Participé hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados que dio luz verde a la creación de un total de 31 comisiones permanentes para esta XV Legislatura. En concreto, ha acordado una reforma de su Reglamento para aprobar la constitución de 23 comisiones permanentes legislativas, en una estructura adaptada a la del nuevo Gobierno. Asimismo ha aprobado la creación otras ocho comisiones: cinco permanentes no legislativas y tres comisiones mixtas Congreso-Senado.
En primer lugar, el Pleno ha debatido la toma en consideración de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para modificar el artículo 46.1, donde se enumeran las comisiones permanentes legislativas. La proposición está suscrita por los Grupos Popular, Socialista y Plurinacional SUMAR, y adapta las comisiones a la nueva estructura ministerial. Esta reforma reglamentaria se ejecuta al inicio de la legislativa, una vez ha sido configurado el nuevo Gobierno.
La iniciativa ha sido tomada en consideración y el Pleno también ha acordado aplicar el procedimiento de tramitación directa y en lectura única. A continuación se ha abierto un plazo de presentación de enmiendas durante una hora y se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Vox, que ha quedado rechazada.
Seguidamente, la proposición de reforma se ha sometido a debate y votación, quedando aprobada por 311 votos a favor y 33 en contra, alcanzando la mayoría absoluta necesaria de acuerdo con la Disposición Final segunda del propio Reglamento. Una vez aprobada, está lista para su entrada en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Comisiones permanentes no legislativas
Además, el Pleno del martes también ha debatido de forma acumulada y aprobado ocho solicitudes de creación de comisiones permanentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento. Todas las solicitudes partes de los Grupos Popular, Socialista y Plurinacional SUMAR.
En concreto, se trata de las Comisiones permanentes no legislativas de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo; de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género: para las Políticas Integrales de la Discapacidad; para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales; y de Seguridad Vial.
