Afirman en su web que “Independencia, neutralidad e imparcialidad son
las notas predominantes de nuestro ideario, y no son precisamente
características conservadoras o retrogradas, sino distintivos básicos para el
buen hacer de impartir Justicia, a la que estamos encomendados al exclusivo
servicio de los ciudadanos. Y en la lucha para la salvaguarda y reconocimiento
de esos valores, ha estado, está y estará siempre la Asociación Profesional de
la Magistratura”
Añaden que “ defendemos a ultranza el concepto de Juez jurídicamente
técnico, imparcial, políticamente neutral, económicamente suficiente, y
servidor público por su condición de miembro de uno de los tres Poderes del
Estado, el Poder Judicial. Y es bajo estos postulados que nos pronunciamos y
nos definimos públicamente como jueces comprometidos. Porque el compromiso y la
Independencia no son incompatibles. Comprometidos con la Constitución, con la
legalidad del ordenamiento jurídico y con los ciudadanos, a los que nos debemos
con vocación de servicio.”
Me hago eco del comunicado que ha difundido la APM el día de ayer, al que
otorgó gran valor, por provenir de un colectivo tan relevante y conocedor del
Derecho y de su aplicación.
Dice así:
"La Asociación Profesional de la Magistratura
nació con el firme compromiso de velar por la independencia y el prestigio del
Poder Judicial, por la defensa de los principios reconocidos en nuestra
Constitución y, en definitiva, para preservar el Estado de Derecho, con pleno
respeto a la separación de poderes y al imperio de la ley.
Llevamos mucho
tiempo alertando sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de
Derecho. Asistimos a una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional
y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el
respeto a la separación de poderes. Escuchamos demasiadas voces de nuestros
representantes políticos que cuestionan el sometimiento de todos, poderes
públicos y ciudadanos, a la Constitución y a la ley.
Se pretende
ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra
democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires
el Estado de Derecho.
En los próximos
días se presentará una iniciativa legislativa con el fin de conceder la
amnistía a aquellos que participaron en los graves acontecimientos acaecidos en
Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, hechos constitutivos de delitos graves,
que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de
todos, de los catalanes y del resto de españoles.
No vamos a
pronunciarnos sobre el hecho de que esta norma legal se esté pactando por el
partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos;
no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores
políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos.
Una norma
legal, cualquiera que sea la denominación que se le dé, que exonere a unos
pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por
enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como
parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente es inaceptable e
inasumible en una democracia plena.
Una ley de
amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se
pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se
fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el
Estado de Derecho.
Una ley de
amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las
leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo.
Deslegitima el
Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron
los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente
y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Quiebra un
principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes.
Y vulnera el
principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de
responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la
supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el
mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con
la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien
malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad.
En definitiva,
la ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio,
atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Desde la
Asociación Profesional de la Magistratura expresamos nuestro más firme rechazo
a una futura ley de amnistía que tiene un claro objetivo, -más allá de la
oportunidad de tener los votos necesarios para una investidura-, anular al
Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la
arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la
clase política".
