Dice así:
“ Prolífica y cordial. Si el balance de la decimocuarta legislatura en la Comisión de Asuntos Económicos tuviera que limitarse a dos palabras, estas bastarían para que todos sus diputados se sintieran identificados.
En su haber lucen diez iniciativas legislativas aprobadas, si bien una de ellas, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, no llegó a ver la luz al cortarse su tramitación en el Senado por la disolución anticipada de las Cortes.
Más reseñable aún es el elevado grado de consenso: la mitad de los proyectos, cinco, superaron el examen de la Comisión sin votos en contra, y tres de ellos fueron aprobados por unanimidad. El PP, principal partido de la oposición, votó a favor de seis de las leyes y avaló otras dos con su abstención.
Con su
apoyo ha refrendado proyectos tan importantes como dos de las tres nuevas leyes
reguladoras alumbradas en esta legislatura en la Comisión: la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Telecomunicaciones, para modernizar el
marco normativo de las empresas cotizadas y del sector de las ‘telecos’,
respectivamente. No así la Ley General de Comunicación
Audiovisual, que acabó tramitándose tras estar en el centro del
debate político por la negociación presupuestaria del Gobierno con ERC y PNV.
Tampoco se opusieron los ‘populares’ a otras dos leyes más señaladas por los propios diputados como ‘clave’ en su actividad legislativa: la Ley de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece), en la que se abstuvieron, y la de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de Startups), que apoyaron.
Un ambiente “magnífico”
“Si tuviera
que destacar algo de la Comisión de Asuntos Económicos”, explica María Muñoz,
portavoz de Cs, “más que las normas concretas que hemos trabajado es el cómo la
hemos trabajado”. “Hay cierto consenso en el Congreso de que esta
Comisión tenía un ambiente más propicio para hacer las cosas bien,
incluso desde el profundo desacuerdo”, abunda.
El presidente de la Comisión, el diputado ‘popular’ Celso Delgado presume del “magnífico ambiente” que, asegura, ha existido entre los grupos parlamentarios. “Por supuesto defendiendo cada cual sus ideas, pero manteniendo el máximo respeto en las intervenciones y un espíritu constructivo y negociador”, explica. A su sucesor, el diputado gallego recomendaría “que profundice en ese talante desde el primer día”.
“Los debates han sido francos y de buen nivel; y allá donde se ha podido llegar a acuerdos sobre la base de programas, se ha llegado”, refrenda Txema Guijarro, portavoz de Unidas Podemos, mientras que el portavoz de Vox, Rubén Manso Olivar, reconoce el “clima cordial” de la Comisión durante toda la legislatura. Para Ferrán Bel, del PDeCAT, “el ambiente de trabajo ha sido magnífico”: “La actividad legislativa ha sido intensa y de una calidad considerable. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo”, apunta.
Idoia Sagastizabal, del PNV, reconoce el “talante de los grupos” pero “también del propio Ministerio”. En este punto, emerge la figura del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, principal artífice junto con su ‘socio’ en el Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Casares, de las amplias mayorías para muchos de los proyectos. Muchos diputados elogian los esfuerzos de García Andrés por explicar y justificar la postura del Ministerio y, si es posible, ofrecer alternativas al planteamiento inicial o incluso aceptar las propuestas de los grupos.
Ritmo frenético y decretos
que se quedaron sin enmendar
En el
lado de los ‘debes’, eso sí, los protagonistas apuntan a los tiempos forzados por el Ejecutivo y los grupos que le dan
apoyo. “Se ha trabajado mucho, aunque a veces apresuradamente”, lamenta Joan Capdevila,
portavoz de ERC: “Prueba de ello ha sido que muchas leyes han requerido
enmienda en segunda lectura en el Senado”. “El Gobierno ha abusado de la
tramitación urgente, en ocasiones ‘urgentísima’, dificultando el
trabajo de los grupos para controlar la acción proponente del Ejecutivo”,
señala Manso Olivar (Vox).
Un ejemplo que encendió a la oposición y rompió el clima de cortesía parlamentaria fue la tramitación relámpago de los nuevos gravámenes temporales a banca y energéticas, que además se tramitaron en esta Comisión cuando la de Hacienda parecía el lugar propicio. Para acortar plazos y no tener que esperar a informes preceptivos, el Gobierno ‘tiró’ de sus grupos parlamentarios y forzó la aprobación de la proposición de ley en apenas unas semanas.
En esos
días el paquete fiscal engordó con un nuevo impuesto sobre las
grandes fortunas complementario al Impuesto sobre Patrimonio y
desgravaciones millonarias a la industria audiovisual. Todo en enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, lo que
impidió a los grupos registrar enmiendas a esas propuestas. Conocedor de este
tipo de jugadas, Ferrán Bel (PDeCAT) se anticipó y registró una enmienda con su
‘contrapropuesta’ a un impuesto que en ese momento no existía en la iniciativa.
Sagastizabal (PNV) coincide en que los plazos han sido “muy escasos en ocasiones” pero también apunta al bloqueo de decretos tramitados como proyecto de ley que finalmente no vieron la luz. Y es que los años de la pandemia fueron a golpe de decreto: en la Comisión cayeron seis decretos-ley tramitados como proyecto de ley en 2020 y otros tres en 2021. Cuatro de los tramitados en los primeros compases de la pandemia, con el plan de choque económico para hacer frente a la crisis, (DL 8/2020, 11/2020, 15/2020 y 25/2020) se unificaron en un solo proyecto.
Ninguno de ellos, ni tampoco el decreto de ayudas directas o el fondo de rescate para empresas estratégicas, vio la luz con aportaciones de los grupos, atascados en la Mesa entre ampliaciones de enmiendas, o a la espera de la constitución de su ponencia. “Se han quedado en el limbo, limitando, así la capacidad de los grupos de mejorarlos a través de enmiendas y contradiciendo la voluntad mayoritaria del legislador”, critica la diputada del PNV.
Precisamente uno de los decretos tramitados como proyecto no ‘rematados’ es el que señala Sagastizabal como uno de los momentos legislativos más importantes, el Decreto 36/2020, para la gestión y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Reflejaba una gestión centralizada y muy dependiente del Gobierno que, como hemos visto, se ha traducido en una baja y lenta ejecución y en una escasa flexibilidad y capacidad de adaptación de los fondos”, analiza.
Startups y Crea y Crece,
las más valoradas
Sin
embargo, la mayoría de diputados apuntan a los dos proyectos que más han
impactado en el ecosistema normativo de las empresas: la Ley de Startups y la
Ley Crea y Crece. Guijarro, de Unidas Podemos, añade a ese bloque
otra norma aprobada en la Comisión de Justicia, la reforma concursal,
considerando que ese paquete de reformas “supone un nuevo marco de relación
entre las empresas y el Estado y está dando ya resultados”.
El recorrido cronológico por las leyes tramitadas y aprobadas arroja una foto muy clara de toda la legislatura en la Comisión: hasta 2022 apenas había aprobado tres proyectos, probablemente los de menor empaque: la Ley de servicios electrónicos de confianza, la Ley del ‘sandbox’ regulatorio para el sector financiero, ambas en 2020, y otra reforma de la Ley de Sociedades para la implicación de los accionistas en las sociedades cotizadas, ésta en 2021.
Más de la mitad de los proyectos (6) fueron tramitados en 2022, a un ritmo casi desenfrenado: si antes del parón vacacional la Comisión aprobó la Ley General de Telecomunicaciones (abril), la Ley de Comunicación Audiovisual (mayo) y la Ley Crea y Crece (junio), a la vuelta del verano tocó lidiar con Startups (octubre), los nuevos gravámenes temporales a banca, energéticas y grandes fortunas (noviembre) y Mercado de Valores (diciembre).
Quedaron sin aprobarse proyectos procedentes de diez decretos convalidados por el Congreso, la mayoría relacionados con la gestión de la crisis por la pandemia, pero también una trasposición de directivas sobre competencia, entidades de crédito o las telecomunicaciones. Y otras dos proposiciones de ley enviadas por el Senado: una para garantizar dentro del servicio universal el acceso a Internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales y otra para garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera.
Morosidad, tarea pendiente
Sin
embargo, la queja más generalizada entre los diputados es la de no haber podido
aprobar un régimen sancionador para las empresas que no cumplen con los
plazos legales de pago (60 días), una proposición de ley
impulsada por el PDeCAT que en todo caso no habría caído en esta Comisión, sino
en la de Industria. Tanto el grupo proponente, como Unidas Podemos y ERC elevan
esta ley entre todas las cuestiones que se quedaron sin legislar. Tras ser
tomada en consideración en septiembre de 2020 se pasó el resto de legislatura
a la espera de que la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y
Unidas Podemos, finalizara el plazo para poder registrar
enmiendas.
La propuesta no gustaba ni al Ministerio ni tampoco al PP. Lo máximo alcanzado en este sentido fue una prohibición para contratar y para acceder a fondos públicos de empresas que incumplieran el plazo legal, una disposición incluida en la Ley Crea y Crece. Curiosamente, la última sesión de la Comisión sirvió para introducir una enmienda a la Autoridad del Cliente Financiero y flexibilizar esta prohibición, incluso de forma retroactiva. Una enmienda presentada a última hora y que levantó dudas sobre su constitucionalidad.
En todo caso, la medida no entró en vigor, al caer la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero por la disolución anticipada de las Cortes cuando se tramitaba en el Senado. “Una pena, tras el enorme esfuerzo negociador de todos y el consenso al que llegamos”, se lamenta María Muñoz (Cs) sobre una ley que creaba un mecanismo extrajudicial de conflictos en el sector financiero.
Y, a esta ley le acompañaban, entre otras medidas, otra reforma introducida vía enmienda por PSOE y Unidas Podemos de la Ley de Competencia –propuestas planteadas en enmiendas a la trasposición atascada se recuperaron entonces, para solivianto de la oposición–. También naufragaron con ellas medidas que facilitaban el acceso a las cuentas de pago básicas a personas en riesgo de exclusión, pactadas con ERC, como recuerda Joan Capdevila.
Idoia
Sagastizabal se acuerda de otra enmienda no aprobada que ni era de su Comisión
ni tan siquiera se tramitó en el Congreso: “Me hubiera
gustado que se hubiera regulado el derecho al olvido
oncológico”, apunta, antes de recordar que iba a ser tramitado
vía enmienda en el Senado, dentro de la Ley de servicios de atención a la
clientela, cuando la convocatoria anticipada de elecciones fulminó toda
iniciativa no aprobada.
Preguntada por qué espera o que le gustaría de la Comisión en la próxima legislatura, la diputada del PNV no se refiere a ninguna norma, sino que da la que probablemente sea la clave del éxito en este grupo de trabajo. “Que impere el respeto y que las relaciones personales sean lo más correctas posible. Esto facilita muchas veces el desatascar problemas y llegar a entendimientos”.
