"Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias.
El texto del acuerdo alcanzado contiene
explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de
investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de
situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su
caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones
legislativas.
"Ello
podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los
procedimientos y decisiones judiciales con evidente
intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que
así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.
Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna
desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El
Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones
políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el
riesgo que se apunta."
