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Durante su intervención en el
Congreso, Gabilondo ha asegurado que la institución va a trabajar “con rigor,
con seriedad, con determinación y con responsabilidad”. Así, el Defensor del
Pueblo ha destacado que la encomienda aprobada por el Congreso de los
Diputados, con una amplia mayoría, “es una llamada a la sociedad y a las
instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes
vienen acompañándolas”.
Ángel Gabilondo ha afirmado que
la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran
oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado en su
intervención ante los diputados y senadores que conforman la Comisión Mixta, su
objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas
que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. A
su juicio, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre
cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada
puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”.
Ámbitos de actuación
Para llevar a cabo la encomienda,
el Defensor ha apuntado tres ámbitos de actuación en los que trabajar: una
Comisión Asesora de expertos, un Foro de Dialogo con las asociaciones de
víctimas y una Unidad Técnica de atención de las víctimas y de apoyo a la
investigación. Su tarea será “determinar hechos y responsabilidades, proponer
procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y
protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.
La Comisión
Asesora está formada por 20 personas, de las cuales 17 son
asesores externos que pertenecen al ámbito profesional o académico con
experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en
victimología. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia,
o a los jóvenes o han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas
infantiles en la vida adulta. Presidida por el Defensor del Pueblo, también
participarán en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta
segunda, Patricia Bárcena, “como muestra del compromiso e implicación de toda
la institución y la búsqueda uniforme de pluralidad y de consenso”, ha
destacado Ángel Gabilondo. La Comisión Asesora se constituirá y mantendrá su
primera reunión a principios del mes de julio. (Ver
anexo con listado de miembros de la Comisión).
Asimismo, el Defensor del Pueblo
ha considerado esencial crear una Unidad
Técnica de trabajo para la atención a las víctimas. Un
espacio de investigación que contará con un coordinador de equipo. Ángel
Gabilondo ha afirmado que tendrá funciones de apoyo a las labores de la
Comisión y que estará compuesta fundamentalmente por psicólogos, criminólogos y
abogados que atenderán y escucharán a las víctimas que acudan a exponer su
testimonio, y realizarán los estudios que contribuyan a conocer la realidad de
los abusos sexuales relacionados con la Iglesia católica. Este personal técnico
trabajará en una oficina específica en las inmediaciones de las
dependencias de la institución Defensor del Pueblo. La Unidad Técnica estará
operativa, igualmente, a principios del mes de julio.
La institución del Defensor del
Pueblo habilitará en su web una sección con información relevante sobre la
Comisión. Se ofrecerá, en la misma, un teléfono gratuito y un formulario web
para que las víctimas puedan contactar con la Unidad Técnica. Además, se
facilitará la posibilidad de presentar los testimonios presencialmente o por
correo postal.
Tratamiento ordenado y seguro de
la información
La información que se recopile y
el tratamiento de la misma exige organizar y sistematizar los procesos
garantizando la máxima seguridad. Según ha señalado el Defensor del Pueblo, “el
Área de Infraestructuras de la institución ha diseñado un plan estratégico que
define las líneas de actuación a seguir, proporcionando orden y claridad a la
hora de recoger y archivar la información para que pueda ser procesada con la
confidencialidad exigible”.
El Defensor se ha comprometido a
comparecer periódicamente ante la Comisión Mixta para informar de los avances
que se vayan produciendo.
Como señala la encomienda
parlamentaria, Ángel Gabilondo presentará el informe, una vez finalizado, ante
las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las
medidas necesarias y pertinentes en todos los ámbitos.
Con esta actuación, el Defensor del Pueblo cumple con su obligación constitucional de defensa de los derechos fundamentales, así como con el reconocimiento de las Naciones Unidas como la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Posicionando al Grupo Parlamentario Popular intervine en este debate y dije en mi primera intervención:
"Efectivamente, el pasado 10 de marzo el Pleno del Congreso, por una amplísima mayoría de 286 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, se pronunció a favor de realizar una encomienda al Defensor del Pueblo para que constituyese una comisión independiente que, a su vez, tenía el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. En el acuerdo se definía que esta Comisión debería estar formada por personas expertas y que el objetivo era contribuir a la determinación de hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de políticas públicas para intentar que estas conductas se pudieran prevenir y para que se eviten los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.
El Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta encomienda porque consideraba que era necesario respaldarla, si bien, como es conocido, antes planteó en ese debate una enmienda que pretendía que esta investigación, que esta comisión independiente, no se restringiera a un ámbito, el de la Iglesia católica, sino además entrase en el conjunto de la sociedad donde desgraciadamente este tipo de delitos, este tipo de conductas execrables, se producen, que son normalmente aquellos ámbitos en los que se ha puesto en contacto personas adultas con menores en la sociedad, desde el ámbito familiar hasta el ámbito educativo, ámbitos deportivos, ámbitos de ocio… sería muy extenso. Eso no se produjo. Otros pensaban que era mejor crear una comisión de investigación parlamentaria, cosa que nosotros consideramos que era un desacierto.
Ahora, lo que le queremos decir, señor defensor, es que nosotros vamos a dejarle trabajar y a confiar en que, como comisionado de las Cortes Generales, cumpla con este objetivo tan serio y tan sensible que es la palabra delicada con la que ha iniciado su intervención.
Nos gustaría que toda esta información que hoy nos suministra en el marco de lo que hemos aprobado, todos estos avances que usted ha denominado primera fase, los hubiésemos conocido antes. ¿Por qué? Porque entonces hubiéramos tenido una capacidad de interlocución con usted mayor respeto a las personas que nos propone, respecto a la metodología, respecto del fin de la unidad técnica del consejo asesor. Eso no se ha producido, no se lo digo como un reproche, pero eso impide que nosotros podamos entrar en este breve debate en profundidad en los temas. Lo que quiero que quede bastante claro es que nosotros reiteramos nuestra confianza y la necesidad de que se investiguen estos hechos, de que esta Comisión haga su trabajo y que la Defensoría es un órgano, a nuestro juicio, válido para la investigación de estos casos, más allá de cuestiones de naturaleza jurídica que otros puedan plantear y que nosotros respetamos.
La Iglesia católica no ha permanecido de brazos cruzados en relación con este problema. Y no lo ha hecho en relación con el surgimiento de esta Comisión. Lleva muchos años luchando contra esta lacra desde distintos ámbitos y se ha reforzado, porque es la primera interesada en que estos hechos execrables no se produzcan. En su ámbito, ha iniciado actuaciones muy importantes desde el Vaticano, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe pero también en España. Y frente a aquellos que intentan mencionar una desidia por parte de la Iglesia, nada más lejos de la realidad, porque en España hay ya nada menos que 202 oficinas entre las diócesis y las diferentes congregaciones de una iglesia que es muy amplia y muy heterogénea que están trabajando. Muchas de esas congregaciones tienen varias oficinas en diferentes lugares del territorio nacional y con algunas experiencias.
Además, me alegra ver que ha sido uno de los expertos incluido en la Comisión, que es justamente en la Archidiócesis de Madrid, por ejemplo, el proyecto repara, un proyecto que está atendiendo a las víctimas de estos abusos desde una perspectiva de una justicia restaurativa, con una escucha activa a las víctimas y en condiciones de respeto y garantismo para la víctima, y también para el acusado, para el victimario, haciendo valer la presunción de inocencia que, desde luego, todos los que creemos en el mundo del derecho tendremos siempre que tener presente.
Creemos que es también de valorar —aquí se ha dicho en la última intervención— la hoja de encargo, la auditoría que la Conferencia Episcopal Española ha hecho en uno de los más prestigiosos bufetes de este país para que ciertamente en un plazo de doce meses haga un mapa de cuál es la realidad de nuestro país, investigue y escuche a las víctimas. Eso acredita que la Iglesia católica está en una situación de una colaboración activa, y cuando usted ha aludido a que en una primera conversación o varias que ha tenido con el secretario general de la confederación, ha dicho que la Conferencia Episcopal le ha dicho lo que le ha dicho, entiendo que en el futuro esta colaboración se seguirá desarrollando y plasmando, porque usted ha expresado voluntad de seguir profundizando en colaborar con todo el mundo.
También me gustaría hacer referencia a esa misma actitud que se ha visto cuando el diario El País, que ha hecho una investigación sobre estos hechos en varias etapas, la semana pasada trasladó unos informes a la propia Iglesia católica, y lo primero que ha hecho la Iglesia católica es trasladárselo a la Fiscalía General del Estado, por si alguno de los hechos no estuviera prescrito, trasladárselo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y trasladárselo a todos aquellos que intervendrían en este tema. Creemos que esa es una actitud positiva y debe de valorarse. Pero, sobre todo, la atención aquí hay que prestársela a las víctimas.
Por ello, señor Gabilondo, en relación con la comisión asesora de expertos que usted nos propone y va a determinar las prioridades y métodos, usted ha dicho que no es un tribunal. Y es así porque esto no es un órgano de investigación judicial ni puede pretenderse que esto sea una causa general a la Iglesia católica —como usted ha dicho ya en varias ocasiones—, y creo que como nadie de nosotros podría compartir. Ha de ser independiente, abierta y plural. Son sus palabras.
No tenemos nada que decir en una primera visualización de los nombres —algunos nos suenan, otros no tenemos el gusto de conocerlas—, pero sí nos llama la atención la presencia de dos integrantes de la carrera fiscal. Por una parte, ha dicho usted una fiscal de la secretaría técnica, la señora Raimundo. Ya le digo que personalmente no la conozco, me refiero a su condición de fiscal. Y ha citado también a otra fiscal de la oficina del Consejo del Poder Judicial, la señora Vilches Tampoco tengo el gusto de conocerla.
Pero, le pregunto: ¿tiene sentido que en una comisión asesora de expertos esté una representación del Ministerio Fiscal? ¿Ha pedido la Fiscalía General del Estado que haya representantes de esa institución en esta comisión asesora de expertos? ¿Le han dado recomendaciones o indicaciones de cómo debe de funcionar? ¿No cree que podría ser más conveniente que estas personas que trabajan en instituciones fundamentales, poderes del Estado, quizás no debieran estar en un órgano de asesor de expertos sin perjuicio de que, como es lógico y normal, todas las instituciones, incluidos el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y estas mismas Cortes Generales están siempre a disposición de todo aquello que el Defensor del Pueblo demanda? Es una reflexión que le hago, y me gustaría saber y tener una respuesta al respecto.
En relación con esta oficina técnica que usted llama unidad técnica, que va a ser la que va a hacer ese procedimiento necesario de escucha activa con las víctimas, me gustaría preguntarle: si una víctima acude a esta unidad y relata el caso de abusos de menores en el que el victimario, el causante del abuso, no perteneciera ni a la Iglesia católica ni en alguna de las instituciones vinculadas a la Iglesia católica, perteneciese a otro ámbito, ¿esa persona sería atendida y escuchada? Porque es cierto que esta nueva Comisión ha despertado el interés general, porque es algo novedoso y habrá muchas otras personas afectadas por estas horribles conductas que pudieran acudir a esa institución.
Me gustaría saber qué actitud tendrían, si es que se lo han planteado, porque creo que eso va a suceder, porque en otras instituciones que ya existen para la atención y reparación de las víctimas ya se está produciendo este fenómeno. Y, finalmente, se ha apuntado aquí. Sabemos que esta es una tarea ardua y compleja. ¿Tienen alguna previsión del tiempo que podrá llevarles la realización de estos trabajos
Y, por el momento, nada más, señor Gabilondo."
