Tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Nacional celebrada el pasado lunes, el Partido Popular, reitera que quiere que los cargos socialistas digan expresamente si están a favor de la tramitación de la ley de amnistía y la igualdad de los españoles
· Y para ello envía los textos
de las dos mociones para que sean ya tramitadas en ayuntamientos, parlamentos,
diputaciones y cabildos
· Considera que los
hechos jurídicos son los mismos que en 2021 llevaron a Sánchez a rechazar la
amnistía “pero que han cambiado sus circunstancias políticas”
· Defiende que lo
que es de todos se debe decidir entre todos 14 de septiembre de 2023.- El PP ha
trasladado ya las dos mociones que quiere que se debatan en ayuntamientos,
parlamentos, diputaciones y cabildos para que los cargos socialistas se
retraten en las instituciones y digan explícitamente si están a favor o en
contra de la tramitación de la amnistía y de la igualdad de los españoles.
En concreto,
respecto a la moción contra la ley de amnistía, el texto del Partido Popular
distingue entre la que se aprobó en 1977 “que era una demanda social y una
necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la
dictadura” franquista y la que el Gobierno pretende sacar adelante en las
próximas semanas, “que atenta contra algunos principios básicos del Estado de
derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad
jurídica”.
PRECIO POR LA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
En este sentido, además, la moción recuerda que ya esta cuestión se planteó en 2021 en el Congreso y los letrados emitieron un “informe contundente”, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez así como buena parte de sus ministros que tienen formación jurídica—Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo—se pronunciaron en favor de la inconstitucionalidad de una posible amnistía. “Los hechos jurídicos siguen igual pero han cambiado las circunstancias políticas”, señala el texto que apunta a que Sánchez “en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley.
“El precio de la presidencia
sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de
derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a
cabo”. “En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante
decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del
Gobierno está causando una profunda conmoción social”, señala el texto.
LO QUE ES DE TODOS
SE DEBE DECIDIR ENTRE TODOS
Respecto a la
segunda de las mociones, el PP recuerda que el artículo 14 de la Constitución
establece que los españoles son iguales antes la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna, independientemente de donde vivan, “un principio que
viene complementado con el de la solidaridad”, tal y como se recoge en el
artículo 138 de la Carta Magna.
La moción del PP
recuerda que nuestro proceso autonómico ha ido convergiendo en unos niveles de
autogobierno que ha hecho de España “un modelo de descentralización”, avalado
durante décadas por el Tribunal Constitucional, “garante de que la legislación
y, de modo singular, los estatutos de autonomía, se enmarcasen siempre de
acuerdo con las previsiones” de la Carta Magna. “Todo este bagaje se ve
amenazado hoy por los proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad
entre los españoles, así como por propuestas de mutación constitucional que
promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y
ciudadanos. Una desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los
españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas.
Hoy, en España, la
igualdad está más amenazada que nunca”. El PP considera que actualmente nos encontramos
ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical
pretende imponer la ruptura de la igualdad de los españoles. “Lo que es de
todos se debe decidir entre todos”, sostiene la iniciativa del PP “y no se
puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas
minorías por influyentes que puedan resultar beneficiarse de una coyuntura
parlamentaria determinada.
