El PP considera que España vive una honda crisis institucional cuya mayor gravedad surge por el hecho de que el independentismo segregador y el populismo condicionan sin rubor la gobernabilidad de la Nación e imponen su criterio en decisiones clave para el futuro colectivo. Fruto de ello los españoles soportamos desde hace años un asedio continuado a las instituciones que nos dimos en la Constitución de 1978 al que se añade la expansión desordenada e insaciable del Poder Ejecutivo en la presente legislatura, que amenaza con anular de facto la separación de poderes y reducir a la mínima expresión el sistema de contrapesos institucionales.
Hoy, en España, determinadas decisiones están concediendo una preponderancia a una parte del territorio español sobre otra y se ha llegado al punto de que cualquier dislate antes inimaginable, ahora parece posible, ya que se confunde poder y democracia cuando precisamente restringir el ejercicio del poder es la base de cualquier sistema democrático. Ante esta situación, el PP considera que defender un programa de regeneración democrática para el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, es una tarea colectiva e inaplazable para la que apela al resto de fuerzas políticas y a la sociedad civil.
Cuando un gobierno no solo abdica de la responsabilidad de cuidar de las instituciones de un país, sino que se convierte en el principal promotor de su erosión, la alternativa debe afrontar el papel de construir la necesaria regeneración democrática y ese es el compromiso solemne que ha adquirido hoy el presidente del Partido Popular, así como el de recuperar el valor de la palabra dada, tan lamentablemente menoscabada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
RESUMEN DE MEDIDAS DEL PLAN DE CALIDAD INSTITCIONAL
1. Se recuperará el delito de sedición en el Código Penal, se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación y se recuperará el delito del referéndum ilegal suprimido en la reforma de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal
2. Se aprobará una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de “sólo sí es sí”) para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad.
3. Se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada.
4. Se creará una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación y estará facultada para el seguimiento y evaluación ex post de las leyes, en el que se analizará el cumplimiento sus fines y su impacto social.
5. Se limitará el recurso al Real Decreto Ley y se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata
6. En aras de la mayor transparencia, se incluirá en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.
7. Se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno
8. Se establecerá un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición a quien informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones acerca de: La celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
9. Se establecerán por ley pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores.
10. Se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento.
11. Se abrirá un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.
12. Se realizará una evaluación del sector público que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder plantear una reordenación de la Administración Pública.
13. Se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.
14. Se modificará el Artículo 10 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con la siguiente redacción: Al frente del Organismo existirá un Presidente, que será nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio.
15. Las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos y se recuperará la profesionalidad y transparencia de los datos, bajo la exclusiva prioridad de informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales.
16. Respecto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su director no habrá ocupado cargo político en los cinco años previos a su nombramiento y el candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia.
17. En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos así como de respetar el trabajo de los profesionales promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto e a RTVE como a la Agencia Efe.
18. Se regularán los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional y se aprobarán cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.
19. Se establecerá un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado cuyo mandato será de 5 años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.
20. Se derogará la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establecerá un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ por el cual: los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre Jueces y Magistrados y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión
