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: la primera, del Grupo Parlamentario Republicano, "sobre la calidad democrática del Estado español"; otra del Grupo Parlamentario VOX, "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la soberanía energética de España", y la última, del Grupo Parlamentario Popular, "sobre la crisis energética".
Por otro lado, el miércoles, 11 de mayo, se celebrará a partir de las 9 horas la Sesión de Control al Gobierno. Los diputados formularán las preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida para los grupos parlamentarios en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. La Sesión de Control continuará con las interpelaciones urgentes.
Por último, la sesión plenaria también decidirá, en su sesión del jueves, sobre la avocación a Pleno del Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. El texto procede del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo. En caso de ser aprobada esta avocación, el debate de dicha iniciativa será sometido tras su paso por ponencia y comisión al Pleno de la Cámara.
