La iniciativa de UP-ECP-GC responde, argumenta el grupo proponente, a una necesidad de cambio en el marco de las relaciones laborales en el campo, en constante precariedad "sin que se hayan introducido cambios que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo", y en el que alrededor de 550.000 de personas trabajadoras eventuales del campo "residen en sólo 2 de las 17 Comunidades Autónomas de España, concretamente, en Extremadura y Andalucía".
El texto presentado por el grupo propone una serie de modificaciones en el Real Decreto Legislativo 8/2015 "para corregir los elementos fundamentales del sistema especial agrario que están agudizando la precariedad en el trabajo agrario por cuenta ajena, favoreciendo un modelo de contratación más garantista de los derechos de las personas trabajadoras, y que permita enfrentar de manera efectiva la economía sumergida en el sector".
Por su parte, la proposición de ley de VOX pretende solucionar, expone el grupo parlamentario, "la inexistencia de protección legal de la propiedad privada frente a la ocupación", proponiendo adoptar medidas "desde una doble vertiente": "penal, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y civil, agilizando el proceso de desahucio de ocupas y ampliando tanto el objeto como los sujetos amparados bajo este procedimiento más rápido de recuperación de inmuebles".
Debates no legislativos
Ese mismo día, el Pleno proseguirá con el debate de una proposición no de ley del mismo Grupo UP-ECP-GC sobre medidas de protección ante la subida de las hipotecas y la cesta de la compra.
También debatirá otra proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la bajada de ratio en las aulas de las escuelas de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa, en la que se insta al Gobierno a "impulsar en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación un grupo de trabajo que analice la viabilidad, coste y beneficio de la bajada de ratio en las aulas de las escuelas como una medida a universalizar en el sistema educativo español tras el impacto de la pandemia", y a "acordar desde el Ministerio de Educación y FP y la Conferencia Sectorial de Educación los criterios e indicadores metodológicos armonizados para identificar la alta complejidad y vulnerabilidad social de los centros públicos y concertados en función de su entorno y de su composición social", así como "un Plan de Acompañamiento a los centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad y vulnerabilidad social".
Sesión de control al Gobierno
El miércoles 26 de abril, el Pleno celebrará la Sesión de Control al Gobierno. A partir de las 9:00 horas, los diputados podrán formular sus preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con la distribución establecida entre los grupos parlamentarios en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno. La Sesión de Control continuará con las interpelaciones urgentes.
Dictámenes de comisión y fin de tramitación de proyecto de ley
El jueves 27 el Pleno verá el dictamen de comisión (enlace) y enmiendas que los grupos mantengan al Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que tiene por objeto "regular los niveles mínimos de calidad y de la evaluación de los servicios de atención a la clientela de las empresas que presten determinados servicios de carácter básico de interés general y de las grandes empresas".
A continuación, se debatirán y votarán el dictamen (enlace) y las enmiendas (enlace) al Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, con el que se busca "regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda" y, en particular, "el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma".
La jornada plenaria terminará dando por concluida, con la votación de las enmiendas del Senado, la tramitación del Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
