La sesión plenaria comenzará el martes 28 de marzo con el debate de toma en consideración de dos proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, con el objetivo, como se detalla en su exposición de motivos, de incluir a los bares y los comercios de alimentación como entidades de economía social, para que "puedan ser viables a largo plazo" con la ayuda de incentivos y beneficios que las empresas tienen reconocidos, permitiendo asimismo a otros nuevos establecimientos abrir allí donde no han permanecido abiertos.
En segundo lugar, el Pleno decidirá si comienza la tramitación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación del delito de hurto y del delito de estafa en el Código Penal, de carácter orgánico, cuyo objetivo es "adaptar de forma precisa" el Código Penal a las sentencias 481/2017, y 684/2019, de la Sala Segunda del Supremo, satisfaciendo "las exigencias de los principios de legalidad penal y seguridad y de proporcionalidad", y cuyos beneficios "estarán unidos a una mayor eficiencia de los procedimientos policiales y de las medidas que se adopten en las sentencias de condena, como la de alejamiento del delincuente de los lugares donde cometa sus delitos".
A continuación, se debatirán las iniciativas no legislativas. Por un lado, la Proposición no de Ley del Grupo Euskal Herria Bildu, relativa a impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos obtenidos y el mantenimiento del empleo, que insta al Gobierno a "elaborar, desarrollar y aprobar las legislaciones necesarias" para dichas acciones con objeto de "recuperar las ayudas concedidas por la Unión Europea a las empresas si ésta deslocaliza sus actividades antes de que transcurran ocho años desde la concesión de la ayuda".
Por otro lado, se verá la Proposición no de Ley del Grupo VOX, sobre el fomento del respeto de la pluralidad política en el espacio televisivo y del tratamiento veraz de la información por parte de los medios de comunicación, que insta al Gobierno a asegurar el cumplimiento de estos valores en los medios de comunicación públicos y privados, así como "impulsar el cumplimiento estricto de los mandatos legales sobre programación en periodos electorales".
Acto seguido, el Pleno debatirá dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: una del Grupo Popular para pedir explicaciones al Gobierno "sobre las medidas que piensa adoptar para recuperar la confianza en nuestra economía", y otra del Grupo VOX sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública para rastrear los fondos públicos gastados en las tramas de corrupción.
Sesión de control y comparecencia de la ministra de Defensa
El miércoles 29 de marzo, el Pleno celebrará la Sesión de Control al Gobierno. A partir de las 9:00 horas, los diputados podrán formular sus preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida entre los grupos parlamentarios en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. La Sesión de Control continuará con las interpelaciones urgentes.
Tras la Sesión de Control, la ministra de Defensa explicará, a solicitud de los Grupos Euskal Herria Bildu y Republicano, el anuncio del Gobierno "de enviar seis carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania, abriendo la puerta a, en un futuro, enviar más armamento; decisiones, todas ellas, de enorme transcendencia por las implicaciones que pueden tener en la escalada del conflicto y que adopta el Gobierno sin haberse, previamente, debatido y votado en el Congreso de los Diputados".
Derechos de los pensionistas y pacto antigitanismo
El jueves 30 de marzo, el Pleno empezará debatiendo el Informe de la Subcomisión para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, que plantea un conjunto de propuestas horizontales para combatir y prevenir el antigitanismo, erradicar la pobreza y la exclusión social y promocionar su participación; así como medidas sectoriales en los ámbitos de la educación, salud, empleo y vivienda, entre otras.
La sesión del jueves concluirá con el debate de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que "introduce reformas estructurales" en la Ley General de la Seguridad Social "que responden a una necesidad extraordinaria del sistema de pensiones de reforzar la sostenibilidad financiera y la urgencia derivada del cumplimiento en plazo de los compromisos con la Unión Europea y la solicitud de pago de las contribuciones financieras correspondientes".
